Blog de gaceta.es: Londres y Gibraltar piratean / Un examen de la garzonada / Deriva de España
Una entrevista interesante: La nueva izquierda y la Iglesia: http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=19676
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Al igual que el comentario ¿Es España una nación?, del 14 de marzo, este es un capítulo de un libro, Claves de la historia de España, que espero aparezca en el otoño.
LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA.
Existe hoy una tendencia a considerar la democracia como único régimen legítimo posible, lo que condenaría implícitamente a la ilegitimidad a prácticamente todos los existentes en el mundo hasta tiempos muy recientes, idea cuyo mero enunciado revela su absurdo. También suele creerse que la democracia es un método aplicable a cualquier institución: obviamente solo lo es a la política, pero no a la empresa, a la banca, al ejército, a la Iglesia y tantas otras instituciones, que no reposan ni pueden reposar sobre una jerarquía nacida del voto. Por otra parte, el término democracia se usa en versiones y con adjetivaciones muy varias, originando regímenes excluyentes entre sí. Aquí la definiremos en breve como el liberalismo más el sufragio universal. El liberalismo, doctrina históricamente reciente y resultado de un largo esfuerzo intelectual por evitar la tiranía, limita el poder político mediante libertades cívicas, duración limitada de los mandatos, reglamentación de la lucha política y separación de poderes; el sufragio universal concede la legitimidad para gobernar. Es difícil concebir una democracia no liberal, ya que tendería al totalitarismo (supresión de libertades y absorción de la sociedad por el estado), pero sí ha existido un liberalismo sin democracia en la Europa del siglo XIX. El sufragio universal es aún más reciente que el liberalismo y casi no ha existido hasta el siglo XX, máxime si incluimos el voto femenino. En la propia Usa, la democracia más antigua, puede decirse que esta no se completó hasta entrados los años 60 del siglo pasado, cuando se garantizó el voto de los negros en los estados del sur.
Conviene hacer dos observaciones: pese a su relativa novedad, la democracia hunde sus raíces profundamente en la historia europea, y por supuesto en la española, y cuenta con precedentes como el de la Atenas clásica. En segundo lugar, su significado como “poder del pueblo” es irreal si se entiende por ello que el pueblo ejerce el poder. El poder es siempre o casi siempre simultáneamente monárquico (un líder máximo –rey, emperador, presidente…), oligárquico (por la capa de personajes que secunda al líder y organiza el estado) y democrático (no será estable sin la aquiescencia mayoritaria de la población). Lo propio de la democracia es que el tercer elemento, la aquiescencia pasiva en los regímenes tradicionales, cobra mayor protagonismo al decidir por el voto, cada cierto tiempo, quiénes deben gobernar. Lo cual significa que no es “el pueblo”, tampoco, quien decide, sino una fracción de él, incluso minoritaria si las fracciones contrincante son aún menores.
La democracia ha adquirido prestigio por tres razones: da más voz a la población, permite libertades políticas considerables y, en la mayoría de los casos, ha promovido una riqueza superior a la de otros sistemas. Por ese prestigio, también los totalitarismos suelen autodeclararse democráticos, incluso superando la democracia liberal. Por otra parte, el sistema afronta serias críticas, por la posibilidad de degeneración demagógica o desintegración social. La historia de los países occidentales durante el siglo XX puede considerarse, al menos en parte importante, como una pugna en torno a la democracia. En la Europa del oeste solo se consolidó, al menos hasta ahora, por la intervención bélica de Usa en la II Guerra mundial; y en los países del este europeo, tras el derrumbe del Imperio soviético hace ahora poco más de veinte años.
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En España, como en otros países, la democracia venía planteándose en el siglo XIX y no tomó carácter preciso hasta el XX, siguiendo un curso particular. De hecho, es uno de los pocos países europeos que ha alcanzado su democracia por su propia evolución interna y no por intervención militar exterior, es decir, useña.
El proceso puede resumirse así: antaño, los partidos que más alto enarbolaban la bandera democrática rechazaban el liberalismo y por tanto tendían en realidad al totalitarismo o a dictaduras: así los socialistas, diversos separatistas, republicanos de izquierda y otros. Y la derecha trataba de amoldarse a la democracia sin entusiasmo y sin verdadero pensamiento, ya que la intelectualidad, como vimos, reaccionó contra la Restauración y el liberalismo, según ha expuesto J. M. Marco en su libro La libertad traicionada. La democracia registró aproximaciones en la Restauración y luego en la II República, y finalmente ha adquirido cierta estabilidad a partir de 1977, no sin graves deficiencias. Por extraño que suene, la transición del franquismo a la democracia es una de las cuestiones que han generado más equívocos y confusionismo, que he examinado en La Transición de cristal.
Hacia el final del régimen autoritario de Franco, la mayoría de sus políticos (aunque no todos) pensaban que la democracia era posible y necesaria. Ninguno tenía una idea teóricamente fundamentada al respecto, ni sobre el alcance y concreción del nuevo régimen, pero creían forzoso “homologarse” al resto de Europa occidental. Y por otra parte el franquismo había creado inmejorables condiciones al efecto: los odios que habían destrozado a la república estaban olvidados para la gran mayoría de la población, y España disfrutaba de una prosperidad continuada por primera vez desde la invasión napoleónica. Así, fueron un rey nombrado por Franco, unos jefes de gobierno y ministros procedentes del régimen y unas Cortes franquistas las que decidieron el paso a la democracia “de la ley a la ley”, desde la legitimidad franquista a la democrática. Un cambio que se definió como “reforma”, aunque tendría que desmantelar el aparato del régimen anterior. Aprobada la reforma por las Cortes, en 1976, restaba confirmarla por un referendum popular que la apoyara a su vez.
El primer escollo a ese designio estaba en la oposición antifranquista, que rechazaba la reforma y pretendía lo que llamaba “ruptura”, es decir, negar toda legitimidad al franquismo y enlazar, política y sentimentalmente, con el Frente Popular derrotado en la Guerra Civil. Entender a aquel antifranquismo exige recordar su composición: el único partido bien organizado y con cierta influencia y que había hecho oposición real a Franco era el comunista (PCE), inspirado por la doctrina política más radicalmente antidemocrática y totalitaria del siglo XX, aunque por razones tácticas hablara de ganar las libertades. El PCE había amalgamado en torno a sí a gran parte del resto de la oposición, desde cristianos “progresistas” a grupos terroristas, separatistas o pacifistas. Previendo la muerte del Caudillo había montado la llamada Junta Democrática, a fin de orientar al conjunto de la oposición. Aparte había personajes sin representatividad y grupos menores, a menudo también comunistas o terroristas, el más importante la ETA.
La dificultad para la reforma radicaba, por tanto, en el PCE, y para resolverlo se procedió a reforzar a un Partido Socialista entonces insignificante y sin historial práctico de oposición al franquismo. El PSOE recibió apoyo económico y mediático de muy diverso origen, hasta de la extrema derecha alemana, y campañas de imagen favorables en la prensa española, que le dio máxima cobertura presentándole como el interlocutor del gobierno en la izquierda. El PSOE trató de aislar a la Junta del PCE montando un organismo rival, llamado Plataforma Democrática. Pero el PSOE, también marxista, propugnaba un socialismo autogestionario, “autodeterminación” con probable secesión de varias regiones, república federal, etc. Programa más revolucionario que el del PCE (como ya había ocurrido en la república), pues este, por temor a quedar fuera de la legalidad, dejó en segundo plano la “autodeterminación” y accedió a la economía de mercado, la monarquía, la bandera nacional, etc. Conforme avanzaba el plan reformista, la Junta y la Plataforma unieron fuerzas contra él, y aprovechando las libertades de facto lanzaron movilizaciones que culminaron en una huelga general (fallida) y en el boicot al referendum que debía respaldar al plan de reforma.
En el referendum en diciembre de 1976, el pueblo votó masivamente la reforma, dejando claro que el antifranquismo era, por el momento, muy poco influyente, sin exceptuar al temido PCE. Además, no era democrático, como hemos indicado. En rigor, el franquismo no había tenido oposición democrática, y cuando los presos políticos salieron a la calle en las amnistías de la Transición, no eran más que unos 300, todos ellos, prácticamente, comunistas o terroristas. Aunque la oposición en pleno invocaba las libertades, su carácter quedó en evidencia repetidamente. Por ejemplo, cuando en 1976 visitó España Solzhenitsin, uno de los grandes testigos de la barbarie totalitaria del siglo XX, y expuso en televisión las enormes diferencias entre el régimen de Franco y el soviético, la respuesta casi unánime del antifranquismo consistió en una salva de injurias e insidias contra el escritor ruso por haber criticado a la Unión Soviética. En el festival de insultos participaron intelectuales de derechas como Cela o Jiménez de Parga, y un señalado escritor “progresista” — no comunista–, Juan Benet, recomendó desde una revista cristiana “avanzada” que no se dejara escapar del Gulag a personas como Solzhenitsin. Por otra parte, como veremos, el Frente Popular del que querían sentirse herederos, había sido a su vez radicalmente antidemocrático.
Otro rasgo revelador de aquella oposición fue su simpatía política y moral a la ETA, ya visible en gran parte de la prensa durante el propio franquismo. Cuando la ETA emprendió sus asesinatos, en 1968, obtuvo los apoyos más amplios: la oposición antifranquista casi en pleno, gran parte del clero separatista vasco y de otros sectores clericales, el gobierno francés, el argelino y otros de Europa occidental, etc. El prestigio y relativo apoyo popular de la ETA, y capacidad para rehacerse de los duros golpes que el franquismo le asestó, fueron en muy grande medida fruto de esas complicidades: era un grupo socialista, como la mayor parte de la oposición, y antiespañol, tendencia muy extendida, como hemos ido viendo. Y así se justificaba el asesinato como forma productiva de hacer política, que iba a convertirse en un cáncer de la democracia.
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Superado el rupturismo, quedaba por articular el nuevo estado, y fue entonces cuando la Transición empezó a desequilibrarse. Se equiparó antifranquista a demócrata, y empezó a emplearse el adjetivo “franquista” como acusación, con la aquiescencia de una derecha ideológicamente claudicante. Aun así, las elecciones de 1977 las ganó la UCD (Unión de Centro Democrático), cuyos componentes, casi todos, procedían del franquismo, desde su líder, Adolfo Suárez. Este, respaldado por el rey Juan Carlos, trató de disimular su pasado e hizo mil concesiones a los antifranquistas, pasando a otro partido de derecha, la Alianza Popular de Fraga, el sambenito de franquista. Suárez era un político campechano y habilidoso para el regate en corto, pero inculto, de pocas luces y de muy pobre formación intelectual (él mismo se jactaba de no haber leído casi ningún libro). Juan Carlos compartía con él bastantes de esas cualidades y defectos.
Simultáneamente, la ETA, muy maltrecha en los últimos tiempos de Franco, se rehízo en un nuevo ambiente más propicio y, con otros grupos terroristas como el GRAPO, Comandos Autónomos y algunos catalanistas, multiplicó sus asesinatos con intensidad mayor que nunca, combinados con intensa agitación callejera. Los flojos políticos de derecha y la oposición más o menos proetarra aceptaron la idea de una “salida política” por encima de la policial, error que no se subsanaría en muchos años. Así aceptaban el asesinato como un modo de hacer política, ofreciendo a los pistoleros concesiones ocultadas a la ciudadanía. Los etarras, al tiempo que asesinaban, hacían política legal, ingresaban recursos públicos, dominaban alcaldías y explotaban a fondo el “prestigio” de antifranquistas y luchadores “por la libertad” que les había facilitado la oposición. Ello confirmaba a la ETA la debilidad del gobierno, dándole grandes esperanzas de avanzar hacia sus objetivos, y a la opinión pública, sobre todo en Vascongadas, la impresión de que el programa etarra tenía futuro. Y los demás separatistas vascos y catalanes arrancaron concesiones al gobierno presentadas como un modo de quitar audiencia popular al terrorismo y presentándose como alternativas moderadas a este.
Estos desvíos lastraron la Constitución. España había tenido varias constituciones desde la primera de 1812, todas viciadas por el defecto, entre otros, de ser de partido o poco representativas. Por tanto, se procuró esta vez el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Arduo problema, por la dudosa lealtad de muchas de aquellas fuerzas, orientadas por un concepto negativo de España y su historia, como había señalado del PSOE el filósofo Julián Marías; y porque sus convicciones e ideas tenían poco de democráticas (para los marxistas, las libertades eran solo un instrumento a utilizar en camino a su proyecto totalitario; los separatistas veían la autonomía como un paso hacia la secesión). Ello aparte, la Constitución fue elaborada de forma irregular y ocultista: en la ponencia constitucional intervenían personas de ideas muy varias, y al lado o por encima de ellas decidían dos personajes, el socialista Alfonso Guerra y el suarista Abril Martorell, que se consideraban mutuamente ineptos en derecho constitucional. Guerra decidió que Montesquieu, es decir, la división de poderes “había muerto”
La Constitución resultante recuerda el dicho de que un camello es un caballo diseñado por una comisión. Salió de allí un “estado de las autonomías” que afirmaba la integridad de España, pero abría la puerta a un vaciamiento progresivo del estado en pro de dichas autonomías; y no establecía claramente la independencia judicial; o afirmaba derechos como el del trabajo bien remunerado o una casa digna, que volvía inconstitucionales a todos los gobiernos (el paro masivo ha sido una constante desde entonces). Como alguna vez señaló Einstein, “Nada destruye más el respeto por la ley que la aprobación de normas que no pueden aplicarse”. En la práctica unificaba antidemocráticamente todos los poderes al arbitrio del partido ganador o del acuerdo interesado entre los partidos mayores. Pese a las campañas a su favor, el referendum para aprobar la Constitución, en 1978, recibió mucho menos respaldo popular que la reforma en 1976. Incumplida en varios aspectos, en otros facilitaba las tendencias disgregadoras y una partitocracia a menudo corrupta. Y esas taras no llegarían a corregirse desde entonces.
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La mala gestión de Suárez, que volvió a ganar las elecciones en 1979, encendió las alarmas del sistema: estancamiento económico, paro, terrorismo y secesionismos en rápida progresión. Con la UCD desintegrándose e impidiendo un gobierno coherente. El malestar llevó a la dimisión del propio Suárez y a un intento de “golpe de timón” ilegal, en el que estaban comprometidos el rey, los socialistas y sectores de la derecha, a fin de imponer un gobierno de concentración para afrontar la crisis. El plan fracasó cuando Tejero asaltó las Cortes el 23 de febrero de 1981 y rehusó seguir el guión. Durante años se ha suministrado una información incompleta o fraudulenta del asunto, presentándolo como un golpe militar más o menos franquista, pero la verdad ha sido desvelada en lo fundamental por algunos testigos e historiadores, en particular Jesús Palacios*.
Fruto de tal fracaso y de la ignorancia popular sobre sus entresijos fue, en 1982, el triunfo arrollador del PSOE, autopresentado como el partido de un cambio basado en la firmeza y en cien años de honradez. En palabras del ideólogo Alfonso Guerra, “al país no va a reconocerlo ni la madre que lo parió”. Su balance, dirigido por Felipe González, empeoró el de la UCD. La ley pronto fue vulnerada y el Tribunal Constitucional desacreditado con el expolio de las empresas Rumasa; la corrupción cundió triunfante, la “salida política” a la ETA se mezcló con terrorismo gubernamental (el GAL) para empujar a los asesinos más recalcitrantes a una negociación mal definida; parte de la justicia se politizó; el paro subió a la cifra nunca vista de tres millones, y el peso del estado en la sociedad se hizo mucho mayor. Como puntos positivos suelen reseñarse una reconversión industrial y crecimiento económico superior a la media europea, la entrada en la CEE –luego Unión Europea—y en la OTAN. Sin embargo un examen más próximo suscita dudas. El auge económico, poco duradero y con millones de parados, fue poco sano comparado con el del franquismo; la entrada en la CEE, en condiciones poco favorables, inició una progresiva pérdida de soberanía en beneficio de la burocracia de Bruselas; y la entrada en la OTAN dejó la colonia inglesa de Gibraltar –que recibió del PSOE insólitas ventajas—sin proteger Ceuta y Melilla.
Los continuos escándalos de corrupción, el terrorismo del GAL (el PSOE tiene un considerable historial terrorista, casi siempre olvidado) y las altas cotas de desempleo acabaron en 1996 con el poder socialista, pero este había durado casi catorce años. ¿Cómo fue posible tanta duración pese a tal balance? Creo que se debe a su éxito en crear una serie de estereotipos como partido de “los trabajadores” o de “los pobres” y especialmente democrático, al punto de apropiarse el mérito de una transición que en realidad había obstaculizado. Con el mismo éxito castigó a la derecha con la imagen de partido de los ricos y los explotadores, “la caverna” más o menos “franquista” y peligro constante para la democracia. Estos clichés funcionaron gracias a la renuncia de la derecha, ya con Suárez, a la lucha por las ideas, de modo que aun con una gestión tan lamentable, el PSOE tardó en ser derrotado, y conservó la masa de sus votantes.
El PP, con José María Aznar, gobernó los siguientes ocho años. Llegó con una promesa de regeneración democrática que no llegó a cumplir. Su gestión tuvo elementos muy positivos: la corrupción descendió, el paro bajó a algo más de la mitad y las finanzas se sanearon. El dato principal fue, en la lucha contra la ETA, la sustitución, al menos parcial, de la destructiva y corruptora “solución política” por la policial acorde con el estado de derecho: el brazo político terrorista fue ilegalizado, perseguidas con empeño sus finanzas y frustrada la mayoría de sus atentados. La ETA, en palabras de uno de sus jefes, fue empujada “al borde del abismo” y aquel cáncer de la democracia entró en vías de cura, aunque los separatismos se sintieron amenazados por el final previsible del terrorismo y acentuaron sus presiones chantajistas. Como datos negativos cabe señalar un crecimiento económico un tanto desequilibrado, debilidad frente a unos sindicatos demagógicos, corruptos y marxistoides, mala política en relación con los medios de masas y entrada del PP en la carrera hacia el vaciamiento del estado, particularmente desde Valencia, y fomentando el nacionalismo en Andalucía y Galicia.
Con todo, los éxitos del PP parecían asegurar su continuación en el poder bajo la jefatura de Mariano Rajoy, pero este mostró ausencia de ideas políticas y mentalidad meramente economicista (“La economía lo es todo”). Por ello, su antagonista del PSOE, Rodríguez Zapatero, recortó distancia con él en las encuestas electorales de 2004, hasta que el no bien aclarado atentado del 11 de marzo, con casi 200 muertos y 2.000 heridos y su explotación política por el PSOE, inclinó definitivamente la balanza a favor de este.
El segundo período socialista, de siete años largos, empeoró aún la gestión de Felipe González. Su clave fue la imposición de la ruptura que no pudo lograr en 1976: una espuria ley de memoria histórica trató de ilegitimar el franquismo (e implícitamente la transición y la monarquía salidas de él) y legitimar al Frente Popular como fuente de la democracia. Al modo de los países totalitarios, dicha ley trató de implantar una versión particular de la historia reciente, falsificada de arriba abajo, ayudada por la nula oposición del PP de Rajoy, falto, una vez más, de principios o ideas no economicistas.
Esa ruptura se reflejó en otro hecho decisivo: el gobierno pasó de perseguir a la ETA a colaborar con ella so pretexto de obtener así “la paz” (la ETA nunca había alterado la paz en España, aunque había causado una continua tensión, a causa de la desacertada política oficial hasta Aznar): a base de concesiones contra el estado de derecho, los terroristas “dejarían de matar”, aunque este objetivo lo había alcanzado prácticamente Aznar mediante la aplicación de la ley. Así, el PSOE volvió a legalizar el tentáculo político etarra, ayudándole económicamente; frenó la acción policial hasta el punto del “chivatazo” a los terroristas frente a la acción de los jueces; concedió indemnizaciones cuantiosas a familiares de terroristas muertos durante el franquismo y presentados como luchadores por la libertad; regaló una imagen favorable a jefes etarras como inclinados a “la paz” y dio a los asesinos proyección internacional en el Parlamento europeo; trató de dividir, desacreditar e intimidar a las víctimas directas del terrorismo; y, sobre todo, ofreció a los asesinos avances hacia la secesión mediante nuevos estatutos que no respondían a ningún interés social, sino de los partidos, iniciados por el PP en Valencia y sistematizados por el PSOE en Cataluña. Según el presidente de la Generalitat, el socialista Pasqual Maragall, la nueva autonomía dejaba en “residual” la presencia del estado en la región. Ese estatuto ambientaba los tratos del gobierno con los asesinos, tratos mantenidos en la clandestinidad y engañando a la opinión pública.
Tal colaboración no se entiende sin constatar la densa afinidad ideológica entre la ETA y el PSOE: ambos comparten una ideología socialista, una idea negativa de la historia de España, adhesión a movimientos radicales antioccidentales en todo el mundo, y otras características. Tampoco es casual que un gobierno antipatriota haya acentuado las claudicaciones ante Inglaterra en relación con Gibraltar, ante Marruecos y ante Francia, echando por tierra la buena posición europea lograda por Aznar.
El PSOE cultivó también un feminismo agresivo con pretensión de equiparar a la mujer por encima de la única igualdad democrática aceptable, la igualdad ante la ley obtenida decenios antes. Su concreción fue el socavamiento de la familia, la promoción el aborto como un “derecho”, de las relaciones sexuales a edades muy tempranas, de la pederastia, la homosexualidad y el exhibicionismo lesbiano, la intromisión del estado en la intimidad personal y familiar sustituyendo a la autoridad de los padres, etc. Todo ello subrayado por una agresividad contra la Iglesia que resultaría menos siniestra si no existiera el precedente, durante la Guerra Civil, del genocida intento de exterminio del clero, junto con todo el legado cristiano, base histórica de nuestra cultura. Se agravaron asimismo la corrupción y la politización de la justicia (el caso Garzón es emblemático).
Ya en su primer mandato los abusos e ilegalidades de Zapatero provocaron masivas protestas populares y debieran haberle hecho perder las elecciones en 2008, pero la ausencia de ideas y principios del PP le permitieron ganar de nuevo, y ha sido la economía lo que le ha desbancado. Durante años, el gobierno del PSOE se benefició de la herencia económica, bastante buena, del PP de Aznar, pero finalmente agravó aquí la crisis europea y superó a Felipe González, “produciendo” más de cinco millones de parados. Ante la dramática situación y su irresponsable demagogia, la presión internacional forzó a Zapatero a elecciones anticipadas, ganadas por el PP.
Para este partido se abre ahora la oportunidad de una regeneración democrática, perdida en 1996, de corregir a fondo errores y defectos ya viejos; y también se abre la posibilidad de empeorar la situación, al complicarse una compleja crisis política con la económica. Es pronto para predecir qué ocurrirá, aunque los augurios no son buenos. El concepto de regeneración democrática parece ajeno al lenguaje del PP actual.
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El balance de la democracia actual en España no ha sido bueno y ha derivado en partitocracia, dependencia excesiva del exterior, graves tensiones disgregadoras y una dañina involución. Punto menos tratado, pero no menos importante, es el deterioro constante de la salud social: delincuencia y población penal, fracaso matrimonial y familiar, violencia doméstica, aborto, fracaso escolar, corrupción política homosexualismo, prostitución, embarazo de adolescentes, ludopatías, consumo de drogas y alcoholismo, consumo de telebasura, etc. Simultáneamente, la natalidad ha descendido por debajo del nivel de reposición, lo cual augura graves repercusiones económicas y de todo tipo, e indica una población moralmente pesimista o decadente. La masiva inmigración no compensa ese fenómeno, sino que posiblemente lo agrava, pues se trata de personas con otras culturas no identificadas con la del país, lo que añade un plus de desequilibrio. Estos problemas, unidos a los políticos ya mencionados muestran una sociedad con grandes carencias democráticas, morales e intelectuales.
Al observar la historia española desde la crisis del 98, constatamos que los períodos en que España se repuso de serias crisis, creció más y mejor y mantuvo una mayor cohesión, fueron las dos dictaduras, la breve de Primo de Rivera y la larga de Franco, ambas autoritarias pero muy alejadas del totalitarismo. De ahí cabría deducir que la democracia funciona mal o no puede funcionar en España. Un análisis más detenido indica más bien lo contrario: el franquismo creó de hecho condiciones excelentes para una democracia no convulsiva como la de la república, y ello hasta el punto de que las demagogias liberticidas y separatistas sufridas en estos decenios no han conseguido aniquilar al país ni como nación ni como sistema de libertades. La crisis causada por el PSOE de Felipe González generó una exigencia, mal atendida por la derecha, de regeneración democrática que corrigiese los errores de la Transición en lugar de empeorarlos. Opino que esa es precisamente la consigna que puede salvarnos de un progresivo y catastrófico deterioro. España puede enorgullecerse de haber llegado a la democracia por sus propios medios, no por intervención exterior como casi todo el resto del continente. Debemos ser conscientes de lo que nos jugamos y no tratar de echar por tierra ese logro histórico con demagogias de uno u otro signo.
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Uno no sabe si reír o llorar ante las elecciones andaluzas y asturianas. Obviamente, la población está mayoritariamente estupidizada: son demasiados años de telebasura, de política basura, corrupción y periodismo basura para que no hayan calado en una gran masa de población. Que haya tanta gente que vote al PSOE después de haber llevado al país a la ruina (no solo económica) revela lo que hay. Por otra parte no es desagradable el considerable baño que se ha llevado un partidejo como el PP, falto de principios y de ideas, que no representa sino que explota políticamente a una masa de opinión (deseosa de que la embauquen, por otra parte). En fin, señores, cuando ganó el PP por mayoría absoluta (en realidad no ganó las elecciones, sino que se las ganó la crisis económica), mi impresión fue que era un partido de bajo perfil para una crisis de alto perfil –y no solo ni principalmente económica aunque esta sea muy urgente–. En mi opinión, podía ocurrir que el PP esperase solucionar la parte económica para, con esa fuerza política, resolver las otras crisis; y podía ocurrir que el futurismo de ese partido solo contemplase el lado económico. Pero incluso en el primer caso, la crisis política y moral no iba a esperar a que se resolviese la económica, sino a complicarse con ella. Ahí tienen a estos necios bailándole el agua a CiU, que ha optado ya por el separatismo a calzón quitado mientras no cesa en sus chantajes.
Lo que sorprende es que no aparezca un liderazgo y un programa capaz de disputar el campo al PP y al PSOE. Ejemplos como el de Cascos o el de Rosa Díez, pese a la flojedad de sus partidos, demuestran que ello es posible. Pero falta talento, por lo que se ve: el espíritu sopla donde quiere, y por lo visto no quiere soplar en España.
**** Arenas descarta de plano cualquier pacto con UPyD en Andalucía. Arenas, el hombre de la “realidad nacional andaluza” y del orate Blas Infante como “padre de la patria andaluza”. Con quien pacta muy a gusto el PP es con CiU, y probablemente con el PNV. Y es que el PP odia que salgan por ahí partidos que se alejan del juego (corrupto) entre ese partido, el PSOE y los separatistas. Entre estos, en el fondo, se entienden. Ya sabemos a costa de qué
* J. Palacios, 23-F. El Rey y su secreto, Madrid, 2011. Para el periodista Luis María Ansón, comprometido en el plan, el libro de Palacios es cierto en “un 70%”