El complejísimo sistema de financiación autonómica, combinado con la falta de control de las cuentas de las autonomías, genera una situación que carece de cualquier racionalidad. El gasto por habitante de las distintas comunidades presenta unas disparidades enormes, que además no guardan ninguna relación con la renta de las comunidades, así que cabe deducir que no están funcionando los mecanismos de redistribución de riqueza que en teoría deberían imperar.
Los cupos vasco y navarro constituyen un auténtico expolio para el resto de regiones españolas. Quienes pagan impuestos no son las regiones, sino las personas; en consecuencia, es natural que en un sistema fiscalmente progresivo como el español, se produzca una transferencia neta de renta de las regiones más ricas a las más pobres. Pero en el caso de Navarra y el País Vasco, la transferencia se produce en sentido inverso: son las regiones más pobres las que financian a dos de las regiones más ricas.
La disparidad presupuestaria y de financiación hace que la inversión en Sanidad y Educación presente llamativas diferencias entre unas comunidades y otras. El estado autonómico, en su forma presente, se ha convertido en una fuente de desigualdad entre los españoles, que reciben servicios que están más o menos dotados presupuestariamente según la región en la que vivan.
Al menos el 45% del gasto autonómico no está relacionado con la Sanidad, ni con la Educación, lo que indica que existe margen suficiente para reducir los presupuestos autonómicos sin tocar esos dos pilares del estado del bienestar.
El análisis del gasto por habitante en Sanidad y Educación sugiere que también en esas áreas sería posible conseguir enormes ahorros sin afectar a la calidad de los servicios sanitarios y educativos que se prestan. En muchas autonomías, el gasto en estos dos capítulos es a todas luces desproporcionado si lo comparamos, por ejemplo, con el de la Comunidad de Madrid. Si todas las comunidades consiguieran prestar un servicio de la misma calidad que el de esta comunidad al mismo coste que en la Comunidad de Madrid, el ahorro total en la factura de la Sanidad y la Educación sería de 12.000 millones de euros.
Sólo en personal, las autonomías gastan 53.000 millones de euros anuales. Por hacernos una idea, con ese dinero daría para cubrir 10 veces los costes salariales y de seguridad social de los aproximadamente 100.000 médicos que existen en la Sanidad pública. La plantilla de empleados públicos está claramente sobredimensionada, especialmente en algunas comunidades.
Un área en la que el posible ahorro resulta evidente son las políticas activas de empleo, en las que se dilapidan 5.500 millones de euros anuales. Esas políticas no solo no crean empleo, sino que parecen ser completamente contraproducentes: a mayor gasto en fomento del empleo, mayor es la tasa de paro.
 La deuda autonómica está creciendo sin ningún tipo de control, lastrando las propias cuentas de las comunidades autónomas y comprometiendo los objetivos a los que España se ha comprometido. De nada sirve que el Estado reduzca sus gastos si eso no va acompañado de un recorte radical en el tamaño del estado autonómico.

 
http://www.libremercado.com/2012-09-09/comparaciones-odiosas-entre-autonomias-1276467867/