a) Por más que un exhimio helenista trace la historia de la 
democracia «de Grecia a nuestros días», como si a este respecto 
existiera una continuidad no quebrada, lo cierto es que, por el
contrario, una consideración cuidadosa pone en evidencia la 
esencial ruptura que separa el pensamiento moderno —en senti-
do axiológico, que no cronológico— del clásico. También en este 
punto. El gran liberal francés Raymond Aron lo ha divisado con 
agudeza al observar que los regímenes no se habían hecho tota-
litarios «por una especie de entrenamiento progresivo», «sino a 
partir de una intención, un propósito original, la voluntad de 
transformar fundamentalmente el orden existente en función de 
una ideología» (15). Luego volveremos sobre esta afirmación que, 
quizá sin que su autor lo atisbase en toda su hondura, abre la 
explicación a lo que Leo Talmon, profesor de la Universidad 
hebrea de Jerusalén, tras la estela de escuelas y personalidades 
variadas a lo largo de los dos últimos siglos, designara provoca-
tivamente como la «democracia totalitaria» (16). Más ampliamen-
te, como quiera que sea, creo que podría decirse cabalmente que 
lo propio de los tiempos modernos radica en algo que no cono-
cieron bajo aspecto alguno los antiguos: el intento de determinar 
el sentido concreto de la vida humana de acuerdo a ideologías. 
Divisemos ahora algunas de las coordenadas de esta ideología 
política de la modernidad que tiene por una de sus bases al cons-
titucionalismo. 

b) Empezando por la democracia. La voz democracia, como 
tantas otras realidades políticas, ha sufrido la incidencia de ese 
lenguaje político nuevo introducido desde la modernidad. Por lo 
mismo, no significa ya generalmente en nuestros días una orga-
nización política que asegura el derecho de los ciudadanos a par-
ticipar en la vida pública y en el ejercicio del poder, sino que se 
halla transmutada en una weltanchauung, una concepción del 
mundo que atribuye a la voluntad humana, como «voluntad 
general», el carácter de fuente primera y única del orden social,y también el origen independiente y autónomo —frente a cual-
quier legislación divina natural o revelada— de todo valor y 
norma ética. 
Inherente a esta filosofía, en puridad ideología, es, por lo 
mismo —ha observado el profesor Canals—interpretar la demo-
cracia como un «absoluto», y el ejercicio de la misma como algo 
en que la humanidad realiza prácticamente el rechazo de toda 
norma trascendente a lo humano: «El presupuesto de la vigencia 
de una norma trascendente a la voluntad humana, y reconocida 
como ley natural o verdad revelada, a que se refería Pío XII como 
carácter esencial de una sana democracia, será siempre rechaza-
do desde una filosofía liberal, como una imposición que violen-
tada el libre juego de las fuerzas sociales. La democracia liberal 
invocará en la práctica la realidad pluralista de la sociedad con-
temporánea, y vendrá a sostener que para una sociedad moder-
na sólo el criterio de la voluntad mayoritaria expresada a través 
de la representación democrática, podrá ser tomada como un cri-
terio válido, cuya vigencia pueda asegurar la convivencia y uni-
dad del cuerpo social. Pero el principio filosófico desde el que se 
invoca así, por una parte, el pluralismo, y, por otra, la voluntad 
general expresada como voluntad mayoritaria, contiene la afir-
mación absoluta de que es la voluntad humana colectiva la 
norma incondidonada, y que rechaza por lo mismo reconocer la 
vigencia de una norma trascendente de origen divino. De aquí la 
insalvable contradicdón entre la filosofía del liberalismo y la 
“constitudón cristiana de los Estados”» (17),
c) Esa filosofía del liberalismo, o mejor, esa ideología libe-
ral, que acabamos de examinar en su virtualidad democrática, ysin que proceda en este papel elucidar sus relaciones (18), es la 
que preside los grandes desarrollos juiídico-políticos de nuestro 
mundo. 
A comenzar por el Estado, por el Estado moderno si se pre-
fiere (19), pues no es la comunidad política dimanación de la 
sociabilidad natural del hombre, sino el ente artificial nacido con-
tractualmente de la disociación y que coherentemente se reserva 
la recreación de la sociedad. Se ha podido afirmar, así, que el 
naturalismo político es la negación de la política, ya que intenta 
remediar la anarquía del hipotético estado de naturaleza con el 
totalitarismo del Estado moderno, que es «anárquico-, como per-
sona civitatis, porque pretende ser el último y el único punto de 
referencia incluso para la determinación del bien y del mal; y al 
mismo tiempo «despótico», porque, al ser el unificador de una 
multitud, cree ser el Absoluto del que todo depende (20).

d) Siguiendo por el llamado Estado de derecho. Pues si la 
tradición anglosajona del Rule ofLaw venía a significar, antes lo 
veíamos, una sumisión del poder al derecho —entendido como 
un depósito, el Common Law, de alguna manera situado por 
encima de todo racionalismo y voluntarismo políticos—, en cam-
bio, en la versión a la postre dominante del Rechtsstaat germáni-
co, trasplantada sin dificultad al mundo latino, queda reducido a 
una mera autolimitación. Así pues, si el Estado está limitado por 
la ley, pero no hay ley que no pueda ser modificada siempre que 
se observen las formalidades prevenidas en la constitución, no 
salimos del positivismo jurídico en el que la ley lejos de insertar-
se en un orden racional, es puro mandato del soberano acompa-
ñado del poder para imponerse efectivamente.. 
Es cierto que tal versión del Estado de derecho ha sufrido en 
 
los últimos tiempos alteraciones no despreciables en algunos de sus presupuestos, por obra, precisamente, y paradójicamente, de 
haberse apurado, por un lado, las premisas filosóficas que alum-
braron su versión moderna, al tiempo que, por el otro, se extraían 
también todas las consecuencias técnicas implicadas en el mode-
lo «puro» kelseniano. Esto es, el presente dépeiissement de la íoi, 
que ya vislumbró Georges Burdeau (21), según el epocal 
signo postmoderno, viene ligado a la disolución de la ley moder-
na en su versión fuerte y a su sustitución por derivados «débi-
les» (22). El fenómeno de la «constitucionalización», no sólo del 
derecho público, sino también del privado, y el correlativo trán-
sito de un derecho «legislado» a otro «principial», no bastan para 
ocultar un proceso intelectual —y operativo— en el que la pér-
dida de mira del bien común convierte la ley en una regla técni-
ca imperante en virtud de un puro mandato del legislador, detrás 
del que no es difícil percibir los intereses particulares, por tanto 
crecientemente menos soportable, por lo que estalla la desobe-
diencia (23).
e) El Estado moderno, pues, en cualquiera de su versiones, 
incluido el Estado de derecho, no es auténtica solución a la cues-
tión política, como prueba el hecho de que entre el individuo y 
el gobierno, a pesar o a causa del «contrato», perdura una con-
traposición que la teoría política dominante sólo es capaz de 
.superar recurriendo a la eliminación de una de las partes, tal y 
como se ve obligado a hacer Rousseau para que, en la cuadratu-
ra del círculo político, el poder sea libertad. Pero ese mero hecho 
de suprimir una de las partes de la relación política pone a las 
claras el artificio del naturalismo político, al tiempo que revela su 
absurdo: un absurdo que es a la vez impotencia cuando se pide 
al Estado que afronte cuestiones —como el terrorismo o la disgregación social— que surgen del mismo humus ideológico en 
que se basa el Estado (24).

) Todo ordenamiento jurídico, para serlo en verdad, debe 
fundarse sobre el orden metafísico, pues nace para ordenar, esto 
es, como ha observado finamente el profesor Danilo Castellano, 
por la necesidad de instaurar el orden. Y no un orden cualquie-
ra, sino el que conviene a la naturaleza del hombre en cuanto 
que hombre. Esto puede predicarse también de los ordenamien-
tos jurídicos modernos —ideológicos o, lo que es lo mismo, pri-
vados de una fundamentación filosófica—, que a su modo testi-
monian la fe en un conjunto de «valores» o de «pseudo-valores», 
reconocidos como tales por los ciudadanos de una sociedad. 
Reconocimiento —no lo olvidemos— que, sobre todo en los 
ordenamientos que hemos llamado ideológicos, puesto que en 
los otros opera como fuente perenne la «naturaleza de las cosas», 
deriva a menudo del hecho de que los ciudadanos son «edu-
cados» para considerar tal ordenamiento como necesario y 
 
bueno (25).