“Un camello es un caballo diseñado por una comisión”

De La Transición de cristal. Hoy se podrían decir cosas más graves, pero viene bien señalar unos fallos de origen que en vez de corregirse se fueron ampliando. No existe ningún partido constitucionalista, porque todos han socavada insistentemente, desde entonces, la unidad nacional que la Constitución proclama un tanto ambiguamente. Queda clara, asimismo, la falta de principios sólidos en la UCD (para Suárez todo era negociable). Ausencia cuyo origen está en la Concilio Vaticano II, como explico también en el libro. Propiamente la Transición (o más bien la segunda fase de la misma, pues la primera culminó en el referéndum de 1976, cuya decisión fue a continuación desvirtuada) fue realizada básicamente por los falangistas del Movimiento como mano de obra y bajo dirección ideológica democristiana. Algunos de estos  creían innecesario un partido nacional (español) en Cataluña y Vascongadas porque los nacionalistas allí eran precisamente democristianos.

Capítulo XVI

UNA CONSTITUCIÓN DEFECTUOSA

La gestación constitucional resultó, pues, poco democrática, pero sólo chocó con la indignación de AP, resuelta con la escisión del partido. El punto más escabroso, pero no el único, fue el de las autonomías, concre­tado en el Título VIII, y la inclusión del término «nacionalidades». Según Herrero de Miñón, uno de los ponentes con mayor influencia, «Comunis­tas y, más aún, socialistas, pretendían elaborar una completa nueva planta constitucional en la cual la Jefatura del Estado perdiera sus connotaciones históricas; la parte dogmática supusiera una transformación, cuanto más radical mejor, de la sociedad y la economía; y las autonomías correspon­dieran al principio del federalismo»; en cambio, interpretaba la postura de AP como un plan de «reformas parciales de las Leyes fundamentales franquistas y adición de otras nuevas», y afirma que UCD acertó «con un término medio: cambiar el Estado, y permitir el cambio social sin cambiar de sociedad ni de Estado». El aserto revela un optimismo algo excesivo.

El Título VIII, referido a la organización territorial y en particular a las autonomías, resulta contradictorio, pues pretende, por una parte, esta­blecer las competencias de las autonomías y del Estado central y, por otra parte, vacía estas últimas al advertir que las autonomías podrán extender sus competencias (obviamente, a costa de las nacionales), y el Estado podrá delegar las suyas (artículo 150.2), bajo condiciones interpretables. Suárez hizo esta concesión un tanto sorprendente para conseguir que el PNV apo­yase no lo logró, y a pesar de ello, el artículo no fue retirado. Pese a un afán ordenancista impropio de una Constitución, y a cautelas retóricas, las autonomías, en lugar de delimitarse, quedaron abiertas a una progresión indefinida, a interpretaciones y hasta al hecho consumado, como llegaría a ocurrir.

Los partidos abordaron la cuestión, dice Herrero, desde tres enfoques distintos: a) Los nacionalistas pretendían un reconocimiento nacional para Cataluña, apoyados por socialistas y comunistas, mientras que los nacionalistas vascos hablaban de «soberanía originaria»; b) los socialistas y comunistas defendían incluso el «derecho de autodeterminación», es decir, la posible secesión; y c) la UCD, y en parte AP, pensaban en una «regionali­zación del Estado», de inspiración orteguiana.

Las aspiraciones de los separatistas catalanes y vascos no precisan glosa. Algo más la coincidencia de socialistas y comunistas con ellos. Esa coinci­dencia era una tradición en el PCE, no así en el PSOE, antes propenso a un centralismo incluso jacobino. El PCE, aunque centralista de hecho, siempre incluía en su programa la autodeterminación de las nacionalidades según el modelo leninista extraído de la experiencia de los imperios ruso y aus­trohúngaro, inaplicable a España. El PSOE de González y Guerra asumió así esa postura leninista, por mostrarse radical, por su visión negativa de España y por su antifranquismo, ya que el Régimen anterior había defen­dido la unidad nacional.

Menos esperable era la repentina inclinación autonomista de la dere­cha, entusiasta en casos como el de Herrero. En buena medida venía de la influencia orteguiana sobre la Falange, en este caso lo que Ortega había llamado «la redención de las provincias». Según Ortega, España era un «enjambre de pueblos» y nunca se había «vertebrado» como era debido, estatal y socialmente. El filósofo representaba un nacionalismo español «regeneracionista», muy similar a los nacionalismos catalán y vasco por cuanto negaban como nefasta la historia anterior y pensaban tener la receta casi mágica para redimir a los pueblos y elevarlos a la gloria.

Los análisis histórico-políticos de Ortega no cuentan entre sus mejores ideas. Solían ser rebuscados y crear falsos problemas. «Ocurrencias», los lla­maba Azaña que, no obstante, se parecía mucho a él en su adanismo hacia España y su historia. Ocurrencias a veces disparatadas, pero expuestas en un lenguaje pomposo que seducía a muchos lectores. La política debía ser «Una imaginación de grandes empresas en que todos los españoles se sien­tan con un quehacer», señaló el 30 de julio de 1931 ante las Cortes. Azaña,  a su turno, propugnaba en Barcelona, el 27 de marzo de 1930, «un Estado dentro del cual podamos vivir todos», como si en España nunca hubieran vivido todos, mejor o peor. Viendo el pronto desenlace de las «grandes em­presas» orteguianas y de ese «Estado» tan especial de Azaña, cabe ponderar la peligrosidad de las grandes frases vacías, a medias exaltadas y frívolas. Una ocurrencia de Ortega propugnaba articular España «en nueve o diez grandes comarcas» autónomas, para las cuales «la amplitud en la concesión de self government debe ser extrema, hasta el punto de que resulte más breve enumerar lo que se retiene para la nación que lo que se entrega a la región». Así esperaba contentar, más o menos, a los nacionalistas vascos y catalanes, y salvaguardar el principio de la soberanía nacional. Su discípulo Julián Marías observaría, en 1978, lo inútil y riesgoso de querer contentar a quienes no se van a contentar.

Yacía bajo todo ello un serio temor a los separatismos vasco y catalán, pese a no haber supuesto ningún peligro ni amenaza desde hacía cuarenta años. La razón no confesada de ese generalizado descrédito de todo centra­lismo provenía ante todo de la ETA y de su posible contagio a Cataluña, Ga­licia y Canarias, de momento. Ya vimos que la ETA era el único movimiento separatista surgido con algún impulso durante el franquismo, ya muy al final de este y, por las razones expuestas, había adquirido una excepcional relevancia política. No debe olvidarse que el terrorismo ha ejercido una profunda influencia corrosiva y corruptora en España, más que en cual­quier otro país europeo, ya desde el pistolerismo ácrata de la Restauración, a cuyo derrumbe contribuyó decisivamente. Influencia debida siempre a la misma causa: la explotación política de los asesinatos por otros partidos teóricamente moderados.

De los tres enfoques autonomistas terminaría imponiéndose el de la de­recha muy hibridado con el de los separatistas, con un autonomismo fun­cionalmente similar al federalismo, pero sin delimitación clara. El ministro adjunto para la Regiones, Clavero Arévalo, propugnó la generalización de las autonomías, creyéndola un modo de disolver los separatismos, mientras que Herrero insistía en unos «derechos históricos», «singularidades histó­ricas» de Cataluña y Vascongadas, que no autorizaban la homogeneidad autonómica. Herrero asimilaba la situación española a la de Gran Bretaña -un verdadero dislate histórico- y llegó a declarar: «La Constitución puede pasar. Ni España, ni Cataluña ni Euskadi pasarán». Igualaba así las tres entidades y recogía el término inventado por Sabino Arana para incluir Navarra y los departamentos vascofranceses. Quizá influyera en tales actitu­des el hecho de estar casado con una señora próxima a dirigentes sabinianos. Suárez, más reticente a las tesis del PNV, pensaba que UCCD y PSOE harían la política real en las Vascongadas ante un radicalismo separatista al borde de la ilegalidad.

Probablemente el enfoque más razonable fuera el del nacionalista catalán Roca Junyent en un momento en que, ante las dificultades y diferencias, propuso la reducción del texto a unos principios genéricos a desarrollar lue­go, y la restauración del estatuto de 1932. Pero ello no ocurriría.

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Una breve digresión histórica ayudará a percibir la sustancia del proble­ma. La invasión napoleónica de 1808 impuso la necesidad de modernizar el Estado con un carácter democratizante y contra las trabas feudales de siglos anteriores (comunes a casi toda Europa). Representó la moderniza­ción la liberal Constitución de 1812, con un nacionalismo condensado en la soberanía española, «que no puede ser patrimonio de ninguna familia o persona». Pero encontró rechazo porque parecía recoger principios de la Revolución francesa, vistos con repugnancia por el grueso de un pue­blo que luchaba precisamente contra los franceses; a lo que se añadía un injustificado fervor popular por un rey que había sido cómplice oculto de Napoleón. Así, el liberalismo pareció a muchos una doctrina foránea, opuesta a la tradición hispana y al catolicismo. Las subsiguientes guerras carlistas se riñeron, por paradoja, entre unos carlistas españolistas, pero an­tinacionalistas (no aceptaban la soberanía nacional, sino la del monarca), y unos liberales nacionalistas, pero tachados de antiespañoles y anticatólicos. La victoria final de los liberales en el último cuarto de siglo motivó en Cataluña y Vascongadas, quizá las regiones más tradicionales y religiosas, una reacción regionalista con tintes secesionistas. Factores como la in­dustrialización de Bilbao y Barcelona, las ideologías racistas y un tardío romanticismo antidemocrático, dieron viento a las velas nacionalistas en Cataluña y Vizcaya. No cobraron impulso, sin embargo, hasta el «desastre» de 1898 frente a USA, causa de profunda desmoralización en toda España.

Los  separatismos vasco y catalán, concomitantes con el pistolerismo anarquista y los mesianismos socialista y republicano, devinieron una des­tructiva plaga para los regímenes de libertades (Restauración y II República), abocando a dictaduras, y en un caso a la guerra civil. Las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco disfrutaron de una casi nula actividad nacio­nalista, salvo la tardía de la ETA. Pero después de la Transición democrática, que no debió nada a los nacionalismos, estos iban a convertirse en el mayor escollo para el asentamiento de la democracia, y no sólo por el terrorismo.

Conviene insistir en la ya mencionada diferencia entre el separatismo catalán y el vasco. El vasco gira en torno a una «raza» vasca superior a la «raza» maketa o española, cuyo contaminante roce debe evitar la prime­ra, por lo que es rotundamente secesionista, aunque maniobrase según las circunstancias. El separatismo catalán da a la raza un peso ligeramente menor y considera que, tras ser antaño Castilla hegemónica en la península, ha­bía llegado el momento de que la hegemonía pasara a Cataluña, debido a su mayor desarrollo económico y presuntamente cultural. El fundador operativo de este nacionalismo, Prat de la Riba, aspiraba a un Estado im­perial desde Lisboa al Ródano, orientado desde Barcelona y expansivo hacia África. Tal idea anacrónica sólo podía conducir a frustraciones, por lo que muchos separatistas oscilaron hacia un imperialismo menor, sobre Valencia y Baleares, englobadas como Països catalans.

Durante la guerra civil, ambos separatismos se habían juntado al Frente Popular, a cuya derrota cooperaron de modo eficaz, aun si involuntario, con sus desavenencias, maniobras secesionistas e intrigas tanto con los fascistas italianos o los nazis como con Londres y París. Tras la victoria franquista, ambos separatismos pervivieron en débiles círculos nostálgicos, ampa­rados por algunos clérigos (debe recordarse el origen clerical y antiliberal de ambos nacionalismos, mantenido en el vasco, no tanto en el catalán, cuyo sector de izquierda se hizo muy anticlerical). Terminada la II Gue­rra Mundial con la derrota nazi, el racismo quedó condenado internacio­nalmente, ambos nacionalismos dejaron de invocarlo abiertamente, y el PNV tomó ropaje democristiano. El franquismo apenas hostigó a aquellos círculos y, al final, les facilitó la reconstrucción como barrera (supuesta) al separatismo terrorista. Y aunque se acusa a la dictadura de perseguir las lenguas regionales, permitió la creación de una Academia Vasca que unificó el vascuence, y de ikastolas para la enseñanza en dicho idioma, e instituciones oficiales convocaban premios literarios para fomentarlo; algo similar ocurrió con el catalán, cuya filología se hizo obligatoria como rama en las facultades correspondientes. También data del franquismo la pri­mera editorial de libros en gallego. Por efecto del pistolerismo, sectores vascos minoritarios, pero nutridos y muy activos, se radicalizaron durante la Transición, aun si la mayoría de la población era moderada, incluso entre los nacionalistas. Lo demostró la pronta adscripción de muchos al PNV, que permitió a este rehacerse bastante pronto. Claro que la moderación del PNV era muy relativa: jus­tificaba el terrorismo, aun si con reservas, y trataba de beneficiarse de él, y pretendía el reconocimiento de la «soberanía originaria» vasca, inventada por Sabino Arana: nunca había existido nada parecido a un Estado vasco, cada provincia tenía su propio fuero, escrito en castellano, que le ligaba al Rey de Castilla: ningún país soberano busca un rey autoritario foráneo –los vascos, claro está, no se consideraban foráneos a España- y pacta en un idioma igualmente «foráneo».

Según Herrero, la «soberanía originaria», eufemizada en la Constitu­ción como «derechos históricos», no pasaba de retórica: para el PNV todo se reducía al reconocimiento de «la identidad vasca como cuerpo sepa­rado dentro del Estado, sin negar en absoluto que este ejerciera cuantas competencias fueran necesarias A esto se reducía el dogma de la soberanía originaria». La creencia de Herrero suena tan ingenua como suponer sin valor práctico el término nacionalidades: la «soberanía originaria» entra­ñaba, para empezar, una idea confederal o separatista y el privilegio de los «conciertos económicos» que fragmentaban la economía española.

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La inclusión del término «nacionalidades» ocasionó polémica en la po­nencia constitucional, y estuvo a punto de ser retirada. Ante la oposición de AP y algunos de UCD, Herrero propuso emplear los términos históricos, pero desfasados, de Principado y Reinos (Cataluña y Vascongadas nun­ca habían sido reinos, se habían integrado en otros reinos y a través de ellos en España, según las instituciones medievales). Pero triunfó final­mente la palabra «nacionalidades», y el artículo 2º reza: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la auto­nomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Muchos observaron la contradicción entre «la indisoluble nación españo­la» y las nacionalidades. Se habló de estas por evitar el término más rotundo de naciones, pero significan, o pueden fácilmente hacerse significar, lo mismo. Según la doctrina democrática, en la nación reside la soberanía, una vez derrocado el Antiguo Régimen, donde la soberanía nacional se personificaba en la voluntad del monarca. Así lo expresa el nacionalismo, doctrina en principio democrática que surge con gran posterioridad a la existencia de naciones, en rigor se extiende por Europa y América desde el siglo xix, y por gran parte del mundo en el xx. A su vez, los nacionalismos son capaces de crear nuevas naciones, como ha sido el caso en muchos lugares de Europa o América. Salvo Portugal, por los avatares de la Re­conquista, ninguna región hispana se convirtió en nación, como sí lo hizo España desde los reyes godos Leovigildo y Recaredo.

Los nacionalismos regionales en España podrían crear nuevas naciones si las condiciones les favorecieran. Por definición, un nacionalismo tiende a la constitución de un Estado propio y mientras no lo consigue se con­sidera oprimido, por lo cual es naturalmente secesionista, aunque haya en ello distintos grados. Así, el término nacionalidades en la Constitución crea las bases para anular la soberanía nacional española, pese a que las autonomías, retóricamente, debían funcionar «sin mengua de la unidad de España». Paradójico retroceso con respecto a la Constitución republicana de 1931, que no admitía tales nacionalidades ni ambigüedades sobre las competencias.

No todos en UCD, menos aún en AP, admitían tales nacionalidades, pero Herrero votó por ellas con los ponentes comunista y nacionalista, contra sus dos compañeros de partido. «El escándalo fue mayúsculo, pero se enterró inmediatamente en el olvido debido, supongo a su feliz desenlace», escribe Herrero. Quedaban así empatados, por la ausencia de Peces-Barba, los par­tidarios y contrarios al término. Para imponerse, los partidarios del mismo (Herrero, Roca y Solé) amenazaron con abandonar la ponencia, con lo que esta se reduciría a AP y parte de UCD: la presión o chantaje fue irresistible. Herrero afirma con desparpajo que ganaba así «la pluralidad de las Españas, en sentido orteguiano»; y, triunfante, invitó a comer a Cisneros y a Solé Tura: «Guardo el menú con los comentarios de los comensales a mi pregun­ta: ¿Podrán las nacionalidades llegar a ser fragmentos de Estado? Almorzamos huevos escalfados con salmón, pularda a la pimienta verde y arroz pilaw y ensalada, sorbete de fresas y café»2.

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La cuestión de las atribuciones del Rey tenía cierta relación con el pro­blema anterior. Juan Carlos había usado el poder heredado de Franco para impulsar la Transición de Suárez, que no sólo desmantelaba el Régimen anterior, cosa seguramente inevitable, sino que tendía oscuramente a la deslegitimación del mismo, al contrario de la reforma de Torcuato (la re­pentina fiebre antifranquista en sectores de UCD llevó a alguno de sus pró­ceres a pedir la supresión del nombre «las Cortes», por considerarlo propio del Régimen anterior). Con lo que, nueva contradicción, quedaba cues­tionada implícitamente la legitimidad del propio monarca.

Todos aceptaban al Rey en una posición honorífica y simbólica, pero a la hora de concretar sus atribuciones surgían las diferencias. En algunos países, como Suecia o Japón, la monarquía se limita a un plano ceremonial, mientras que en Gran Bretaña o Noruega tiene ciertas competencias mo­deradoras o arbitrales. Los constituyentes españoles tendían a limitar todo lo posible el papel regio, y en ello estaban de acuerdo socialistas, comunistas y AP, los primeros por su republicanismo subyacente, la última por experien­cias poco amenas con Juan Carlos. No obstante, López Rodó deseaba una monarquía con bastante poder, quizá porque Franco la había pensado así. Suárez, por su parte, incómodo con la tutela regia, quería dejar al monarca las menores competencias posibles, aunque la UCD, en general y Herrero en particular, preferían concederle un poder arbitral y dar el mayor relieve a su figura.

También los separatistas querían dar relevancia a la figura real. La ra­zón consistía en la ficción de un «pacto con la Corona» por parte de las respectivas «nacionalidades»; idea feudal y aun así ahistórica, pero útil a sus aspiraciones, ya que en una democracia el lazo monárquico se vuelve necesariamente muy tenue, al carecer el trono de un poder remotamente comparable al de épocas antiguas. En esa onda, Herrero propuso la susti­tución de «Estado español, de claras resonancias autoritarias y baja calidad estética, por la de monarquía Española». Propuesta anacrónica, máxime cuando las «resonancias autoritarias» achacadas al Estado español en ge­neral, carecen de base: ese estado trajo al país los regímenes de libertades, que sus enemigos echaron abajo. AP, los comunistas y los socialistas, por distintas razones, anularon la propuesta. Al fin, quizá por oponerse a Fraga, el PCE y el PSOE aceptaron otorgar al Rey un poder arbitral, si bien inconcreto: El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad his­tórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Atribuciones que, salvo la faceta ceremonial, quedaban en la práctica supeditadas al partido político en el poder. Su título de Jefe supremo de las Fuerzas Armadas carecía de efectividad práctica, pero sería decisiva en ocasión de la célebre intentona golpista del 23-F.

La parte dogmática, es decir, las declaraciones de principios de la Cons­titución, sufren de un exceso de detalle y ordenancismo, y resultan un tanto contradictorias y farragosas. Llegan a especificar que los poderes pú­blicos se preocuparán «en particular de la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía (…) con un tratamiento especial a las zonas de montaña», con el fin, asegura «de equiparar el nivel de vida de todos los españoles». Recuerda algo, si bien con más retórica, al Fuero del Trabajo. Establece tam­bién el «derecho a la vida» (la vida es anterior al derecho y fundamento de este), en lugar del derecho al respeto y mantenimiento de la vida humana; pero, como el comienzo de esta no queda definido, abre el camino al aborto masivo.

En la misma onda afirma, por una parte, «Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado», si bien el Estado «puede intervenir por exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación». El tex­to rezuma intervencionismo socialdemócrata, atribuyendo a los «poderes públicos» el mejor criterio y capacidad de planificación. Así, «promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo». Frases casi sarcásticas cuando se marcha­ba hacia el segundo millón de parados. No faltaban frases rimbombantes: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho a hacerlo», y a recibir «una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». Al declarar los poderes públicos su obligación, en realidad inasumible, de garantizar tales derechos, cabría tildar de inconstitucionales a todos los Gobiernos posteriores. Tampoco se cumpliría la exigencia de un funcionamiento democrático en los partidos.

Abundan las declaraciones supuestamente demostrativas de los buenos sentimientos e intenciones de los gobernantes: «Los poderes públicos ase­guran la protección social, económica y jurídica de la familia», así como  «la adecuada (¿?) utilización del ocio», o «un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona»… Más aún, «Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada». Esto, cuando el paro se hacía masivo. ¿Y qué podría entenderse por «digna y adecuada»? ¿Al nivel de la casa de un ministro, por ejemplo? ¿O tendrían los españoles derecho a ocupar cualquier casa que les pareciese adecuada?… «Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la ju­ventud en el desarrollo político, social, económico y cultural». Aparte de que el adjetivo «social» engloba a todos los demás, ¿por qué la juventud en particular y no el resto de la gente? El Gobierno debe garantizar la actividad política, cultural o económica dentro de la ley, pero «promover­la» significa más bien controlarla y encauzarla según interese al partido en el poder. Un buen despliegue retórico: «Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva». Un tremendo aumento de los incendios forestales acompañaría a tan bienha­blados poderes públicos.

Venía más al caso, en cambio, proclamar la protección al Patrimonio nacional, habida cuenta de los enormes daños que las izquierdas le habían infligido durante la guerra (y que no se recordaban, claro está).

Sin pretensiones de análisis exhaustivo, las consideraciones expuestas bastan, a mi juicio, para asimilar la Constitución al dicho de que un came­llo es un caballo diseñado por una comisión. El texto no pasará ciertamen­te a la historia como un gran monumento jurídico: es en parte irrealizable, ambiguo y con vías de agua en el casco de la unidad nacional y de la de­mocracia. No obstante, tiene virtudes relevantes. Establece la unidad na­cional española, las libertades en general, la libertad de educación (contra las pretensiones del PSOE y del PCE); y al tiempo que elimina la confesio­nalidad del Estado, reconoce el carácter muy mayoritario del catolicismo, superando la vesania de las sangrientas persecuciones izquierdistas. Y es la primera Constitución elaborada con amplia participación de partidos, y no impuesta por el que ostentaba el poder.

Sobre los ponentes de la Constitución, Herrero se atribuye a sí mismo y a Peces-Barba, en menor medida a Roca, el papel principal. A Fraga lo descarta como «desmesurado, que no siempre es sinónimo de grande». Ve a Solé como «un catalanista teñido de rojo», y observa que sus compañeros. Pérez Llorca y Cisneros se ocuparon más de otros negocios políticos que del debate constitucional.

Hace Herrero, además un curioso aserto: todos los ponentes, menos Fraga y Cisneros, procedían de «diversos sectores de oposición democrática ajenos al franquismo», lo que «contribuyó notablemente al recíproco enten­dimiento», quedando todos muy amigos. Desde luego podía presentar a los ponentes socialista, comunista y separatista catalán como (relativamente) ajenos al franquismo; pero los dos primeros profesaban una ideología tota­litaria, aunque las circunstancias les hubieran impedido ponerla en práctica en España. Y los separatistas, impregnados de su vieja ideología de fondo racista y antiliberal, sólo se aprestaban a explotar unas libertades a las que no habían contribuido. En cuanto a Pérez Llorca y el mismo Herrero, podían tener más o menos de demócratas, pero llamarles ajenos al franquismo era exagerar mucho, pues habían hecho sus carreras en las instituciones de la dictadura.

El historiador Manuel Álvarez Tardío ha señalado, con optimismo: «Si la democracia española echó a andar en 1978 con una base harto más sólida que en 1931 fue, sobre todo, porque se aprobó una Constitución que no fue contestada seriamente por ninguno de los principales grupos políticos nacionales, y porque estos hicieron caso omiso de las denuncias de los partidos situados en los extremos, especialmente las de los represen­tantes de las fuerzas antiliberales del independentismo vasco y catalán. Se hicieron entonces unas reglas del juego que dejaron suficiente espacio para que Gobiernos de distinta ideología pudieran llevar a cabo sus políticas sin contravenir la carta magna y sin tener que proponer constantemente su modificación».

Y, en efecto, la Constitución hizo posible la alternancia pacífica en el poder con más amplitud que las constituciones de 1876 y la de 1931. Mas no puede borrarse el hecho de que parte de ella nunca fue cumplida, que la posterior época de Felipe González la socavó de forma importante, y que la de Rodríguez Zapatero la ha echado abajo.

Las deformidades de la Constitución quizá procedan en parte de la pre­caria cultura histórica y jurídica de Suárez, Abril o Guerra, así como del hecho de que ninguno de los partidos intervinientes era muy demócrata, y algunos nada. Contra un prejuicio común, UCD y AP lo eran en mayor medida que la izquierda: por formación, estilo y espíritu, venían de una dictadura, pero también de una tradición más tolerante y liberal.

Cuando Zapatero comenzó su labor de formación de un tercer Frente Popular para destruir el estado de derecho, por tanto ,a democracia y por tanto la Constitución, empezando por rescatar a la ETA y recompensar políticamente sus crímenes y siguiendo por sus leyes tiránicas,  denuncié el hecho y llamé a una defensa de la Constitución que no hizo ni secundó ninguno de los partidos, ya convertidos en mafias. Tiene mucha gracia que a estas alturas se hable de “partidos constitucionalistas. No hay ninguno. Y se ponen ese nombre para evitar hablar de defensa de la nación española. 

   En fin, da grima repetir las cosas a estas alturas… En mi libro  La transición de cristal dediqué dos capítulos al modo como se hizo la Constitución y al análisis de la misma. He aquí el primero:

Así como el año 1976 fue el de las reformas de Fraga y de Fernández-Miranda y el 77 el de la Reforma de Suárez y las primeras elecciones de­mocráticas, el 78 lo sería de la Constitución, en torno a cuya elaboración giraría la actividad política. Para elaborarla se nombró una ponencia de siete personas de diversos partidos; a su vez, una Comisión Constitu­cional parlamentaria examinaría las propuestas de la ponencia antes de que se votara el proyecto definitivo por las Cortes y luego por referéndum, ya en diciembre. En el último tercio de 1977, la ponencia había elaborado un anteproyecto que generó mucha polémica. Los puntos en disputa se referían a la educación y la cuestión religiosa, al significado o alcance del derecho a la vida, al carácter de las autonomías, a la inclusión del término «nacionalidades», y a cuestiones menores. Un sector de la Iglesia criticaba la ausencia de toda mención de la divinidad.

A fines de enero del 78, AP celebró su congreso y afirmó en sus mítines que no votaría la Constitución si esta mantenía el punto de las nacionali­dades y algunos otros. Pronto cuajó en la ponencia una alianza informal, mayoritaria, entre UCD y AP, que pareció solventar problemas como los citados, pero bajo cuerda  «Suárez y Gutiérrez Mellado» optaron por «no dar esa capital batalla». Aquel pacto tácito, al frenar a la izquierda y a los separatistas, disgustó al PSOE hasta el punto de que su ponente, Peces-Barba escenificó una retirada espectacular el 6 de marzo, por discrepar sobre la libertad de enseñanza. Era un movimiento calculado para asustar a la UCD y romper la que llamaba su «mayoría mecánica» con AP, mientras Roca y Solé Tura profetizaban la catástrofe si no se satisfacían sus exigencias. La presión fue efectiva, aunque la ponencia continuó sin Peces-Barba, pues Suárez y Abril Martorell, buscando una imagen «progresista», pasaron a una alianza de hecho con los separatistas y la izquierda. Fraga lamentaba: «Los ponen­tes de UCD siguen haciendo concesiones injustificadas e innecesarias a los nacionalismos, que aprovechan bien el chantaje socialista». Aun así, Fraga pesaba mucho, por ser el más experto en Derecho constitucional: «Suárez me da su versión de la crisis y de sus posiciones constitucionales; dudo que las tenga, para él todo es negociable». El 16 de marzo terminaba la labor de la ponencia admitiendo las nacionalidades, término preñado de peligros, abanderado por el comunista Solé, el nacionalista Roca y el ucedeísta He­rrero de Miñón1.

El proceso seguía en medio de la crisis económica y de un terrorismo rampante. Los atentados peores del trimestre, pero de ningún modo los únicos, fueron, el 15 de enero, el incendio del teatro Scala, de Barcelona, con cuatro muertos; diez días después, el asesinato de Joaquín Viola y su esposa en Barcelona; el 17 de marzo una bomba contra la central nuclear en construcción de Lemóniz, en Vizcaya, con dos obreros muertos y otros heridos, y graves daños materiales; y el 22 de marzo, el asesinato del di­rector general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad. Se produjo asimismo un sospechoso incendio del histórico pazo de Meirás, propiedad de la familia Franco.

El ataque al Scala provino de la reconstituida FAI (Federación Anarquis­ta Ibérica), ligada a la CNT. Pareció volver el viejo pistolerismo ácrata, pero los autores fueron pronto detenidos y la CNT perdió crédito e influencia, al ser trabajadores las víctimas. El matrimonio Viola fue asesinado por el terrorismo separatista catalán del mismo modo que lo había sido Bultó, adhiriéndoles un explosivo al cuerpo; Viola había sido alcalde de Barcelona durante un año largo, hasta diciembre de 1976. La bomba de Lemóniz fue obra de la ETA, que, al revés que la CNT-FAI, no perdió prestigio por haber matado a varios obreros. El asesinato de Haddad lo realizó el GRAPO.

Por lo que respecta a los partidos, la UCD aplazó las elecciones munici­pales por tener todavía poca organización a esos niveles. Y se resentía de los personalismos de los llamados «barones», políticos con poder en las regio­nes o en el aparato, a quienes trataba de meter en vereda Abril Martorell, mano derecha de Suárez. En marzo, Abril sustituía al dimisionario Fuentes Quintana al frente de la economía, y al propio Suárez en las comparecen­cias parlamentarias comprometidas, pues el Presidente, de oratoria poco brillante, prefería los acuerdos personales al margen de las Cortes.

AP sufría problemas aún mayores, por la decepción electoral y la incer­tidumbre sobre la vía a seguir. Unos, sugestionados por el éxito de UCD, querían migrar «al centro», y otros lo consideraban una claudicación. Hubo algún contacto con Torcuato, muy decepcionado de Suárez. Fraga expresaba un «europeísmo» algo mendicante: «Para España, la integración europea es algo más que un problema de política exterior o una cuestión económica; es la liquidación de una polémica histórica y una condición básica de la consolidación de un sistema político». Se trataba de pura au­tosugestión.

El PSOE, mejor aglutinado en torno a Felipe González y disciplinado por Alfonso Guerra, tomó la línea de descalificar moralmente al Gobierno, a los empresarios y a la Administración, suponiéndolos a todos más o me­nos corruptos e indignos de confianza. Se presentaba como paladín de la honradez:  una auténtica osadía, habida cuenta de la trayectoria del propio PSOE, pero le produjo pingües rentas políticas.

Peor le iba al PCE. La línea moderada y razonable de Carrillo chocaba con las tradiciones del partido y encontraba oposición interna o desanima­ba a muchos antiguos y nuevos militantes. Carrillo, más realista, percibía claramente que mostrarse al viejo estilo reduciría mucho más sus votos. El PSUC, igualmente estalinista, se mantenía con mayor ánimo gracias a su considerable éxito electoral y, de acuerdo con la tendencia inaugurada por los separatismos resurgentes, ampliaba su autonomía con respecto a la dirección general del PCE.

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El 17 de abril se publicaba el proyecto de Constitución, y el 5 de mayo la labor constitucional pasó a la Comisión Parlamentaria, que debía exa­minar y discutir el proyecto de la ponencia. Volvió la mayoría derechista: diecinueve votos de ucd y ap sobre diecisiete contrarios. En la mecánica parlamentaria, la izquierda y los nacionalistas podían discutir y hacer ad­mitir algunas de sus propuestas, pero tendrían que aceptar su minoría. Tal aceptación no ocurrió. Aprovechando una propuesta de ucd sobre posible suspensión de libertades públicas en casos excepcionales de lucha contra el  terrorismo, el PSOE amenazó, el 18 de mayo, con abandonar la Comisión, afirmando, por boca de Guerra, que iba a ser «la Constitución más reac­cionaria de Europa, obra de UCD y AP». Ello crearía un nuevo escándalo y suponía un verdadero chantaje para desarticular la mayoría de centro-derecha. Jugada arriesgada, pues Suárez podía aceptar la automarginación socialista y enfrentarla a un referéndum final como en 1976. Pero tras la dimisión de Peces-Barba de la Ponencia (luego entró en la Comisión), el PSOE conocía bien la debilidad de una UCD ideológicamente insegura y atenazada por la necesidad autoimpuesta de «vender imagen» progresista, de centro-izquierda.

Y Suárez volvió a claudicar. Propenso a evitar el debate y a los tratos personales semisecretos, encargó a Abril Martorell entenderse con Alfonso Guerra a espaldas de la Comisión, y llevar a esta los artículos a votar ya listos y acordados, e imponerlos por disciplina de partido. Así, la elabora­ción constitucional pasó a una fase sólo a medias parlamentaria, pues los asuntos principales se acordaban en almuerzos y cenas entre Abril y Gue­rra. El arreglo fue aceptado por comunistas y nacionalistas, a fin de evitarse la enojosa dialéctica de Fraga. Se produjo un reagrupamiento de hecho de la UCD con los socialistas, nacionalistas y comunistas, aislando a la derecha conservadora.

Ni Abril ni Guerra eran expertos en Derecho constitucional, al revés que Fraga o, en menor medida, Peces-Barba. Abril había estudiado Inge­niería agraria y Ciencias políticas, y en 1969 había presidido la diputa­ción provincial de Segovia, con Suárez de gobernador civil. Guerra había estudiado peritaje industrial y algunos cursos de letras. Su noción de las leyes iba poco más allá de pretender el entierro de Montesquieu, pero dijo audazmente de su socio: «En cuanto a formación jurídica, Abril Martorell es un patán». En tan peculiares circunstancias avanzó el proyecto consti­tucional.

Estas maniobras indignaban a AP. Silva y Fernández de la Mora ame­nazaron con dejar la Comisión, y finalmente AP se retiró, el 24 de mayo, y también la abandonó el pnv. Esta preocupó a los demás menos que la del PSOE, y tuvo poca repercusión. A los cinco días, Fraga conseguía la vuelta de su partido a la Comisión, condicionada a la discusión artículo por artículo «con luz y taquígrafos». Condición que no se cumpliría, pues, reconoce el mismo Fraga, siguió actuando el «consejo gastronómico» de Abril y Guerra, sólo «de modo menos indiscreto». AP había logrado en la Ponencia facilitar los referéndum y otras formas de democracia más o menos directa, pero la Comisión echó abajo tales iniciativas, tomando un giro más partitocrático.

Los partidos continuaban la dinámica anterior. Abril trataba de meter en cintura a los «barones» de UCD. Aunque la ejecutiva dimitió para facili­tar la reorganización del partido, la mayoría se habían apuntado al partido por sus ventajas prácticas, y ni respetaban mucho a Suárez, ni Abril tenía autoridad para imponerse. El poder y sus expectativas atenuaban las di­ferencias entre sus sectores democristiano, socialdemócrata y «azul», pero dificultaban mantener una línea precisa.

AP, falto de poder, sufría más duramente las tensiones disgregadoras, aumentadas por el centrismo de un Fraga ansioso de ganar imagen «tole­rante», por más que la izquierda y UCD mostrasen poca tolerancia hacia su partido. Silva, Fernández de la Mora y otros exteriorizaban su disgusto, y el partido amenazaba disolverse en taifas.

Areilza volvió a la política fundando «Acción Ciudadana Liberal», que no llegaría a alzar el vuelo. Fuerza Nueva realizaba mítines que solían ser contestados con violencias. El Partido Liberal celebró su II Congreso sin pena ni gloria.

Tampoco el PCE se serenaba. En su IX Congreso, realizado en abril, Ca­rrillo dispuso la supresión del término «leninista», dejándolo en «marxista». El cambio significaba muy poco doctrinalmente, pero constituía una mu­tilación en el orden simbólico e identitario. Stalin había impuesto la expre­sión «marxista-leninista» y la mantenían también los partidos maoístas. La medida provocó cierta crisis interna y numerosas expulsiones, siendo las secciones catalana y asturiana las más reacias al abandono. Carrillo calcula­ba que la supresión del leninismo le ganaría votos.

Mucho mejor le iba al PSOE, cuyos políticos estaban más que satisfe­chos con los cargos logrados en las elecciones pasadas y las expectativas de controlar pronto el poder. En abril recibían el refuerzo del PSP de Tierno Galván, cuyos atribulados líderes prefirieron ahorrarse una «travesía del desierto» y se sumaron a sus rivales. La fiesta del 1 de mayo fue unitaria de los sindicatos y partidos de izquierda, con profusión de banderas rojas, también republicanas, puños en alto y tono muy marxistizado. A los pocos días, González habló de abandonar el marxismo, se levantó una polvareda, y Guerra aclaró que el partido seguía fiel a Marx. Pujol, en Cataluña, resentía la moderación y el prestigio de Tarradellas, quien expondría ideas muy irritantes para él: «No creo en lo que llaman paí­ses catalanes»; «Tenemos la obligación de hacer de España un gran país»; «Mi patria es España». Trataba de calmar los extremismos en Cataluña y de convencer a Ajuriaguerra de participar en las tareas constitucionales. El PNV exigía la inclusión de Navarra en lo que llamaba Euskadi, y el PSOE estaba de acuerdo, contra la voluntad de la mayoría de los navarros. Algunos socialistas navarros, encabezados por Víctor Manuel Arbeloa harían volverse atrás al PSOE. Tarradellas, de todas formas, terminaría fracasando en Vascongadas y en Cataluña. El semiseparatista Roca hablaba de España como «nación de naciones», un contrasentido lógico, jurídico y político: una na­ción de naciones sólo puede ser un imperio.

Se aprobaron preautonomías en Castilla-León, Extremadura y Balea­res, y luego otras más, hasta trece hasta junio del 78. El PNV exigía transferencias antes de la Constitución y las obtuvo, así como Aragón y Valencia. En esta, nutridas manifestaciones públicas rechazaban la catalanización. El intento de crear un nacionalismo caste­llano reunió en Villalar, sitio de la derrota comunera 457 años antes, a unas quince mil personas, interviniendo comunistas, PSOE y UCD –cuyo representante fue abucheado («¡menos burguesía, más autonomía!»)–. Fue sustituida la bandera del ayuntamiento por otra «republicana». Un grupo de AP con banderas nacionales fue recibido al grito de «Vosotros, fascistas, sois los terroristas», agredido físicamente y quemadas las banderas. Hubo diecisiete heridos, algunos de ellos niños.

También en abril, Antonio Cubillo sobrevivió en Argel a un atentado que le dejó secuelas. Tras el intento parece haber estado el Gobierno espa­ñol, preocupado por las acciones terroristas del MPAIAC y por su constante agitación internacional, instigando a la OUA (Organización para la Unidad Africana) a «descolonizar» las islas Canarias, y tratando de llegar a la ONU con apoyo de varias dictaduras africanas, sobre todo la argelina. Argelia aspiraba a controlar el Sáhara ex español a través del Frente POLISARIO, que mantenía una guerra con Marruecos.

Continuaban los disturbios de presos comunes, con autolesiones. En aquel segundo trimestre, el terrorismo nacionalista vasco asesinó a ocho personas, entre ellas un niño. El caso más publicitado fue el del periodista bilbaíno José María Portell, el 28 de junio, un intermediario en negocia­ciones del Gobierno (Martín Villa) con la ETA. Portell había escrito libros más bien halagüeños para la imagen de los terroristas y propugnaba la negociación, pero los etarras desconfiaron de él y lo mataron. La ETA iba logrando tal poder intimidatorio que sus amenazas bastaron para hacer dimitir a un ayuntamiento vizcaíno en pleno, reseña Fraga.

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En Una hora con la Historia,  cómo España, después de un período caótico que auguraba el fracaso final de la Reconquista con la división de la península en cuatro reinos cristianos  mal avenidos y uno musulmán, se rehízo y en muy poco tiempo se convirtió en una potencia mundial. https://www.youtube.com/watch?v=aP_Ki7wUcGk

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El verano tórrido, «de horno», resultó igual de movido. El 4 de julio co­menzó en el pleno del Congreso un debate constitucional algo ficticio pese a las más de mil enmiendas, pues los artículos llegaban consensuados al margen de las Cortes, que en doce sesiones solventaron el caso. El proble­ma mayor provino del PNV, que exigía una soberanía propia conforme a la idea medieval de un, por lo demás imaginario, «pacto con la corona». Para sortear el escollo, UCD, PSOE y PNV mantuvieron infructuosas reuniones clandestinas al margen del Congreso. El Gobierno y la izquierda rehuyeron el debate sobre un orden público en rápido deterioro. Carrillo afirmó que la derecha había quemado las iglesias en los años treinta «para provocar». El día 21 se aprobaba el texto por doscientos cincuenta y ocho votos a favor, dos en contra, catorce abstenciones de AP y ausencia del PNV. Fraga votó sí. El no de Silva Muñoz levantó expectación, y él lo explicó a los me­dios, pero casi todos silenciaron sus palabras. La ETA saludaba la votación asesinando el mismo día en Madrid al general Sánchez Ramos y al teniente coronel Pérez Rodríguez.

Pasado al Senado el debate, en agosto, Torcuato Fernández-Miranda presentó enmiendas al título VIII, dedicado a las autonomías, y contra las «nacionalidades». Suárez y Abril, enojados, le conminaron a retirarlas y, tras agria discusión, Torcuato dejó la UCD. La cuestión educativa causó también disputas. No menos trascendencia tuvo la inclusión de unos «de­rechos históricos de los territorios forales», eufemismo para admitir una «soberanía originaria» vasca pretendida por el PNV. Se buscaba, en vano, complacer a los nacionalistas. Con todo, no dejaba de ser una victoria de Sabino Arana, setenta y cinco años después de finado. El PSOE procuraba reducir el Senado a una función poco relevante, sin apenas competencias reales, frente a la oposición de AP.

El Gobierno, por su parte, siguió pidiendo sin éxito la admisión en la CEE, y negoció con el Vaticano para sustituir el concordato por acuerdos específicos. La masonería, ya legalizada, se rehacía. El franquismo la había encuadrado entre sus mayores enemigos, como organización conspiratoria y anticristiana, y la había desarticulado. Los socialistas denunciaron que una gira del rey por Hispanoamérica incluía a la Argentina de la Junta militar, aunque los jefes del PSOE habían visitado Moscú y colaborado a la propa­ganda internacional soviética. Se estableció definitivamente la mayoría de edad a los dieciocho años, quedaron constituidos los Consejos generales de Castilla-León y de Baleares, y el 18 de julio una multitud de veinte mil personas llenó la plaza de toros madrileña de Ventas para conmemorar el alzamiento de 1936. Los grupos más a la derecha tenían aún bastante capa­cidad de movilización aprovechando el prestigio del franquismo.

Durante los sanfermines de Pamplona, grupos separatistas politizaron las fiestas mediante pancartas en la plaza de toros, abucheadas por la mayo­ría. La Policía realizó una intervención desorbitada que motivó un motín por toda la ciudad. Las fiestas fueron clausuradas el día 11, tras un muerto y decenas de heridos.

UCD siguió utilizando la televisión con eficacia, pero su crisis interna proseguía. Plutócratas del partido se pronunciaban por una socialde­mocracia «a la italiana» (que resultaría muy corrupta). Continuaba, agravándose,  la  crisis de AP: varios dirigentes reclamaban unas señas de identidad más claramente definidas a la derecha, pero Fraga prefería cierta ambigüedad o camuflaje centrista, esperando así ampliar su masa de votantes a costa de UCD. Tampoco el PCE superaba sus roces internos.

El PSOE, en cambio, ganaba disciplina y agresividad, y explotaba el acer­camiento de Suárez a González y a Carrillo para aislar a AP; la UCD, a su vez, sufría el intento de aislarlo en Cataluña por un pacto entre Conver­gencia y Unió en pro de un «centro izquierda catalán no sucursalista». Su­cursalistas llamaban a los partidarios de la unidad española. Los socialistas de Cataluña se unían oficialmente como PSC-PSOE, menos peligroso para los nacionalistas, ya que su dirección lo era en gran parte, al revés que sus bases. El PSC de Raventós en solitario habría obtenido pocos votos pero, anota Jordi Pujol, «La maniobra de los dirigentes del PSC federándose con el PSOE (…) encuadró a esos votantes (del PSOE) en un sistema de partidos catalán». La jugada, como con la Asamblea de parlamentarios catalanes -germen de asambleas parecidas en otras regiones- fragmentaba el campo de la política en España, logro clave para los nacionalistas. Sorprende la destreza de estos y la escasa agudeza de sus teóricos contrarios. Otra mo­lestia para los nacionalistas radicales era Tarradellas, contra quien gritaron en la Diada, mientras que la Asamblea de parlamentarios catalanes vetaba al presidente de la Generalidad para la redacción del futuro estatuto auto­nómico.

En Vascongadas moría el 25 de agosto el veterano líder Juan Ajuriague­rra, uno de los artífices del llamado «pacto de Santoña» en 1937, por el que el PNV, de acuerdo con los fascistas italianos, traicionó ocultamente a sus aliados del Frente Popular, facilitando la primera victoria masiva de Franco. Su condena a muerte por su anterior colaboración con los revolu­cionarios, quedó en cadena perpetua, que no pasaría de seis años.

Aquel verano hubo oleadas de incendios forestales, en su mayoría inten­cionados. Muchos temían la ruina de la extraordinaria labor reforestadora del franquismo. El ecologismo, aún débil, mostraría luego nula simpatía por los bosques, tachados de «franquistas». También se hacía «normal» la quema de banderas nacionales.

* * *

El trimestre final del año vería la aprobación definitiva de la Constitu­ción, la ruptura de AP, el auge terrorista y alguna conspiración militar.

Las sesiones del Senado sobre la Constitución terminaron el 5 de octubre, y luego una Comisión Mixta Congreso-Senado estudió la pro­puesta constitucional. De la Comisión, formada por once parlamentarios, fue excluido Fraga por el veto de la UCD, que temía su oratoria. Así, el texto constitucional pasaba ya por cinco tamices, la Ponencia, la Comi­sión del Congreso, el pleno del Congreso, el Senado y la Comisión Mixta, proceso algo extravagante, por cuanto los artículos se «consensuaban» en gran medida al margen del Parlamento, dando al de­bate cierto aire de pantomima, Peces-Barba también fue sustituido por Guerra. La Comisión Mixta sería acusada de cambios de última hora, que añadían confusión, mediante nuevos acuerdos Abril-Guerra.

Finalmente, el 31 de octubre, Senado y Congreso votaron simultánea­mente el texto. En el Congreso, trescientos veinticinco votos fueron a favor, seis en contra (varios de AP, sobre todo) y catorce abstenciones, la mitad del PNV y el resto de AP y otros. El Senado dio doscientos veintiséis votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones.

Quedaba el referéndum que debía culminar el proceso. Casi todos los partidos hicieron una activa campaña por el SÍ, menos Fuerza Nueva y otras asociaciones continuistas, así como grupos comunistas al margen del PCE y nacionalistas proetarras vascos; el PNV llamó a la abstención.

El referéndum tuvo lugar el 6 de diciembre, dos años casi justos después del de la Reforma de Torcuato. Pese a no sufrir campaña alguna de boicot, la participación popular, un 67,1%, fue diez puntos menor que la de 1976, con un 5% de noes, por lo que el porcentaje de síes, 87,7% no llegaba al 59% del cuerpo electoral, porcentaje suficiente, pero flojo. El porcentaje del referéndum de la Ley para la Reforma Política había pasado del 73%. Quedaba de relieve un descenso del interés ciudadano después de dos años en que el terrorismo, las huelgas, el paro y otros desórdenes hacían sus es­tragos. Aunque demostraba también una básica esperanza.

Las regiones más participativas fueron Baleares, Valencia, Murcia, las dos Castillas y Aragón; las más abstencionistas, Vascongadas (54,5%), Galicia (49,5%) Asturias (38,5) y Canarias (35,5). En la media nacional estaban Cataluña, Navarra, Ceuta y Melilla. Hubo más noes en Navarra (11,3%) Vascongadas (10,8), Cantabria (9,7) y Castilla la Mancha (8,71). Las regiones de menos noes fueron Galicia, Canarias y Baleares. Pese a unos resultados algo mediocres, puede decirse que la Constitución fue aceptada mayoritariamente, excepto en las Vascongadas, donde no fue aceptada ni rechazada (y si descontamos la abstención técnica habitual de un 25-30%, la abstención política propugnada por el PNV superaría poco otro 25%, por debajo del 31, 3% de síes). La abstención gallega ape­nas tuvo carácter político. Y el 12 de diciembre, por fin, el PSOE reconocía como legítima a la monarquía.

La Constitución marca propiamente el fin del franquismo. Hubo va­cilación sobre si Juan Carlos debía jurarla o sancionarla con su firma. Se decidió la firma, efectuada el 26 de diciembre, lo cual daba a la ley cierto aire de carta otorgada. Sólo en apariencia, pues la potestad regia quedaba reducida a poco más que simbólica y ceremonial. Aun así, tendría relevancia durante el intento golpista del 23 de febrero de 1981.

El año 1978 presenció una escalada terrorista, con intervención de un grupo nuevo, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, escisión ácrata de la ETA. La ETA multiplicó por seis su cifra de asesinatos del año anterior, llegando a sesenta y ocho (bajo el franquismo habían sido dos en 1968, uno en 1969, ninguna en los dos años siguientes, uno en 1972, seis en 1973, diecinueve en 1974 y dieciséis en 1975). El GRAPO asesinó a seis personas, el terrorismo separatista catalán a no menos de dos, la extrema derecha a tres o cuatro, dos de ellas mediante un paquete bomba dirigido a El País. Los daños materiales fueron también cuantiosos. La atención concentrada en los cambios políticos había rebajado la eficacia policial, y Francia no ayudaba. Las izquierdas seguían admirando a la ETA, algo turbadas por­que habían pensado que, tras el franquismo, los «jóvenes patriotas vascos» abandonarían las pistolas, y les dejarían la política; así, en noviembre con­vocaron manifestaciones contra el terrorismo, no muy contundentes, en Madrid y Bilbao. El Gobierno, ayuno de verdadera política en este campo, recurrió a la «guerra sucia» con el atentado contra Cubillo o el que voló con su coche a Argala, jefe de los asesinos de Carrero Blanco y de otros asesinatos, en el quinto aniversario del magnicidio.

Las reacciones ante el fin de Argala son muy ilustrativas. El PSOE conde­nó en Vascongadas el «brutal atentado». En el funeral, el cura comparó al etarra nada menos que con Cristo. El presidente del PNV, Javier Arza­llus, lo ensalzó: «Quienes entregan la vida por su pueblo merecen nuestra admiración y respeto». Otros loaban su «capacidad de análisis político», lo convertían en héroe o mártir «del pueblo vasco» que avanzaba como un «torrente arrollador», hablaban de «asesinato fascista», etc. El País, ya el diario más influyente y temido por la derecha, dio una imagen amable del terrorista, ponderando sus dotes intelectuales (pasaba por teórico marxista), «hombre culto y muy aficionado a la literatura», «de aspecto ascético y fé­rrea voluntad», poco sectario, «partidario de la solución negociada para el problema vasco», aunque también de «la lucha armada», como llamaba a los crímenes, a fin de «obligar al Gobierno a la negociación». El Gobierno parecía culpable por no negociar el «problema vasco» con la ETA que lo había creado; negociación que suponía un premio a los negociantes asesinos. El País sería el máximo impulsor de esa vía,  que a aquellas alturas, ya ponía a los gobiernos a la altura de los pistoleros… en nombre de la democracia. Y solo sería  abandonada muchos años más tarde en el segundo mandato de Aznar, para ser retomada a un nivel superior por Zapatero..  

Durante el franquismo, el santuario francés tuvo vital importancia para la ETA, pues le permitió sobrevivir y rehacerse. De otro modo habría sido probablemente aniquilado, y estuvo cerca de serlo en varias ocasiones. Pero la desatención al problema en la Transición cambió el panorama: aunque el santuario seguía siendo muy importante, ya no tanto, pues los etarras habían podido organizar sus terminales políticas en Vizcaya y Guipúzcoa, donde habían arraigado, convirtiendo al grupo en una verdadera potencia.

El terrorismo y actitudes tales hacia él indignaban en muchos medios, entre ellos los castrenses, que, viéndose impotentes, culpaban al Gobierno. Como ya vimos, una vasta mayoría de militares rehusaba entrar en la polí­tica y aceptaba una reforma ordenada, pero esta daba la impresión de estar yéndose de las manos a los gobernantes. El enfado se expresó durante una gira de Gutiérrez Mellado por las guarniciones, a mediados de noviembre, para explicar la Constitución. En Valencia le acogieron con hosquedad, y en Cartagena con hostilidad abierta, lo que le hizo renunciar a más visitas. Por las mismas fechas se descubrió una conjura, la Operación Galaxia, por el nombre de la cafetería madrileña donde se reunían los conspiradores, y que, al ser denunciada a tiempo, no pasó de planes de café por parte de un pequeño grupo, en el que figuraba el teniente coronel Tejero, que intenta­ría otro golpe más peligroso en 1981, y en el que estarían complicados el propio PSOE, otros partidos y  la monarquía, para detener un proceso cada vez más desintegrador y amenazante.

“¿Por qué Franco y el franquismo siguen permanentemente en primer plano de la política y la sociedad españolas? Porque no ha cesado de mentirse sobre ellos en estos años. Esa mentira pervierte la democracia y amenaza la propia continuidad de la nación.”

Gibraltar en perspectiva

La cuestión de Gibraltar abarca a toda la política exterior e indirectamente interior de España. La apertura de la verja fue decidida en relación con la “entrada en Europa”, es decir, si España quería “entrar en Europa”, como decían los politicastros, debía aceptar la invasión de su territorio por una potencia extranjera y declararla aliada y amiga. Este era un interés general en la CEE, de donde saldría la UE: aquellos países habían apoyado a Inglaterra en la contienda diplomática en la ONU, que acabó con victoria española.

   Desde entonces España carece de política exterior propiamente hablando. O, si se prefiere, toda su política exterior se dirigió a ir cediendo progresivamente su soberanía a las burocracias de Bruselas y a la OTAN, combinada con una política interior de apoyo y financiación de los separatismos. Las intenciones explícitas con que se hayan hecho tales cosas pueden ser las contrarias, pero los hechos son indudabilísimamente esos: conversión de Gibraltar en un emporio parasitario y  corruptor dentro de un proceso de satelización y disolución de España por un lado y de disgregación por otro, y en medio de una verdadera colonización cultural por el inglés. Proceso lento porque acabar con una nación de tan larga historia y cultura no se consigue de la noche a la mañana, máxime cuando el franquismo había dejado una óptima herencia política y social, de la que todavía vive el país.

   Y esto último atañe a otra clave: todo se ha hecho en nombre del antifranquismo, convertido en verdadero cáncer de la democracia y de la nación. Es obvio que ni el problema de Gibraltar, ni el de la satelización política y militar, ni el de los separatismos, puede solucionarse dentro del régimen de “democracia de amigotes” creado en 1978, y que el ataque debe centrarse en los principales partidos causantes de la situación: PP y PSOE, partidos por lo demás antidemocráticos y que jamás han respetado su propia Constitución. Actualmente, con el auge de VOX, parecen abrirse  buenas perspectivas.

   En relación con Gibraltar, aquí nos hemos propuesto una estrategia en  que inevitablemente pasa por una primera fase de dar a conocer a cientos de miles, incluso millones de personas, el problema y su alcance, su enorme y definitorio alcance, del que es inconsciente la inmensa mayoría.  ¿Cómo hacerlo? Hemos propuesto una asociación informal de personas que entiendan el problema y que utilicen las redes sociales y otros medios para insistir y explicar todo lo machaconamente que sea preciso. Y hacerlo con cierto orden, evitando demagogias, a partir de un discurso preciso  en el que este blog tendría el papel de orientador. Hay que centrar el ataque en los partidos responsables del problema, defensores siempre de intereses ajenos, exigir en las redes respuestas a sus dirigentes, divulgar consignas, etc. Una asociación informal de ese tipo puede movilizar a miles de personas, que con el número serán capaces de contrarrestar la manipulación de los medios.

   Se trata de una experiencia nueva, que permitiría pasar a una segunda fase, como grupo de presión organizado, con acciones del tipo de las que han permitido a Greenpeace o Amnistía darse a conocer en todo el mundo. No obstante, la inconsciencia muy mayoritaria del alcance de Gibraltar obliga a esta tarea primaria de difusión informal, que dentro de su informalidad puede ser muy efectiva.

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Un fenómeno social extraño, pero revelador de la profunda decadencia intelectual y cultural de la sociedad española,  es un ultraeuropeísmo combinado con una gran ignorancia sobre Europa y, lo que es peor, un desinterés por conocerla. La bibliografía española sobre Europa es escasísima y casi toda de escaso valor. Este libro aspira a romper esa inercia.

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Asociación pro Franco

Hemos dicho que la clave ideológica y política de todos los desmanes  que se vienen cometiendo contra la nación y la democracia tienen su raíz en un antifranquismo realmente miserable. Por eso mismo debería emprenderse una asociación informal de “Yo defiendo a Franco”. Es evidente la facilidad de caer en demagogias o absurdos que hagan el caldo gordo a los contrarios, pero esta defensa debe servir para reformular la democracia,  fallida desde Zapatero. La defensa del franquismo debe hacerse en el terreno político, no en el religioso, y como fundamento de una regeneración democrática. Lo propuse en tuíter y recibí apoyo muy insuficiente, pero por algo se empieza. Ya he explicado por qué el franquismo no es lo contrario de la democracia, sino el régimen que la hizo posible, y habría que insistir en esa dirección.

   Hay una política de ocasión, superficial, cuyo comentario en las tertulias pocas veces pasa del chismorreo, y una política de fondo, que determina la de cada momento. La cuestión de Franco es política de fondo. Eso lo han entendido muy bien la izquierda y los separatismos, frente a una derecha degradada que les ha servido de auxiliar tratando  de “olvidar” el asunto, como ha hecho con Gibraltar.

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Mi desconfianza ante el votante de derecha y su indecente voto “útil”,  ha salido  esta vez parcialmente errada. Y lo importante de estas elecciones es precisamente esto: mucha gente ha sido capaz, por fin, de dar al PP la patada que se merecía desde hace mucho tiempo, y ese mero hecho augura un posible vuelco de la situación y el final de la democracia de amigotes fraguada en la transición, cuyos errores no se corrigieron y han ido en aumento. Con Aznar hubo, sobre todo por su política con la ETA, esperanzas de una regeneración, que se hundieron con Zapatero. Este logró montar un nuevo frente popular de hecho, con el cual impulsó la disgregación de España e impuso leyes radicalmente antidemocráticas como las de memoria histórica y LGTBI. Ya entonces, con el PP en la oposición, señalé que este partido no era opositor, sino auxiliar de Zapatero y que haría lo mismo que él, empezando por el rescate y  recompensa a la ETA. Con ello, la democracia fracasaba y el régimen del 78  entraban en descomposición. Rajoy, Soraya y su equipo miserable ha hecho daño hasta el final, dejando a España en manos de un zapatero  aún más demente. No deja de ser justicia poética que un partido para el que la economía lo era todo, cayese por su corrupción.

   Entre Zapatero y Rajoy  convirtieron al país en una democracia fallida en proceso de disgregación y de disolución. Mucha gente venía percibiendo con creciente alarma este proceso, pero se sentía atada al “voto útil” que, precisamente, impedía salir  del atolladero. Por su parte el PP, en su extrema villanía de maquiavelos cutres, impulsó a Podemos en los embrutecidos y embrutecedores  medios-basura, que son casi todos, mientras trataba de encerrar a VOX en un gueto rodeado de un muro de silencio. Desde hace años apoyé a VOX como una posible alternativa a la miseria de los  actuales partidos-mafias, porque, con todas las críticas que pudieran hacérsele, hablaba otro lenguaje que el de los amigotes intrigantes, cuya base común era el odio o el desentendimiento de España, su apoyo a la disgregación y simultáneamente su intención de disolver a la nación en la UE, un montaje cada vez más despótico, antinacional y antieuropeo.

   Hay que felicitar especialmente a Abascal: frente a las críticas fáciles que le han hecho, mantuve que su valor para romper con el PP, afrontar el muro de silencio e insistir tenazmente en su mensaje,  hacían de él un político necesario frente a la caterva de golfos, cantamañanas e hispanófobos que componen nuestra actual clase, casta o chusma política. Todos ellos están temblando porque pueden acabárseles pronto sus mejunjes. Lo que sería una gran noticia para España y la libertad. Por eso harán un gran esfuerzo conjunto para devolver a VOX a la marginalidad, aunque lo tienen muy difícil si VOX mantiene un discurso claro, bien argumentado, agresivo e irrespetuoso contra quienes no merecen el menor respeto por sus fechorías. Cuando un partido está en auge es inevitable que se cuelen en él bastantes sinvergüenzas,  pero saberlo puede evitar los daños peores.

   Dejo para mañana el tema de los lunes, es decir, Gibraltar, es decir, la política exterior española, hoy inexistente y que afecta a la política interna. Otro punto en el que debe crearse una asociación, informal en principio, es en la reivindicación de la memoria de Franco como base para una recuperación de la democracia, ya he explicado por qué.

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“¿Por qué Franco y el franquismo siguen permanentemente en primer plano de la política y la sociedad españolas? Porque no ha cesado de mentirse sobre ellos en estos años. Esa mentira pervierte la democracia y amenaza la propia continuidad de la nación.”

En Una hora con la Historia,  cómo España, después de un período caótico que auguraba el fracaso final de la Reconquista con la división de la península en cuatro reinos cristianos  mal avenidos y uno musulmán, se rehízo y en muy poco tiempo se convirtió en una potencia mundial. https://www.youtube.com/watch?v=aP_Ki7wUcGk

Un fenómeno social extraño, pero revelador de la profunda decadencia intelectual y cultural de la sociedad española,  es un ultraeuropeísmo combinado con una gran ignorancia sobre Europa y, lo que es peor, un desinterés por conocerla. La bibliografía española sobre Europa es escasísima y casi toda de escaso valor. Este libro aspira a romper esa inercia.

Observaciones previas a las elecciones andaluzas:

1. El análisis no debe olvidar que los partidos en juego, salvo, en principio, VOX, son auténticas mafias.

2. Por ello, y por el miedo que están demostrando a VOX, intentarán el pucherazo con casi total seguridad.

3. El análisis no debe olvidar el embrutecimiento de grandes masas del pueblo después de 40 años de falsificación sistemática de la realidad histórica y cultural de España. Que millones de personas sigan votando a los partidos-mafias lo demuestra.

4. Los partidos-mafias llevan 40 años denigrando a España y tratando de asfixiar todo espíritu patriótico. Pero este, inesperadamente, está resurgiendo. Por tanto tratarán de llevarlo nuevamente a la nada.

5. Es preciso tener en cuenta que el votante medio de derecha es en extremo timorato, cobardón e inculto, por lo que podría volver a lo que llama neciamente “el voto útil”

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 En Una hora con la Historia,  cómo España, después de un período caótico que auguraba el fracaso final de la Reconquista con la división de la península en cuatro reinos cristianos  mal avenidos y uno musulmán, se rehízo y en muy poco tiempo se convirtió en una potencia mundial. https://www.youtube.com/watch?v=aP_Ki7wUcGk

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“Nueva película, “Viudas”, y sale una diciendo “nadie cree que tengamos huevos para hacer esto [atracar un banco]” … la ideología-engendro LGTBI anima a las mujeres a delinquir y a hacer crímenes“

Realmente el feminismo es una mezcla de envidia del pene y de odio a la maternidad, es decir, a lo propiamente femenino. Mientras no se entienda, las críticas no le afectarán. Esas cosas existen desde  los orígenes de la humanidad, como existe la homosexualidad, la prostitución, etc. Pero tradicionalmente han existido como desviaciones marginales y objeto de literatura o de chistes. En la actualidad se han convertido en ideología, a la que, como en el caso del marxismo, resulta difícil oponer una argumentación clara aparte de la observación de sus consecuencias prácticas. Porque se basan en la generalización de hechos parciales, ligados a la propia condición humana. ¿Existe la explotación del hombre por el hombre? Siempre ha existido. ¿Es ella generalizada  e interpretable como explicación de la historia? Obviamente no. Pero aun admitiendo que no se trate de hechos generales sino parciales, el marxismo se presenta a los ojos de muchos como la eliminación de esos hechos parciales, con lo que la sociedad se perfeccionaría al eliminarlos. ¿Puede ocurrir eso? No, la sociedad perfecta del marxismo multiplica los males que dice eliminar.

   Con el feminismo ocurre otro tanto. ¿Ha habido abusos de hombres a mujeres? Sin duda (también al contrario, de otra forma) ¿Es ese abuso la norma explicativa de la historia? La idea apenas pasa de estupidez. ¿Va el feminismo a eliminar cosas como la llamada “violencia de género”? Al contrario, la estimula, creando de paso nuevas injusticias, histerizando a muchas mujeres y fomentando la misoginia en el varón.   

   El problema básico es que los males son producto de la libertad humana, así como los bienes. Tratar de eliminar radicalmente el mal se traduce en destrucción de la libertad y el aumento de los males. Es una experiencia repetida, y su lógica parte de la negación del pecado original, por expresarlo en términos míticos.

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“¿Por qué Franco y el franquismo siguen permanentemente en primer plano de la política y la sociedad españolas? Porque no ha cesado de mentirse sobre ellos en estos años. Lea este libro y lo entenderá”

   “Es difícil describir una abyección mayor que la de unos partidos que condenan a Franco y al régimen que libró a España de la disgregación y el totalitarismo, que la libró de las atrocidades de la guerra mundial, que acabó con los feroces odios de la república, que presidió la época de mayor desarrollo económico y social de la historia del país, que derrotó a un criminal aislamiento y mantuvo la independencia del país a todo trance. Esos partidos son un cáncer de España y de la democracia”.