Como recordarán, el PSOE ha traído un proyecto de ley típico de una dictadura totalitaria, en el que, so pretexto de defender la dignidad de las víctima de la guerra civil, quería introducir la persecución abierta y descarada contra las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra. Esta ley sería simplemente la aplicación de la ya aprobada en tiempo de Zapatero y que entre otras lindezas deslegitima la transición democrática y la monarquía. Con ello queda de relieve lo que venimos denunciando: que el PSOE no solo nunca fue un partido democrático, sino la máxima amenaza para las libertades y la convivencia en paz de los españoles. Nunca ha sido otra cosa. En cuanto a la dignidad de las “víctimas”, se trató en su mayoría de asesinos y torturadores abandonados por sus jefes, juzgados y fusilados por sus crímenes. Y con los que se identifican el PSOE, Podemos, y de modo solapado, el PP y Ciudadanos. No menos significativo es que para condenar el franquismo tengan que atentar contra la libertad más elemental de los españoles; y que no puedan defender su versión histórica en debate libre, sino que necesiten imponerla por la violencia del estado.
Pero lo más alarmante no ha sido eso, sino la falta de reacción a esa ley y al nuevo proyecto de ley, que certifican la debilidad del sentimiento y la cultura de la libertad en España. Comenzaron algunas quejas aquí y allá, pero difusas y sin apenas proyección, porque se ha creado una situación en la que todo lo que sea atacar al franquismo, con las mayores calumnias y falsedades, pasa por cultura democrática. Por mi parte pensé que era una buena oportunidad para pasar de la queja a la acción tratando de aglutinar esas críticas difusas en un movimiento contra dicha ley, mediante un manifiesto que, para empezar, debían firmar personajes relevantes, intelectuales y políticos. Elaboré uno, que he expuesto el blog el 7 de febrero pasado (https://www.piomoa.es/?p=6717 ) resumiendo al final la historia siniestro del PSOE; luego otro, el día 9, en que dicho historial era solo aludido, para conseguir mayor número de firmas (https://www.piomoa.es/?p=6732), y finalmente se ha consensuado un tercero, (“Por la Historia y la Libertad”), que reproduzco más abajo obre la base del segundo propuesto por mí pero sin mencionar al PSOE, a fin de allegar firmantes también de la izquierda. Esto me ha parecido bien, porque le da mayor efecto. Insistí en la necesidad de hacer agitación al respecto, pues aparentemente casi nadie se percataba del alcance realmente delictivo del intento de la banda de Sánchez, o no pasaba de alarmarse y quejarse de ella, sin plantear acciones concretas. El inicio de la campaña se debe a un servidor y a otra persona que no ha firmado, siendo apoyada por varias fundaciones y la revista Kosmos Polis y más personas. El manifiesto se ha presentado este miércoles por la fundación Valores y sociedad, que preside Jaime Mayor Oreja.
Por otra parte, La Gaceta recogió más de trece mil firmas con otro manifiesto, y Hazte Oír ha hecho lo mismo. No conozco los textos pero me figuro que se parecerán también al mencionado, porque no se puede argumentar de otro modo: se trata de una ley y un proyecto de ley que atentan gravísimamente contra la libertad y la convivencia de todos. Y lo que debemos hacer es ir de frente contra tales cosas y no perder tiempo en quejas.
Como es sabido, el PP vetó la discusión del proyecto de ley en las Cortes, en apariencia no porque la ley le pareciera mal sino por falta de financiación. Una treta, claro está, porque si se quiere sí hay dinero, pero así se ahorró una discusión parlamentaria en la que iba a recibir buena cantidad de bofetadas de Podemos y del PSOE. Pues el PP es constitutivamente incapaz de defender la verdad o la libertad sea frente a una izquierda que sigue siendo incivilizada, sea frente a los separatismos. Y por supuesto el peligro permanece, porque la política general del PP está creando las condiciones para la victoria de una especie de nuevo frente popular, y la ley podría volver tras las próximas elecciones. Por consiguiente, es preciso mantener la acción y llegar muy ampliamente a una opinión pública amodorrada por los ilusionismos de la farsa política actual.
La lección a extraer es simple y eficaz: no debemos confiar en los actuales partidos, que cada vez tienen más de verdaderas mafias; en cambio es posible crear movimientos ciudadanos. Otro ejemplo lo tenemos en el movimiento de patriotismo que ha suscitado el golpe separatista en Cataluña, que los partidos no saben cómo desviar a sus chanchullos habituales. El manifiesto debe ser un principio y no un final. Mañana hablaré más al respecto.

MANIFIESTO POR LA HISTORIA Y LA LIBERTAD
No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron. La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida.
Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante “historicidio” desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.
Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria “Ley de Memoria Histórica”, con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia Contemporánea de España.
Con la implantación de una “Comisión de la Verdad”, se amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la ‘verdad única’, la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no ‘gratos’, y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España.
Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu. 2
El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e independiente. Su capcioso velo jurídico, invocando a modo de pantalla la dignidad de las víctimas de solamente una parte o equiparando el franquismo con diversos regímenes totalitarios, son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica.
Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España.
Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos.
Esta propuesta de ley debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma. La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender.
Los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e investigaciones de los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un estado democrático.
Y ello principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado.
Adhesiones: revistakosmospolis@gmail.com


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