Blog I. Franco no se alzó contra la república. Qué pasó tras las elecciones de 1936 (y II) http://gaceta.es/pio-moa/franco-alzo-republica-paso-elecciones-36-ii-19022016-1528

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La cuestión mayor es: ¿cómo explicar en un país civilizado conductas tan atroces,  que dejan atrás a los crímenes actuales del Estado Islámico? Muchos han culpado por ellas a la propia Iglesia. Azaña lo decía a un antiguo profesor suyo, agustino, que por azar había salvado la vida: “la ferocidad del todo o nada” de la Iglesia, no haberse “dejado cortar un dedo para salvar la mano”, hizo que “se perdiera la mano y todo el brazo”. “Los apasionados de la religión y del orden son los causantes no solamente de la desventura personal de usted y de sus compañeros, sino de las instituciones a que pertenecen”.  Solo que  aquellos “apasionados de la religión y el orden” habían aceptado la república y respetado su legalidad más que los republicanos y el propio Azaña, y habían insistido a este en que pusiera coto al proceso revolucionario previo a la guerra.  

  Azaña caía en la alucinación cuando aclaraba al pobre fraile: “¿No sabe usted que me pintan como un furibundo enemigo de la Iglesia católica? Es estúpido. Desde mi punto de vista, llamarme enemigo de la Iglesia católica es como llamarme enemigo de los Pirineos. Lo que no admito es que mi país esté gobernado por los obispos, por los priores,  las abadesas o los párrocos. A lo que me opongo es que los religiosos enseñen a los seglares filosofía, derecho, historia, ciencias. Sobre eso tengo una experiencia personal más valiosa que  todos los tratados de filosofía política”. Azaña había prometido demoler las tradiciones religiosas, facilitado la quema de templos, aulas y bibliotecas,  impuesto una Constitución no laica sino anticatólica, prohibido a la Iglesia la enseñanza –contra los deseos y derechos de muchos padres–, disuelto a los jesuitas y causado estragos en la cultura; no había movido un dedo para impedir la gran masacre…  y decía no ser enemigo de la Iglesia. Aun más estrafalaria es la suposición de que antes de él gobernaban el país los obispos o las abadesas, o la pretensión de que su experiencia particular valía más que todos los tratados de pensamiento político.

   La acusación de “ferocidad e intransigencia” a la Iglesia, aunque tenga algún punto de apoyo en el integrismo –siempre derrotado— es falsa, y podría aplicarse más bien a sus enemigos, que ya en el siglo XIX la habían despojado de bienes materiales, habían fomentado matanzas con acusaciones falsas como que los frailes envenenaban las aguas, habían disuelto las órdenes religiosas, etc.

   Imputación muy esgrimida, no solo por las izquierdas, también por comentaristas católicos y por conservadores, achaca a la  Iglesia haberse olvidado del “pueblo” para aliarse con “los de arriba”. El ensayista Salvador de Madariaga recoge, aunque con especial falta de sentido crítico,  las principales acusaciones a la Iglesia: “La Iglesia solía ponerse infaliblemente al lado de las peores causas de la vida nacional: apoyando siempre al poderoso, al rico, a la autoridad opresora, el sacerdote había llegado a ser con excesiva frecuencia objeto de aversión popular”. Esta era la acusación más eficaz, asumiendo que el rico, el capitalista, era necesariamente un ladrón explotador, enemigo del “pueblo”. Y tendría sentido si la persecución se hubiera centrado en las jerarquías y los sacerdotes de los barrios acomodados. Pero se cebó en todo el clero, y de modo especial en el clero bajo, que subsistía a menudo pobremente y realizaba una labor social que, por cierto, no hacían los partidos de izquierda. La Iglesia sostenía una red de asilos de ancianos y desvalidos,  asistencia a enfermos, centros de formación profesional y de enseñanza para hijos de obreros, empleadas del hogar  y jóvenes sin recursos, algo tanto más apreciable cuanto que por entonces apenas existía seguridad social. Lo que hacía la Iglesia, mucho o poco, y desde luego no era poco, no lo hacía casi nadie. Y es bien significativo que Azaña  quisiera prohibir a la Iglesia la beneficencia, o que la quema de “conventos” de 1931  afectara a centros de formación profesional  o escuelas salesianas para obreros. La labor eclesial en esos medios irritaba especialmente a las izquierdas, creídas de que esas capas sociales debían ser monopolio suyo.

   Madariaga, nada anticatólico, recoge no obstante las acusaciones tópicas y abona otra más:  “La cultura católica española es de una riqueza incomparable (…) ¿Qué se hizo con ese tesoro? Absolutamente nada. Los maravillosos autos sacramentales de Calderón se solían dar, de cuando en cuando en el pórtico de alguna catedral católica… pero en Suiza. En España, los sacerdotes no los conocían y los obispos fruncían el ceño al oírlos nombrar. La noble música de Vitoria, Cabezón, Salinas, yacía enterrada en los polvorientos archivos de las catedrales (…); mientras en nuestras iglesias y catedrales predominaba la música ramplona y aun a veces callejera (…) Este ha sido el mayor crimen de la Iglesia española (…) por el que vinieron a pagar miles de sacerdotes”. 

  La denuncia puede tener alguna base, pero no basta para juzgar en bloque al clero. Este no solo sostenía un inmenso patrimonio cultural y artístico heredado del pasado, sino que realizaba un gran esfuerzo intelectual, a través de instituciones como la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP),  que rivalizaron dignamente con la Institución Libre de Enseñanza (ILE), uno de los focos del laicismo español, de mucho peso en la formación de la intelectualidad  y ambientes políticos;  de centros prestigiosos como las universidades de Deusto o de Comillas o de revistas de estudios muy variados. El Debate, órgano oficioso del partido católico CEDA, no era inferior al mejor de los demás diarios españoles. Más tarde el Opus Dei representaría un papel de considerable altura en la universidad y la investigación científica,  Debe recordarse, además, que los republicanos de izquierda, no digamos ya los obreristas, procuraron desde el primer momento cercenar la actividad cultural de la Iglesia. Y no eran ellos, tan propensos a acusarla de oscurantismo, los más indicados para hablar de cultura. El propio Azaña los calificaría de botarates loquinarios y codiciosos sin ninguna idea alta; descripción no del todo injusta.

   Se ha tachado también a la Iglesia por no haber cultivado a fondo el mundo sindical. El historiador José M. Cuenca Toribio y otros han incidido en esa deficiencia, y en su insuficiente proyección sobre el mundo intelectual y universitario. Es verdad que en los dos ámbitos la Iglesia perdía terreno desde  el siglo XIX, pero no por falta de esfuerzos, a menudo de gran aliento y que de ningún modo deben ser menospreciados. Quizá la insuficiencia de su influjo social y cultural obedeciera a no haber dado con el lenguaje adecuado a los tiempos, o no haber superado cierta esclerosis intelectual que venía de lejos;  pero, como sea, ni este ni ningún otro fallo justifican la monstruosa persecución.

   Como síntesis, cita Madariaga a “una lumbrera catalana”: “Los revolucionarios han destruido las iglesias, pero el clero había destruido a la Iglesia”. La lumbrera debía de ser el cardenal Vidal i Barraquer, a quien salvaba Companys por proximidad política. El absurdo de la frase salta a la vista: ¿qué necesidad tenían de actuar los enemigos de la Iglesia, si el clero ya la había liquidado? ¿O tal vez odiaban al clero ¡por haber destruido a la Iglesia!? Sin contar que los revolucionarios iban mucho más allá de la quema de templos.  La culpa era de la víctima. Caritativa frase en boca de quien se salvaba por afinidades con los separatistas, mientras sus correligionarios, incluido su obispo auxiliar Manuel Borrás, eran asesinados a racimos, sufriendo a menudo el tormento y la muerte por no renegar de su fe, y perdonando a sus verdugos. ¿Qué otra institución o grupo de personas podía presentar un balance parejo de sacrificio y reconciliación, se compartan o no sus ideas? Pero la lumbrera tachaba a las víctimas de destructoras de la Iglesia.

    Madariaga desvaría abiertamente cuando sermonea: “Al estallar la guerra civil, la Iglesia debió haber abierto los brazos como Jesucristo, a la  izquierda y la derecha (…) debió haber luchado por la paz y la unión, y por ellas muerto. Pero no. Desde el principio se puso de un lado solo (…) No era quién la Iglesia para declararse parcial, y menos parcial en pro de la fuerza”[1]. La fuerza estaba al principio, y masivamente, del lado del Frente Popular, el cual, sin esperar ninguna toma de posición eclesiástica, llevó al frenesí una persecución comenzada ya con la llegada de la república. La Iglesia se había mostrado precisamente conciliadora –en vano–, durante los años anteriores. Y la jerarquía eclesiástica tomó  postura oficial con la Carta Colectiva del Episcopado un año después de comenzada o recomenzada la guerra. Por lo demás, pretender que la Iglesia  pusiera en el mismo plano a quienes la exterminaban y a quienes la salvaban indica cierta perturbación moral e intelectual, como en las “explicaciones” de Azaña.

   Con todo, ha habido en la misma Iglesia una corriente justificadora del genocidio. Así, en plena hecatombe, el padre Lobo colaboraba con la propaganda comunista dentro y fuera de España, utilizando el verbo ideológico de la izquierda (“soy un hijo del pueblo”, etc.).  Ossorio y Gallardo, jurista democristiano y embajador del Frente Popular, “informaba” al exterior, con la más burda falsedad, de iglesias supuestamente convertidas en “fortalezas desde las cuales se tiraba con fusiles y ametralladoras”, naturalmente “contra el pueblo”. También colaboraron con el Frente Popular los clérigos separatistas próximos al PNV– similares a los que más tarde apoyarían los crímenes de la ETA–, y las tropas navarras fusilaron a 14 o 16 de ellos. Franco detuvo los fusilamientos, que los separatistas utilizaron para hablar de “curas vascos”, aunque obviamente no fueron fusilados por ser curas ni por ser vascos. De un grupo de sacerdotes catalanes salvados por los separatistas y afincado en el Vaticano, señalaba el cardenal Gomá, también catalán:  “Ha llamado poderosamente la atención el hecho de que los sacerdotes militantes del catalanismo hayan salido todos indemnes  mientras sucumbían a centenares sus hermanos”[2]. Aquellos curas presionaban en Roma contra cualquier reconocimiento al bando que libraba a la Iglesia del aniquilamiento.

   Un muy influyente intelectual democristiano de izquierda Jacques Maritain también maniobraba contra los nacionales, defendía al racista PNV, etc. Según él, “Es un sacrilegio horrible masacrar a sacerdotes –aunque fueran fascistas, son ministros de Cristo—por odio a la religión; y es un sacrilegio igualmente horrible masacrar a los pobres –aunque fueran marxista, son cuerpo de Cristo—en nombre de la religión”. Comparación moralmente extraña: ningún sacerdote fue asesinado por fascista, sino por sacerdote. Y nadie lo fue por ser pobre, sino por razones bien distintas[3].    

   Maritain pesaría mucho  sobre el Concilio Vaticano II, después del cual la Iglesia se distanció radicalmente del franquismo. Fruto de la nueva orientación fueron actitudes como una resolución  propuesta en 1971 en la Asamblea de Sacerdotes y Obispos en Madrid, pidiendo “perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos”. De nuevo perseguidores y perseguidos quedaban en el mismo plano, con implícito desprecio a las víctimas y a quienes habían impedido  completar el genocidio. Y la súplica de perdón solo podía dirigirse a los verdugos y no a los salvadores. Por entonces sectores del clero amparaban a comunistas, separatistas y terroristas de la ETA buscando congraciarse con los partidos antaño perseguidores y luego reducidos a la impotencia por el franquismo.

    El Concilio Vaticano II aspiraba a renovar a la Iglesia y adecuarla a los nuevos tiempos del mundo.  Como decía una resolución de la citada Asamblea, la Iglesia debía “renovarse o decaer”. No está claro que la renovación propuesta tuviese mucho éxito,  pues fue como la señal para que gran número de clérigos ahorcara los hábitos, los seminarios se despoblasen, las asociaciones laicas como Acción Católica quedaran “en los huesos”, y la práctica religiosa descendiera a mínimos. Casualmente ha sido en Vascongadas y Cataluña donde la decadencia ha sido más pronunciada.  

Blog I. ¿Qué pasó tras las elecciones “del Frente Popular”? (I) http://gaceta.es/pio-moa/paso-elecciones-frente-popular-18022016-1056

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Las historias de la guerra civil suelen prestar atención insuficiente a una de sus facetas más reveladoras: la persecución religiosa y más ampliamente el papel del catolicismo. Un papel más intenso que el del cristianismo en general en el resto de Europa durante el siglo XX. La causa más evidente está en la terrorífica persecución religiosa, una de las más sangrientas de la historia, bien   documentada por Antonio Montero en su Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939 y con nuevas investigaciones por Vicente Cárcel Ortí,  Jose Luis Alfaya y otros autores.

   La exposición de casos puede darnos idea del sadismo e impulso exterminador  con que se llevó a cabo: un anciano coadjutor  desnudado, torturado y mutilado, metiéndole en la boca sus partes viriles; fusilamientos lentos apuntando a órganos no vitales para prolongar la agonía; sacerdotes toreados (a alguno le sacaron los ojos y lo castraron);  a un capellán le sacaron un ojo, le cortaron una oreja y la lengua y le degollaron; otro, torturado con agujas saqueras delante de su anciana madre; otro arrastrado por un tranvía hasta morir; once golpeados con mazas,  palos y cuchillos en una cheka  hasta hacerlos pedazos; muertos a hachazos en espectáculos públicos; un cadáver con una cruz incrustada entre los maxilares; a una profesora de la Universidad de Valencia le arrancaron los ojos y le cortaron la lengua para impedirle seguir gritando “viva Cristo Rey”;  una seglar violada ante su hermano, atado a un olivo y luego matados ambos; el obispo de Barbastro torturado y castrado… Hechos como estos, recogidos por Cárcel Ortí, y referidos casi todos a Valencia, abundaron en otras provincias, dentro de un terror rojo que incluyó  quemar vivas a  personas o echarlas a las fieras de los zoos de Madrid y Barcelona. Las vejaciones y el ensañamiento solían proseguir con los cadáveres, destrozados a golpes o quemados o tirados a los barrancos. En los conventos eran exhumados  esqueletos o cuerpos momificados y expuestos a la diversión pública… Perecieron cerca de 7.000 clérigos incluyendo  13 obispos y cerca de 300 monjas, a veces violadas antes de asesinarlas[1]. Miles de católicos, en número difícil de precisar, sufrieron  una suerte parecida simplemente por practicar su religión.

   Con frecuencia se ofrecía a las víctimas salvar la vida a cambio de blasfemar o  pisotear un crucifijo, pero rara vez tuvieron éxito, justificando el conocido verso de Claudel “et pas une apostasie”.  Conviene insistir en que se trata de hechos documentados, no de distorsiones tipo “memoria histórica”.  Esta ofensiva contra la Iglesia no es única en tiempos recientes, porque, sin remontarnos a las guerras religiosas causadas por el agresivo cisma protestante, la Revolución francesa, como la rusa o la mejicana dieron lugar a episodios similares, aun si quizá no tan ensañados.

    El ataque no perdonó los edificios: miles de templos y ermitas fueron incendiados o devastados, perdiéndose tesoros artísticos e históricos de valor incalculable: retablos, tapices, cuadros, custodias, imágenes de grandes  pintores y escultores como Montañés, Salcillo, Pedro de Mena, Alonso Cano, Sert. Ardieron archivos y bibliotecas en monasterios, conventos,  seminarios y catedrales: solo en Cataluña decenas de miles de volúmenes de la biblioteca franciscana de Sarriá, del seminario y del convento de los Capuchinos de Barcelona, en Igualada, etc. Joyas del gótico, del románico, del barroco y del mudéjar quemadas o voladas. En Madrid, incendiada la catedral de San Isidro, un verdadero museo de arte por sus pinturas italianas y españolas, esculturas, etc. Muchas iglesias convertidas en cuadras y los altares en pesebres. Parodias obscenas de misas…  En los cementerios solían ser rotas las cruces y lápidas con alusiones cristianas. Muchos otros bienes fueron saqueados como parte del  botín que se llevaron al exilio los líderes rojos, un expolio planeado desde muy pronto por Negrín.    

    Los revolucionarios se jactaban sin rebozo. En agosto del 36 Andrés Nin,  comunista del POUM que sería torturado y asesinado por comunistas soviéticos alardeaba: “El problema de la Iglesia lo hemos resuelto totalmente, yendo a la raíz: hemos suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto”. José Díaz, jefe del PCE, se alababa: “En las provincias que dominamos, hemos sobrepasado en mucho la obra de los soviets, porque la Iglesia, en España, está hoy aniquilada”. No mostraban menos euforia los anarquistas, socialistas y otros. Lo que no impedía a la Komintern dar la consigna, en septiembre, de hacer campaña internacional  desmintiendo “los cuentos de persecución religiosa”.

    Un mito presenta lo hechos como una explosión espontánea, con el gobierno o las fuerzas más moderadas de él tratando de frenarla. No es verdad, fuera de algún gesto aislado e inefectivo. Companys ayudó a salvar al cardenal Vidal i Barraquer y otros clérigos nacionalistas. Juan Simeón Vidarte, socialista y masón destacado cuenta cómo Companys soltó una carcajada al saber que Vidarte acompañaba a Francia a un monje hermano de Negrín: “De esos ejemplares aquí ya no quedan”. El diario azañista Política anima con noticias como esta, el 16 de agosto del 36: “Cien millones de pesetas (unos 150 millones de euros) en la caja de unas monjas ¡Y se llamaban hermanitas de los pobres!”. Sería una de las cajas de seguridad depositadas por particulares en  los bancos, que el gobierno abrió con sopletes para apoderarse de sus bienes, joyas y dinero. Radio Barcelona animaba: “¿Qué importa que las iglesias sean monumentos de arte? El buen miliciano no se detendrá ante ellos. Hay que destruir a la Iglesia”. El citado Política explicaba: “Ningún tesoro más precioso que la razón, la justicia y la libertad. Casi todos esos monumentos cuya caída deploramos, son calabozos  donde se ha consumido durante siglos el alma y el cuerpo de la humanidad.  ¡Bien hayan los bellos versos del poeta sobre el castillo de sus antepasados, arrasado por la Revolución francesa, versos que terminan con un pensamiento tan nuevo en poesía como en política: Bendito seas tú, viejo palacio sobre el que pasa ahora la reja del arado. Y bendito seas tú, el hombre que hace pasar el arado por ti”. La razón, la justicia y la libertad usadas como cántico y acicate a incendiarios y saqueadores mientras hipócritamente  se “deploraba”.    

   Se trató de un genocidio en el sentido técnico de la palabra, el único de la guerra civil, pues buscaba exterminar a un grupo social y aniquilar toda una cultura, la cristiana, y borrar en lo posible su recuerdo.

    La persecución venía alimentada por una crudísima y amenazadora propaganda e innumerables agresiones y  vandalismos e incendios desde el mismo comienzo de la república.  Como prólogo, durante la insurrección de octubre del 34  fueron asesinados 34 religiosos y seminaristas en Asturias y tres más en otros puntos, destrozada la biblioteca de la universidad de Oviedo y varios tempos, volados monumentos entre los más valiosos del románico en toda Europa. Entre el 16 de febrero y el 18 de julio de 1936, diecisiete sacerdotes habían sido asesinados, y otros heridos, golpeados o encarcelados, y muchos más amenazados, injuriados o expulsados violentamente de sus parroquias. En muchos lugares las izquierdas organizaron farsas de actos religiosos, o gravaron estos con tasas ilegales, o prohibieron los toques de campanas o los entierros católicos públicos. Hubo profanaciones de cementerios, destrucción de cruces y cientos de iglesias, ermitas y edificios administrativos eclesiásticos incendiados.

   Los crímenes venían abonados por una propaganda feroz, de la que es muestra la encuesta del periódico satírico La traca: “¿Qué haría usted con la gente de sotana?”. Incluye 345 respuestas del estilo de las siguientes:“Pelarlos, cocerlos, ponerlos en latas de conserva y mandarlos como alimento a las tropas italianas fascistas de Abisinia” “Caparlos y ponerlos a pan y agua, incluyendo al Papa”. “Darles una buena paliza de quinientos palos a la salida del sol de cada día”. “Castrarlos, hacerles tirar de un carretón, hacerlos en salsa y darlos a comer a Gil Robles y al ex ministro Salmón”. Etc.

  Obviamente, esta sistemática y a menudo sangrienta provocación se hacía en la creencia de que, teniendo la izquierda el poder, cualquier reacción sería fácilmente aplastada. Tales actos soliviantaban a la mayoritaria población católica, y con ello crecían el miedo y el odio impotente de muchos.

(Este texto es parte de un capítulo de un libro de próxima publicación: “La guerra civil y los problemas de la democracia en España”)

Parece que para este año algunos historiadores preparan un estudio a fondo sobre las irregularidades de las elecciones de febrero de 1936, que las invalidan como democráticas o simplemente legales. La cuestión es crucial, porque la base de todas las versiones históricas y reclamaciones políticas  izquierdistas y separatistas (siempre juntas, y no es casual), consiste precisamente en que aquellas elecciones fueron justas y de ellas salió un poder democrático. Y de ahí nacen consecuencias políticas del máximo alcance hasta hoy mismo. La realidad de aquellos comicios quedó probada con suficiente claridad por el “Dictamen sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936″: “Al realizarse el escrutinio general de las elecciones se utilizó en diversas provincias el procedimiento delictivo de la falsificación de actas, proclamándose diputados a quienes no habían sido elegidos; con evidente arbitrariedad se anularon elecciones de diputados en varias circunscripciones para verificarse de nuevo en condiciones de violencia y coacción que las hacían inválidas; se declaró la incapacidad de diputados que no estaban real y legalmente incursos en ella, apareciendo acreditado también que, como consecuencia de tal fraude electoral, los partidos del llamado “Frente Popular” aumentaron sus huestes parlamentarias y los partidos de significación opuesta vieron ilegalmente mutilados sus grupos…”

Por haberlo elaborado los vencedores, el dictamen ha sido sistemáticamente descalificado por  izquierdas y separatistas, y  apartado por la mayoría de los historiadores y políticos derechistas, temerosos de ser tildados de “fascistas” o cosa parecida.  Pero tengo la seguridad de que cualquier estudio serio y a fondo de aquellas elecciones (cuyas votaciones no fueron publicadas, lo que contribuye a hacerlas inválidas) no hará otra cosa que corroborar el citado  dictamen, con más o menos correcciones o matizaciones. En realidad, el propio Azaña reconoce que los escrutinios fueron realizados en muchos lugares en condiciones de coacción de las masas izquierdistas: “Los gobernadores de Portela habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines“. Los gobernadores eran los responsables de velar por la pureza de los recuentos. Alcalá-Zamora, en sus memorias recuperadas hace pocos años,  corrobora la anómala y antidemocrática elección: “Manuel Becerra (…) conocedor como último ministro de Justicia y Trabajo de los datos que debían escrutarse, calculó un 50% menos las actas, cuya adjudicación se ha variado bajo la acción combinada del miedo y la crisis“.  La segunda vuelta no fue presidida ya por Portela, como era legal, sino por el propio Azaña. Y una escandalosa y posterior revisión de actas a cargo de los vencedores, erigidos en juez y parte, despojó todavía de más escaños a la derecha. Para redondear la jugada, Azaña advirtió que el poder no saldría ya de manos de la izquierda.

En El derrumbe de la República he recordado y documentado la situación, que en general era ya conocida, y explicada por  Ricardo de la Cierva más fehacientemente  que  por sus sectarios críticos;  aunque no siempre bien interpretada, y desde luego falseada  sistemáticamente por la izquierda. Pero hacía falta una monografía centrada en la cuestión que disipase cualquier duda razonable, y espero que el aludido estudio cumpla la tarea.

Recordaré  que en Los mitos de la Guerra Civil, reeditado con motivo del 75 aniversario del fin de la contienda,  avanzaba que el inventor del mito de la matanza de la plaza de toros de Badajoz, Jay Allen, difícilmente pudo haber estado en la ciudad y hablado como él cuenta con responsables militares. Dudaba, asimismo, de las frases  en que Yagüe admitía la matanza, “citadas” por otro periodista useño, J. Whitaker.  Posteriormente a mi libro, la concienzuda   investigación de F. Pilo, M. Domínguez y F. de la Iglesia ha dejado claro que , efectivamente, Allen no había estado en Badajoz ni hablado con los militares y que Whitaker  no publicó las frases  por aquel tiempo, sino que las “recordó” seis años después. Pongo este caso como otra muestra de cómo, aplicando la lógica y el sentido común, podemos aproximarnos a la verdad, posteriormente establecida con pleno detalle. Señalo que el libro de Pilo y otros, La matanza de Badajoz ante los muros de la propaganda, no recibió prácticamente apoyo del despreciable PP. Imaginemos lo que habría sido una investigación probatoria en sentido contrario por parte de la izquierda.

  En cuanto a los decisivos comicios del 36, marcaron el definitivo arrasamiento de la legalidad republicana y el empuje violento a la guerra civil. El proceso electoral continuó con una segunda vuelta  en la que el gobierno  encargado de presidirla huyó casi literalmente, luego hubo una despótica “revisión de actas” para quitar decenas de escaños ganados por la derecha, y de la destitución perfectamente ilegal de Alcalá-Zamora.  A la espera de la monografía aludida, solo puede decirse una cosa desde hace tiempo: quienes presentan como democráticos tales elecciones  es porque ellos mismos no son demócratas. Se dice que la república fracasó por falta de republicanos. La democracia actual está haciendo agua por falta de demócratas. El pasado nos ofrece muchas lecciones, y nada podría ser más suicida que sustituirlas por  por  la frívola y pueril  consigna del  PP de “mirar al futuro” para proyectar en él “nuestras estériles ilusiones”.

*Este domingo hemos tratado la evolución militar  de la guerra civil en cuatro etapas bastante definidas:   https://www.youtube.com/watch?v=VXACg934MrI

 *El próximo domingo trataremos sobre la expulsión de los judíos de España en 1492

* Blog I: La gran cuestión moral de nuestro tiempo: http://gaceta.es/pio-moa/gran-cuestion-moral-15022016-1922

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Y ya que nos centramos en el caso especial de España, haremos una breve exposición sobre el régimen franquista, que se definió como  “democracia orgánica”. En ella  los votos no iban a los partidos, tildados de montajes “artificiales”,  sino que se ejercía a través de los organismos “naturales” como la familia (donde se nace), el municipio (donde se vive)  o el sindicato (donde se trabaja), o las corporaciones profesionales y culturales. El sindicato vertical agrupaba a obreros y empresarios, y en los municipios se elegían los concejales, pero el alcalde, sin sueldo, era designado desde el gobierno.    La institución superior de las Cortes, con 556 “procuradores” sin sueldo,  se componía de representantes de los tres “tercios”;  sindicatos, municipios y familias (este, desde 1967), más presidentes de los consejos supremos de Justicia y Economía, rectores de universidad, representantes de las Reales Academias y del CSIC, de colegios de abogados, médicos e ingenieros,  arquitectos, agentes de Bolsa, científicos, etc., más personas distinguidas en los ámbitos militar, eclesiástico o administrativo y “los cuarenta de Ayete” designados directamente por Franco. Como puede observarse, se trataba de combinar la elección desde abajo con la presencia de personas a las que, por sus tareas culturales o administrativas, se les atribuía una visión más amplia de los intereses generales. El principio electivo, que podía dar el poder a oligarquías demagógicas, se contrapesaba con lo que podía llamarse una “oligarquía natural” meritocrática, menos dada, se esperaba, a veleidades populacheras.

   En teoría, el voto orgánico, al ejercerse en ámbitos conocidos por las personas, por estar integradas en ellos, tenía ventajas sobre el voto inorgánico demoliberal, ejercido por masas anónimas de individuos aislados que eligen a personas y aparatos de  poder de los que saben muy poco y a menudo erróneo. Hannah Arendt, en su estudio  sobre el totalitarismo, achaca a la democracia liberal la producción de individuos desarraigados a partir de la propia concepción de los Derechos del Hombre, fundados supuestamente en la misma naturaleza humana. Con ellos, el individuo quedaba único dueño de sí mismo y árbitro de su conducta frente a la religión, la historia y la costumbre, contrarias supuestamente a “la naturaleza”. Pero esos derechos serían abstractos y sin garantía real, pues el estado, que debe asegurarlos, tiende también a vulnerarlos. Además, los individuos quedan así atomizados y aislados, manipulables y por ello propensos a seguir a demagogos fuertes y seguros que prometen paraísos totalitarios. Ortega, en La rebelión de las masas, hace una fuerte crítica del mismo tipo de individuo, el “hombre masa” “vaciado de su propia historia”, “falto de un “dentro”, de intimidad y vida personal”, que “tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones” y víctima probable de cualquier demagogia.

   Contra una opinión corriente, la idea de democracia orgánica tiene carácter más bien izquierdista. En España parte de la Institución Libre de Enseñanza,  inspirada en el filósofo alemán Karl Krause; uno de sus promotores fue el intelectual socialista Fernando de los Ríos, miembro de la ILE. Teorizador destacado fue también Salvador de Madariaga, que en su obra Anarquía o jerarquía, quiere salvar el liberalismo a costa de la democracia. Según él, el sufragio universal  movilizaba a masas ignorantes de la política y en el fondo desinteresadas de ella, lo que las inclinaba a seguir a dictadores. Votaban, además a pequeñas listas de personas seleccionadas secretamente  por la “gente parcial e irresponsable”  de los partidos:  “Todos sabemos a qué descrédito ha llevado este sistema a los Parlamentos” . Por ello proponía limitar el voto a quienes  demostrasen interés político, por ejemplo mediante “servicio voluntario a alguna institución pública de enseñanza o de beneficencia”. Sin embargo su voto sería solo municipal. Luego, los concejales elegirían a los diputados regionales, estos al Parlamento y este, en fin, al gobierno, con lo cual se impondría una jerarquía de los mejores o más expertos. Habría además un Consejo Económico Nacional. A su juicio, “El modo de regir un país para su máximo rendimiento en orden, salud física y mental y prosperidad  se va haciendo cada vez materia menos opinable y más cognoscible por el estudio y la reflexión”, una idea que recogerá Fernández de la Mora y conducente a alguna forma de tecnocracia. Ya hemos visto también que comunistas y nazis partían de concepciones no alejadas en la forma, aunque sí en el contenido: con ellos la política pasaba a convertirse en ciencia, que eliminaba cualquier oposición o división de opiniones. Aunque conocemos los frutos de tales concepciones, el problema teórico del contraste entre la minoría más o menos sapiente y la masa más o menos ignorante,  es real y permanente.

   La democracia orgánica tiene sin embargo varias dificultades, porque el poder queda dividido en dos estratos, uno limitado al nivel sindical y municipal, que difícilmente  puede tratar  los intereses generales  de la nación, y otro superior para el conjunto nacional, que en realidad queda autónomo y de casi imposible control para los ciudadanos.  Por otra parte no impide conflictos internos a todos los niveles, como observaba el sociólogo J. J. Linz.  Este tipo de democracia permitiría en principio  una mayor efectividad  en cuanto a logros prácticos  para la sociedad, evitando las querellas y obstrucciones de partido, pero al mismo tiempo, y por ello mismo, debería restringir, incluso drásticamente, las libertades políticas, a fin de impedir las oposiciones juzgadas perturbadoras. Finalmente la oligarquía o élite más especializada en la política sería la que decidiera qué corporaciones tendrían derecho a representación, sobre todo cuando intentasen crearse algunas nuevas de acuerdo con la evolución espontánea de la sociedad.

   La democracia orgánica franquista, pues, aspiraba a armonizar las dos fuerzas: la de la masa mayormente ignorante, excepto de sus intereses más particulares (municipales, familiares o sindicales), pero afectada por el poder y con algo que decir sobre él; y la minoría mucho más experta y con más amplia visión, pero inclinada a la demagogia por la necesidad de ganar los votos de los insipientes. El problema es real y nunca resuelto del todo en ningún sistema.    

   Definiendo la esencia de la democracia como consentimiento popular, es obvio que el franquismo dispuso de un consentimiento muy mayoritario hasta el final, pero es más dudoso que el mismo brotara a través de la democracia orgánica. Probablemente había tres fuentes de tal consentimiento: el prestigio y la adhesión a Franco (la misma oposición le mostraba un respeto supersticioso, dando por sentado que nunca conseguiría derrocarle ni cambiar nada esencial mientras viviera); la sensación de que el régimen representaba efectivamente la unidad nacional frente a injerencias externas o presiones balcanizantes; y el hecho real de la reconstrucción del país en su primera etapa y el extraordinario desarrollo económico en la segunda. Había un elemento más, negativo: el recuerdo de la república y el Frente Popular, disuasorio para la gran mayoría. Porque los mecanismos prácticos de democracia orgánica nunca despertaron demasiado interés en la población.  

“Cita con la Historia”: próximo domingo, trataremos la evolución militar de la guerra civil, desde un comienzo prácticamente desesperado para los nacionales, dada la enorme superioridad material del Frente Popular. www.citaconlahistoria.es

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