El relato,  demasiado breve y demasiado trivial, con que J. Pérez despacha la caída del reino hispanogodo merece no obstante atención, porque resume una multitud de tópicos tan extendidos como ilógicos o tendenciosos. Pérez hace una digresión sobre árabes y bereberes, destacando que estos últimos formaban la mayoría de los invasores y olvidando que los primeros constituían el elemento dominante, y “explica” la invasión del modo más favorable a los musulmanes. Estos “derrumbaron rápida y fácilmente la superestructura política y social de la monarquía visigoda” “Parece probable que, en muchos casos, la población primitiva no hiciera nada para ayudar a los visigodos; incluso debieron de producirse en varios casos sublevaciones contra la nobleza y los terratenientes a los que probablemente consideraban opresores, sin hablar de los judíos, quienes, víctimas del odio de los últimos monarcas visigodos, acogieron a los moros como libertadores y les facilitaron la toma de varias ciudades (…) Los nuevos dueños de la tierra exigían impuestos moderados en comparación con los (…) visigodos”. Además, recoge la suposición de que los impuestos en la época española eran muy superiores a los de la época andalusí, argumento clave para “explicar” materialistamente los hechos. Como si dijéramos que los historiadores escriben de un modo u otro según la ganancia económica que esperen obtener de sus libros (cosa cierta en más de un caso, pero que no conviene generalizar).

“Parece probable”, “probablemente”, “consideraban opresores”… ¿Qué le parece al señor Pérez esta descripción de la muchísimo más rápida conquista de Francia por Alemania en la II Guerra Mundial? “Los alemanes derrumbaron con extraordinaria facilidad la superestructura política y social de la III República francesa. La población francesa no hizo nada por ayudar al gobierno y al ejército en derrota, a los que miraba como opresores y explotadores, que la sometían a impuestos excesivos cuyo fruto no percibían. Los socialistas venían propugnando de años atrás el desarme de Francia y los comunistas, resentidos con las represiones e intentos de marginarlos que habían sufrido, recibieron como libertadores a los alemanes y sabotearon los esfuerzos del ejército y las autoridades de la III República. Posteriormente, los nazis encontraron en Francia un grado muy alto de colaboración, de manera que no habrían sido expulsados de no ser por el ejército useño”. Sin duda es una descripción muy tendenciosa, pero desde luego más veraz y atenida a los hechos que los “parece” y “probablemente” con que nos ilustran tantos historiadores banales sobre las causas de la caída del reino godo.
En Nueva historia de España he recordado algunos datos que omite Joseph Pérez, y que no son baladíes:

“La “pérdida de España” dio lugar en su tiempo a especulaciones moralizantes, achacándolo a pecados y maldades que habrían socavado las bases del estado. Sentada la tesis, bastaba abundar en ella, exagerando o inventando todos los pecados precisos. En nuestra época se ha querido explicar el suceso por causas económicas o “sociales”, suponiendo un reino carcomido cuando llegaron los moros; o se ha dicho que no existió invasión, sino “implantación”, ocurrencia pueril, si bien no más que tantas hoy en boga. La tesis más extendida desde Sánchez Albornoz habla de “protofeudalización”, es decir, decaimiento de la monarquía y disgregación en territorios semiindependientes bajo poder efectivo de los magnates, tendencia acentuada a partir de Wamba. A la feudalización o protofeudalización se uniría la decadencia intelectual y moral del clero, una desmoralización popular ligada a una presión fiscal excesiva, e incluso un deseo de la población de “librarse” de una dominación oprimente.

A mi juicio, estas teorías recuerdan a las especulaciones moralistas: puesto que el reino se hundió con aparente facilidad, “tenía que” estar ya maduro para el naufragio por una masiva corrosión interna. Pero desastres semejantes no escasean a lo largo de los tiempos. Países al borde de la descomposición se han rehecho en momentos críticos frente a enemigos poderosos; y otros relativamente florecientes han sucumbido de forma inesperada. Así, en nuestro tiempo, Francia y otros países cayeron ante el empuje nacionalsocialista no en cuestión de años, sino de semanas, obteniendo los vencedores amplia colaboración entre franceses, belgas, holandeses, etc.; pero nadie sugiere que esos pueblos vivieran en regímenes carcomidos, estuviesen hartos de su democracia e independencia o deseasen que los alemanes les librasen de impuestos…

El éxito musulmán no resulta impensable: pocos años antes, los pequeños ejércitos árabes brotados del desierto habían rematado al Imperio sasánida, ocho o diez veces más extenso que España, y habían arrebatado enormes extensiones a otra superpotencia, el Imperio bizantino. En solo nueve meses habían conquistado Mesopotamia, y en la decisiva batalla de Ualaya la proporción recuerda a la del Guadalete: 15.000 muslimes vencieron a 45.000 persas, sin la fortuna, para los vencedores, de una traición a la witizana. Lo mismo cabe decir de la batalla de Kadisia o Qadisiya, donde quebró el imperio sasánida, o la todavía más desproporcionada de Nijauand. Contra la tosca idea de que la superioridad material decide las guerras y cambios históricos, la derrota del más fuerte dista de ser un suceso excepcional. La caída de España, así, no debiera chocar tanto como se pretende.

Las noticias del último período hispano- tervingio son demasiado escasas para sacar conclusiones definitivas, pero los indicios de la supuesta protofeudalización suenan poco convincentes, pues, para empezar, existieron durante todo el reino de Toledo: son factores disgregadores presentes en toda sociedad, que en la Galia — pero no en España– prevalecieron sobre los integradores. Las leyes de Wamba o Ervigio para forzar a los nobles a acudir con sus mesnadas ante cualquier peligro público sugieren una creciente independencia y desinterés oligárquico por empresas de carácter general. Pero siempre, no solo a partir de Wamba, dependieron los reyes de las aportaciones de los nobles, y con seguridad nunca faltaron roces y defecciones en esa colaboración. Tampoco hay constancia de que Wamba o los reyes sucesivos, incluido Rodrigo, encontrasen mayor escollo para reunir los ejércitos precisos ante conflictos internos o externos. Aquellas leyes, como las relativas a la traición, podrían servir de pretexto a los monarcas para perseguir a los potentados desafectos, a lo que replicaron la nobleza y el alto clero con el habeas corpus, innovación jurídica ejemplar e indicio de vitalidad, no de declive.

Durante todo el reino de Toledo persistió una pugna, a menudo sangrienta, entre los reyes y sectores de la oligarquía; pero esa pugna, causa mayor de inestabilidad, pudo haber sido más suave en la última época, y no parece agravada desde Wamba. Motivo permanente de conflicto era el nombramiento de los reyes: estos procuraban ser sucedidos por sus hijos, quitando así un poder esencial a los oligarcas, que preferían un sistema electivo que les permitiera condicionar al trono. En principio triunfaron los oligarcas ya en 633, pues el IV Concilio de Toledo estableció por ley la elección, pero solo tres de los once reyes posteriores, Chíntila, Wamba y Rodrigo, subieron al trono según esa ley. Ello podría indicar una victoria de hecho de los reyes, pero tampoco sucedió así: los demás subieron por golpe o por una herencia que nunca pasó de la segunda generación. No llegó a haber un vencedor claro en esta cambiante lucha, salvo el pasajero de Chindasvinto asentado en una carnicería de nobles.

Otro factor de putrefacción del sistema, el morbo gótico, es decir, la costumbre de matar a los reyes, descendió notablemente durante la etapa hispano-tervingia. De los catorce monarcas anteriores a Leovigildo, nueve murieron asesinados, dos en batalla y tres en paz. De los dieciocho a partir de Leovigildo solo dos fueron asesinados, Liuva II y Witerico, y justamente al principio y no al final del período, con sospechas sobre otros dos, Recaredo II y Witiza. Tres más fueron derrocados sin homicidio (Suíntila, Tulga y Wamba). La duración media de los reinados, otro dato relacionable con la estabilidad, no disminuye, sino que aumenta desde Wamba: nueve años, si excluimos a Rodrigo, que casi no tuvo tiempo de reinar, frente a siete y pico en el período anterior. Aumenta asimismo la frecuencia de los concilios en la última etapa: uno cada cuatro y pico años de promedio, en comparación con la media anterior de uno cada diez. Estos datos sugieren consolidación institucional, no tambaleo, pues los concilios suponían tanto un principio de poder representativo como un factor de nacionalización. Todo lo cual no apunta a una especial “protofeudalización”, sino más bien a lo contrario.

En cuanto a la corrupción de la jerarquía eclesiástica al compás de su creciente peso político, se aprecia en ella una considerable germanización (hasta un 40% de los cargos), posiblemente acompañada de descenso del nivel moral e intelectual (si bien documentos como Institutionum Disciplinae indican un panorama nobiliario muy distinto de la barbarie originaria). Los cánones de los últimos concilios también indican tirantez entre la oligarquía y los obispos. Los cánones condenaban la sodomía y otros vicios del clero, lo cual puede significar mucho o poco: tales vicios habían existido siempre en algún grado, y no sabemos si aumentaban o si solo se reparaba en ellos, o se los utilizaba por algún motivo político. Respecto al declive intelectual, Julián de Toledo murió en fecha tan avanzada como 690, y nunca sabremos si la posterior falta de figuras relevantes reflejaba decadencia o solo un bache pasajero.

Peso mucho más real tienen sucesos como las hambrunas y las pestes. El país parece haber entrado en un ciclo de sequías, que entonces significaban miseria, enfermedades y hambre masivas. Hubo, además, plagas de langosta no menos desastrosas. Según la crónica árabe Ajbar Machmúa, el hambre de 708-9, muy próxima a la invasión musulmana, redujo a la mitad la población de España, dato probablemente exagerado, pero indicativo de una tremenda catástrofe demográfica. Poco antes una peste importada de Bizancio casi había despoblado la Narbonense y afectado al resto. El horror impotente por estos males queda documentado en las homilías: “He aquí, hermanos nuestros, que nos heló de espanto la funesta noticia traída por los mensajeros de que los confines de nuestra tierra están ya infestados por la peste y se nos avecina una cruel muerte”. Las rogativas clamaban a Dios: “¡Aparta ya la calamidad de nuestros confines!; que el azote inhumano de la peste se alivie en aquellos que ya lo padecen y, gracias a tu favor, no llegue hasta nosotros”. No hay modo de comprobarlo, pero la población pudo bajar a menos de cuatro millones de habitantes bajo las desastrosas condiciones de la caída del Imperio romano, y no crecería mucho luego. Sí está claro que en vísperas de la invasión árabe no pudo haberse repuesto de unas catástrofes mucho más aniquiladoras que las guerras. Por esos hechos cabe explicar a su vez fenómenos como la huida, frecuente y quizá masiva, de siervos o esclavos del campo, o la “epidemia” de suicidios causados por la desesperación, referida en los cánones conciliares. A su vez se haría muy difícil la recogida de impuestos y el descontento por ellos, pese a alguna amnistía fiscal, con el consiguiente debilitamiento del estado.

Otro factor de debilidad estaría en los judíos. Las primeras disposiciones contra ellos trataban de impedirles una posición social de superioridad sobre cristianos, y hubo resistencia a medidas extremas deseadas por algún papa, pero las leyes persecutorias empeoraron con el tiempo. El XVII Concilio, en 694, solo diecisiete años antes del final del reino, aprobó las medidas más graves, exigidas por el rey Égica, molesto por el poco celo de los obispos en la persecución. Argüía el monarca la existencia de una conspiración judaica para derrocar la monarquía, informes de conversos sobre planes para destruir el cristianismo, y pretendidas rebeliones en curso en algunos países. Quizá se sabía que las comunidades hebreas de Oriente Próximo habían actuado como quinta columna de los sasánidas contra los bizantinos y luego de los árabes contra los sasánidas (en este último caso también habían obrado así las comunidades cristianas de Persia). Égica también acusó a los conversos de practicar clandestinamente su vieja fe. En consecuencia pedía reducir a todos a la esclavitud e impedirles practicar su religión, bajo penas severísimas. El concilio aceptó, de mala gana las propuestas-imposiciones regias. Estas persecuciones, si buscaban neutralizar una posible amenaza interna, exacerbaban al mismo tiempo la deslealtad de ese grupo social.

Los judíos componían una exigua minoría que habitaba barrios aparte de las grandes ciudades béticas y algunas del interior y de levante, por lo que choca la obsesión del poder hacia ellos y sus supuestas conjuras. Parte de esa aversión nacía de la riqueza de la oligarquía hebrea, que proporcionaba a esta un poder subterráneo y suscitaba envidias. Además se le consideraba el pueblo deicida, por la frase atribuida a la multitud en el juicio de Cristo: “¡Caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos!”. La persistencia en su fe se miraba como una ofensa a la verdadera religión, prueba de una maldad porfiada y del deseo de vivir al margen de los demás, cuando los mismos godos arrianos habían dejado sus creencias para integrarse en las mayoritarias. A su vez, la autoconsideración hebrea como pueblo elegido, junto con la permanente repulsa y frecuente persecución sufridas, creaban un comportamiento cerrado, ya atacado por el moralista latino Juvenal: “Desprecian las leyes de Roma, estudian, observan y temen el Testamento judaico que Moisés les otorgó en un documento secreto. Sólo se confían a los de su misma religión, es decir, sólo ayudan a los que, como ellos, son circuncisos”.

¿En qué medida se aplicaron las leyes antisemitas? Las leyes, en general, no debieron de aplicarse muy estrictamente — salvo para mantener la unidad del estado– como se aprecia en las referentes a la elección de los monarcas. El grado de cumplimiento de las normas antijudías hubo de ser especialmente bajo, como revela su reiteración a lo largo de decenios. En los mismos tiempos de Égica, ya hacia el final del reino, ni siquiera se habían cumplido los primeros decretos del III Concilio prohibiendo a los judíos tener esclavos cristianos. Aun así, los decretos se aplicarían en alguna medida, y su mera existencia pesaba como una temible amenaza sobre sus destinatarios.

En fin, todos los daños mencionados, y más que pudieran aducirse, solo explicarían la caída del reino si hubieran impedido la concentración de un ejército suficiente para afrontar a Tárik, lo cual no ocurrió. Las crónicas y los historiadores están conformes en la superioridad material del ejército hispano-godo sobre el moro, y la causa determinante del desastre no fue una especial corrupción del poder o la traición hebrea, sino la de un sector de la nobleza. Aunque la ley prohibía la alianza con poderes foráneos para alcanzar el poder, este tipo de traición se dio con cierta frecuencia: un grupo visigodo buscó en 552 la ayuda de los bizantinos, los cuales aprovecharon para adueñarse de una considerable porción de la península; y la utilización de francos y de rebeldes vascones en las pugnas internas había sucedido varias veces. Por otra parte, las consecuencias decisivas de Guadalete, con la pérdida del grueso del ejército y la dificultad posterior de organizar la resistencia, apoya la idea de un estado bastante centralizado, como indica el historiador García Moreno, y no tan “protofeudalizado” como suele afirmarse.

No tienen más sentido las comparaciones con la invasión romana, cuando poblaciones independientes entre sí — e incapaces de unir sus fuerzas–, armadas y acostumbradas a la guerra, ofrecieron una resistencia a menudo heroica. La larga pax romana habían desarmado y desacostumbrado a la gente de las prácticas guerreras, como se había mostrado cuando las invasiones germánicas. Añádase la influencia del clero, pacifista y conformista con el poder, obstáculo a un espíritu de lucha en la primera etapa de desconcierto. Isidoro había definido una doctrina contradictoria, pues si por una parte rechazaba al tirano (“Serás rey si obras con justicia, en otro caso no lo serás”), por otra definía el poder como enviado por Dios y desaconsejaba la resistencia incluso a la tiranía. Y el poder se estaba trasladando a los musulmanes.

Hablar de una preferencia de la población por los invasores, como hacen algunos, no resulta más adecuado que hablar de una “preferencia” de los franceses por el dominio alemán. La magnificencia que alcanzarían más tarde el emirato y el califato de Córdoba ha creado el espejismo de que los musulmanes llegaban con una civilización superior, cuando se trataba de guerreros del desierto y de las montañas del Atlas, tan bárbaros o más que los suevos, vándalos y alanos de unos siglos antes. La exigüidad de su número, y las disputas entre ellos, les forzaron a cierta tolerancia religiosa y política inicial, pero el poder musulmán había significado en muchos lugares una hecatombe para la civilización. Pasaría algún tiempo hasta que el poder árabe adaptase logros y formas culturales de los pueblos vencidos más civilizados, fueran el persa, el bizantino o el español. Pues España –con Italia– era posiblemente el país más civilizado de Europa occidental, con tradición ya muy larga y profunda. La invasión solo pudo haber sido vista como una nueva plaga por una población que llevaba tiempo soportando muchas”.

En consecuencia, la caída de España se explica mejor por el debilitamiento del reino causada por las sequías y pestes de la época, al que se añadió  el debilitamiento de la monarquía debido al problema sucesorio. La invasión llegó en el momento más propicio para los invasores y estos supieron verlo. El que un ejército inferior en número venza a otro superior no es caso raro en la historia, y los musulmanes, precisamente, lo habían logrado en muchas ocasiones. En el de España, ello vino favorecido al máximo por la traición de un sector del ejército hispano.