Blog I: Notas sobre Europa y la UE : http://www.gaceta.es/pio-moa/notas-europa-ue-23052014-1420 

**Este domingo en Radio Inter, de 4 a 5 de la tarde, Cita con la Historia: “Los felices años 40 en España”.

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Liberalismo y democracia

   ¿Podría mejorarse este panorama? Desde luego una exigencia fundamental sería elaborar una interpretación política  que rompiese la dicotomía democracia-liberalismo, arrancando la decisiva bandera de la democracia a unas izquierdas y separatismos cuyo historial desmiente sus pretensiones.  La derecha ha reconocido la patente  democrática a la izquierda, y le ha hecho algunas críticas poco productivas. Argumentos típicos en esa línea son que la verdad no la deciden los votos, o que no puede valer lo mismo el voto de un médico que el de un barrendero. El primer argumento yerra, a mi juicio, por dos razones. En primer lugar, la verdad en política es algo a lo que nos acercamos, sin llegar nunca del todo, mediante el debate y la lucha de ideas e intereses. La verdad política no es algo dado y permanente de lo que se parte, si exceptuamos algún principio muy general en que estarán de acuerdo demócratas y antidemócratas, como es  la necesidad de evitar el despotismo. Pero la cuestión es cómo lograr evitarlo en las circunstancias históricas actuales. En otro tiempo, el despotismo se  corregía, hasta cierto punto, mediante la formación moral del soberano y la existencia de grupos y cuerpos sociales con sus propios derechos y cierta representatividad. El liberalismo propone la solución más drástica de limitar el poder por medio de los derechos  y libertades individuales y de la autonomía de los poderes, sobre todo el judicial.

   No voy a discutir ahora cuál sería la solución, solo señalar que la vuelta al antiguo régimen o similar resulta imposible. Y que la denuncia de los males  que acompañan al liberalismo no debe sugerir que las antiguas fórmulas de poder asegurasen la estabilidad y calma social, porque es falso, según proclama la historia. Ningún sistema puede evitar los problemas nacidos del carácter  conflictivo de la convivencia humana, y por tanto no hay sistema sin fallos. El liberalismo ha generado inestabilidad, incluso neurosis social,  pero también una evolución cultural, económica y política cuyo balance ha resultado beneficioso para la mayoría. Hoy parece imposible, y desde luego indeseable, acabar con las libertades de expresión, asociación, etc., que solo pueden ser reguladas por ley; o establecer  un gobierno permanente, no sujeto a elecciones; o eliminar la  autonomía de los poderes, por más que ninguna de estas cosas funcione plenamente en ninguna democracia, y haya constante tendencia a limitarlas o ampliarlas en exceso.

   Tampoco tiene sentido el argumento del distinto valor del voto de una persona ilustrada y otra del montón, con la idea implícita de que los no ilustrados son más susceptibles de caer en la demagogia. Pues la  gente corriente sigue normalmente a grupos dirigidos por personas ilustradas, las cuales no por ilustradas dejan de ser muchas veces irresponsables o perversas. Tener estudios superiores no vacuna contra la demagogia; es más, todas las demagogias en boga proceden de gentes con estudios, poseer los cuales es necesario para decir cierta clase de tonterías, como  señalaba Orwell.  Además, cualquier persona, con estudios o no,  puede tener una idea clara de sus intereses o cierta intuición de la justicia. Por otra parte, la idea de una minoría ilustrada, pretendidamente conocedora de la verdad, que por eso mismo adquiere un derecho permanente al poder, conduce directamente a la tiranía. También es iluso imaginar una minoría de sabios con una sola voluntad y sapiencia.  Siempre hay divisiones entre ellos, afectados también por las pasiones de la gente común, y empeñados en una lucha, que puede ser feroz, por el poder. También  me parece errónea la crítica a los partidos. Contra cierto prejuicio frecuente, estos existen  en todas las formas del poder, pero en los regímenes no democráticos actúan en forma de camarillas opacas en disputa por el favor del soberano o por imponer uno nuevo. En principio, creo que los partidos sometidos a cierto control y publicidad constituyen una mejora sobre las camarillas. Por tanto, la clarificación de la democracia no debe  centrarse en ideas nebulosas, debe empezar por despojar al concepto de los ropajes míticos o seudomíticos con que  se recubre en la ilusoria visión mayoritaria.

   Empecemos por señalar de nuevo que la oposición “oligarquía-democracia”,  pese a su uso constante, es falsa y conduce directamente a la demagogia totalitaria. Y que todo poder estable es, en algún modo y al mismo tiempo, oligarquía, monarquía y democracia. Lo primero porque el poder no puede ejercerse más que por una minoría más o menos experta; lo segundo porque casi siempre hay una persona a la cabeza de esa oligarquía; y lo tercero porque todo  régimen necesita la aquiescencia de la mayoría de la población, aunque se trate de una aquiescencia puramente pasiva o basada en la ignorancia. Llamamos tiranías o despotismos a aquellos gobiernos cuyas oligarquías gobiernan para sí mismas, imponiéndose por el terror y la manipulación, y no suelen ser duraderas.  Dejaré aquí algunos aspectos del poder, como su asiento en la violencia,  su relación con la religión,  con la economía, etc. Para lo que ahora interesa, creo que la democracia solo puede definirse como aquel sistema de sufragio universal en que la gente vota a unas u otras oligarquías o partidos aspirantes a gobernar. Lo seguiremos llamando convencionalmente democracia, aunque tiene poco que ver con el significado etimológico del concepto. La diferencia de la democracia con los regímenes anteriores  radica en que la aquiescencia de las masas es más activa y en que los partidos u oligarquías deben competir por ganarse la voluntad de la mayoría. Pero ello no implica un cambio esencial en la naturaleza del poder. Nada, insistamos, de “poder del pueblo”.

   Tampoco es cierto que el pueblo elija a sus gobernantes, como se afirma. Lo que hace la gente es votar, y quien elige, propiamente hablando, es la fracción del pueblo que vota al partido ganador. Esa fracción ni siquiera tiene por qué ser mayoritaria, de hecho casi nunca lo es. En España, las mayorías absolutas del PSOE o el PP no lo fueron comparadas con el censo electoral (el pueblo). En 1982, el PSOE ganó con 10 millones de votos sobre 26; en 1986 con 9 millones sobre 29; en 1989, con poco más de 8 millones sobre 29,6. Aznar consiguió el año 2000 su mayoría absoluta 10, 3 millones sobre 34; y Rajoy en 2011 obtuvo 10,8 millones sobre 35,7. El político que consiguió más votos fue Zapatero en 2004, con  11 millones sobre  34,5, marca que superó todavía en 2008, con 11,3  sobre 35, sin lograr, no obstante, mayoría absoluta. Es decir, en un solo caso el número real de votos de la mayoría absoluta se acercó a la mitad, aunque no mucho, quedando en los demás bastante por debajo del tercio. Lo mismo, más o menos acentuadamente, ocurre en las demás democracias.

   Otro lugar común mítico o seudomítico define a los gobernantes como representantes del pueblo. No lo son siquiera de aquella minoría que les ha votado, al no existir mandato imperativo.  Se otorga al político el derecho a obrar según su propio criterio y no sobre las ideas y pretensiones de sus votantes, ni siquiera sobre el programa con que teóricamente ha conseguido sus votos, programa por lo demás ignorado por la gran mayoría de los electores.  Esto es también algo común en las democracias.

   Apartada la hojarasca seudomítica, la democracia puede definirse como un sistema de poder, históricamente reciente, basado en elecciones y en la convención de que la oligarquía con mayor número relativo  de votos tiene derecho a gobernar, aunque esos votos sumen una parte menor del cuerpo electoral, como ocurre muy a menudo. El único requisito consiste en que no haya falseamiento en las urnas. Pero existen otros datos susceptibles de considerarse falseamientos esenciales:  por ejemplo, los electores no conocen realmente los programas e intenciones de los partidos, ni siquiera conocen a los líderes más que por la propaganda, basada generalmente en trucos publicitarios. A su vez, los gobernantes no se sienten obligados por sus promesas electorales, que con gran frecuencia incumplen sin que ello motive su destitución, e incluso sin que les haga perder votantes. En otras palabras, los votantes suelen tener ideas muy vagas y contradictorias de los verdaderos problemas políticos y  están  por ello muy expuestos al engaño, solo parcialmente contrarrestable por la competencia entre partidos.  A su vez, estas oligarquías gobernantes suelen hacer promesas incumplibles, por ganar votos, lo que fomenta asimismo el engaño demagógico.

   Parecería entonces que las democracias abocarían por fuerza a concursos de demagogias. Y la demagogia existirá  siempre –también en otros sistemas–  pero esto es un peligro y no un destino inexorable.  La autonomía de los gobernantes con respecto a sus electores  es inevitable, por los escasos conocimientos de estos y porque la política plantea con frecuencia problemas imposibles de resolver aplicando la plantilla de experiencias  anteriores. Por otra parte, las leyes deben poner un freno, y normalmente lo ponen, a los excesos demagógicos, y  el concurso de los partidos y la experiencia práctica que proporciona a la gente la limitación de mandatos, permiten  en principio corregir los errores y mejorar el sistema. Así, en la república la derecha pudo ganar, en 1933, debido al desastroso período izquierdista. Otra cosa fue la actitud adoptada por las izquierdas, que destruyó la legalidad impuesta por ellas mismas. Por estas razones, los partidos más extremistas no suelen imponerse.

   Pero, dado que el sistema admite la expresión y asociación de partidos enemigos de él, si estos adquieren una fortaleza excesiva, la democracia puede hundirse, como ocurrió en la república. Ese peligro solo tiene remedio cuando  el poder democrático reacciona con máxima energía ante la amenaza. Así, después de la insurrección izquierdista de octubre de 1934, el gobierno de derecha debió haber ilegalizado a los partidos rebeldes. No lo hizo por su debilidad doctrinal y porque realmente la derecha no acababa de ser democrática, estando siempre a la defensiva en ese terreno. Otro peligro de las democracias consiste en la tendencia, muy extendida en las repúblicas latinoamericanas y en la propia España, a creer que la victoria electoral autoriza a infringir la ley  y utilizar en beneficio partidista o particular los recursos del estado. Y un partido triunfante puede aprovechar el control de los poderosos medios del estado para impedir que en lo sucesivo pudiera otro partido aspirar al gobierno. El único modo de dificultarlo es limitar en el tiempo el ejercicio del poder, mantener las libertades políticas y cierta división del poder mismo, en particular la independencia judicial. Un problema, como tantos otros,  nunca resuelto del todo.  No se puede criticar un régimen desde la idea de una situación social perfecta,  es decir, utópica y no humana. La democracia, con todos sus peligros y malentendidos, ha proporcionado, en general, mayor libertad política, menos despotismo y mayor probabilidad de que las luchas por el poder se solventen de manera pacífica. Me refiero a la democracia liberal.

   Pues, en fin,  ¿puede oponerse la democracia al liberalismo, como a menudo se ha hecho y ha ocurrido en la España del siglo XX y aun en lo que va de este? Desde luego, se trata de cosas distintas, pero no opuestas. Teóricamente podría oponerse la democracia al liberalismo en el sentido de que una mayoría puede optar por soluciones no liberales, y así ha ocurrido a veces. Sin embargo, el liberalismo, con su concepto de las libertades políticas y de la igualdad ante la ley conduce en su desarrollo a la democracia. Y por el contrario, una democracia no liberal se convierte rápidamente en despotismo, se niega a sí misma al destruir  las condiciones que hacen posibles las elecciones, es decir, las leyes que aseguran las  libertades, la periodicidad de las votaciones y la autonomía de los poderes. Puede haber, y de hecho han predominado en la Europa del siglo XIX, liberalismos no democráticos, pero los principios liberales conducen a la democracia. En cambio no puede haber, o no puede subsistir largo tiempo, una democracia no liberal. Las experiencias del siglo XX creo que lo prueban de modo contundente. 

   Desde luego, la democracia es un sistema sujeto a muchas dificultades y necesitado de mayor teorización, y aquí solo he expuesto o recordado algunos aspectos susceptibles de desarrollo. Por lo que se refiere a España, el problema está estrechamente ligado al de la  masiva falsificación de la historia por parte de quienes han arruinado una y otra vez, y vuelven a hacerlo, la posibilidad de un desarrollo político pacífico, y lo han hecho siempre en nombre de la democracia, es decir, de un concepto falso de raíz de lo que puede ser la democracia, y que vuelve imposible la convivencia.  Cambiar esta situación pasa por dos vías: clarificación del pensamiento político y clarificación de una historia profundamente desvirtuada.

Blog I: Carrillo, o una democracia cada vez más fraudulenta.  http://www.gaceta.es/pio-moa/carrillo-simbolo-democracia-vez-fraudulenta-22052014-1320

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Experiencia histórica

Pasaré ahora a examinar brevemente la experiencia histórica. La izquierda en España, tal como la conocemos, va tomando vuelo a partir de la quiebra moral del “Desastre” del 98. En años siguientes cobran impulso el republicanismo exaltado, los separatismos, el anarcosindicalismo y el socialismo, hasta entonces poco importantes. Todos se han proclamado demócratas con mayor o menor insistencia, salvo los anarquistas, opuestos a todo poder. Excepto el que ellos pudieran imponer, lógicamente. Y han influido de modo decisivo en la historia del siglo XX. El socialismo, hasta nuestros  días.

    Al amanecer el siglo XX,  gobernaban España los partidos liberal y conservador de la Restauración, un régimen esencialmente liberal y uno de los primeros de Europa en admitir el sufragio universal (en 1890), rasgo clave de lo que llamamos democracia. Sin embargo se le ha acusado de desvirtuar las elecciones mediante prácticas caciquiles, lo cual es cierto, pero difícil de evitar en una sociedad  agraria, sin apenas cultura política y mayoritariamente analfabeta por entonces. Caciquismos y fraudes electorales se  han dado en muchos países, también en Usa, aún hoy. La Restauración, mil veces denostada por izquierdas y derechas, superó los males del siglo XIX y permitió una prosperidad modesta, pero acumulativa, y estabilidad básica durante casi cincuenta años. Además, ofrecía amplias libertades, permitiendo a sus enemigos republicanos,  socialistas  y separatistas organizarse, llegar a las Cortes  y a los ayuntamientos –utilizando también la corrupción electoral–  y actuar a menudo subversivamente.  Y permitía la propaganda y organización anarquistas. Todos ellos atacaban al sistema, fuera explotando las libertades que este les otorgaba, fuera por medios ilegales. 

     Rasgos importantes de la acción izquierdista fueron el terrorismo y el golpismo. Los anarquistas practicaron el primero como una táctica fundamental (entre otros, asesinaron a tres jefes de gobierno, Cánovas, Canalejas y Dato,  fallando por poco con Maura y con el propio rey); los republicanos exaltados estaban muy cerca del terrorismo; los socialistas lo emplearon de forma esporádica, pues preferían la movilización de masas. El terrorismo  busca socavar a un poder tachado de opresivo y antidemocrático, y se justifica precisamente por ello. Naturalmente, dentro de las concepciones totalitarias de la democracia, a las que tiende la izquierda, todo poder que no sea el suyo será visto como enemigo “del pueblo” y de “la libertad”, conceptos identificados entre sí, y  la violencia contra él queda por ello  legitimada automáticamente. Estos modos de pensar generaban una acción rebelde o revolucionaria,  si bien confusa,  porque cada rebelde tenía de la libertad y la democracia unas ideas particulares y poco elaboradas.  

  Tres hitos de aquella rebeldía casi permanente fueron la Semana Trágica de Barcelona, en 1909, el movimiento insurreccional de 1917 y la huelga de La Canadiense en 1919. La primera fue sofocada por el  gobierno, pero a costa de una crisis interna y sin frenar el auge de sus enemigos. Muestra de ese auge, al año siguiente los anarcosindicalistas  fundaban la CNT y el PSOE colocaba en las Cortes a su líder Pablo Iglesias. El golpe revolucionario de 1917 culminó unos años de agitación combinada con cierta descomposición interna del régimen, manifiesta en subversión militar; y concitó a casi todos los enemigos de la Restauración: republicanos, socialistas, anarquistas y nacionalistas catalanes de derecha e izquierda. Tal unidad resultó muy notable, por cuanto aquellos grupos y corrientes rivalizaban  entre sí, a menudo con verdadero odio. Pero unidos  y contando con los militares díscolos, intentaron destruir al que juzgaban  enemigo común. Fue el precedente de similares golpes posteriores. Con todo, aquella unión, mal coordinada, hizo poca fuerza. Dato desarticuló con facilidad las maniobras subversivas, y los militares se echaron atrás y colaboraron con  el gobierno. La revuelta dejó 80 muertos. Dato fue, junto con Maura, uno de los pocos políticos enérgicos y capaces de la época. Los rebeldes salieron de su fracaso divididos y resentidos entre sí, y dos de ellos, Cambó y Lerroux, líderes respectivamente de los nacionalistas catalanes de derecha y de los republicanos radicales, y que habían saboteado, se volvieron más moderados. El gobierno había demostrado una firmeza inesperada, pero el rey Alfonso XIII la  convirtió en debilidad al ceder a presiones militares para sustituir a Dato por un político sin fuste. A raíz de la Semana Trágica había hecho lo mismo al prescindir de Maura ante la demagogia de los partidos.  En cuanto a la huelga de La Canadiense, iniciada en esta empresa de Barcelona, paralizó la industria en Cataluña, cortó la electricidad a Barcelona y afectó hasta a los enterramientos. Terminó  con victoria de los huelguistas, dirigidos por la CNT, y asustó de tal modo a los separatistas  catalanes de derecha,  la Lliga, que después de haber causado graves daños a la estabilidad política del país, pasaron definitivamente a convertirse en un partido de orden, más efectivamente regionalista que nacionalista. Cambó ya había sido ministro en 1918.

    Dos años más tarde, la Restauración sufrió un nuevo golpe, este exterior, con el desastre de Annual, mucho más humillante y sangriento que el del 98, y explotado por el PSOE con un despliegue de demagogia realmente feroz para desacreditar al rey y al sistema liberal. Estos sucesos se combinaron con un terrorismo ácrata indominable y con el auge de los separatismos vasco y catalán, en menor medida el gallego. En 1923 estos tres nacionalismos –en el caso del catalán el de izquierda,  no la Lliga–,  aprovecharon el desconcierto reinante para solidarizarse con  Abd El Krim y unir fuerzas en una Triple Alianza con vistas a un alzamiento secesionista. La conjunción de todas estas amenazas con la inoperancia de unos políticos flojos, maniobreros de vuelo corraleño, causó el derrumbe de la Restauración.

   Se ha achacado a aquel régimen una esencial debilidad, y sin duda la tuvo, aun si después del 98 resistió todavía un cuarto de siglo al despiadado  acoso de sus contrarios.  Sus rasgos liberales le hacían esencialmente reformable y pudo haberse estabilizado evolutivamente. ¿Por qué no lo logró? No solo ni tanto por la hostilidad implacable de sus enemigos políticos  como por el rechazo de los intelectuales regeneracionistas y otros de prestigio, los cuales lo privaron del necesario soporte moral e intelectual.  Un régimen no puede subsistir largo tiempo sin una fundamentación intelectual que lo justifique, y la falta o insuficiencia de ella dio a la política y a los políticos de la época ese aire poco serio, poco respetable, con que se les recuerda. La situación se volvió ingobernable, y el general Primo de Rivera implantó, sin derramamiento de sangre,  una dictadura bienvenida por la mayoría de la población, harta de la desestabilización permanente de los que se proclamaban demócratas y de la flojera moral  e ineptitud de los gobernantes.

   Primo de Rivera resultó un dictador notablemente liberal. Prohibió la acción de anarquistas, separatistas y comunistas, pero no impidió su propaganda, que siguió circulando abiertamente. En cambio curó cuatro cánceres de la Restauración: el terrorismo, el secesionismo, la guerra del Rif  y la demagogia del PSOE. Más aún, logró la colaboración de los socialistas, en particular de su sindicato UGT. Todo ello resultó sorprendentemente fácil, en contraste con la aguda amenaza anterior. Como resultado, la paz social  aceleró extraordinariamente la modernización y prosperidad del país. La dictadura, planteada al principio como tal, es decir, como un remedio de urgencia a una situación caótica, trató de crear un nuevo régimen ante la imposibilidad de volver al anterior. Se quiso asentar un sistema patriótico y básicamente liberal, en el cual el PSOE desempeñaría  el papel de oposición con posibilidad de gobernar. Fracasó porque los socialistas, pese a gozar de grandes ventajas, rehusaron esa colaboración, y el grueso de los intelectuales, al menos los más publicitados, persistieron en su crítica radical, apoyando una república. Así, Primo no alcanzó a superar el mal de fondo que había fragilizado a la Restauración: la falta de una sólida fundamentación doctrinal.

Es interesante ver cómo cayó Primo de Rivera: su gobierno había sido sin duda el más fructífero y útil al país desde la invasión napoleónica, y su dictadura muy suave, y sin embargo fue despedido  con cajas destempladas  por casi todo el mundo político e intelectual.  El artículo de Ortega, “El error Berenguer”, tan disparatado como influyente, refleja bien  aquellas actitudes. Ocurrió así porque, si bien Primo  y los suyos podían invocar  unos logros impresionantes, le acusaban de dictador y de haber roto un sistema constitucional… que estaba en la ruina y todos detestaban. Le achacaban estar contra la democracia y la libertad  los mismos que aspiraban a una democracia contraria a la libertad y practicaban un golpismo permanente.  Pero le era imposible defenderse de las acusaciones, porque la sugestión del concepto de democracia es muy fuerte.   Por la misma razón se hacía imposible  la vuelta al sistema de la Restauración, y la consigna de todos sus enemigos fue la república.

    Y de nuevo unos y otros sedicentes demócratas se unieron, pese a sus profundas divergencias, e intentaron un golpe militar, en 1930. El golpe fracasó, pero auguró un fracaso mucho mayor de la monarquía. Esta, pocos meses después, regaló literalmente el poder a los republicanos, los cuales no solo habían fracasado en su intentona militar, sino que habían perdido las elecciones municipales con las que quisieron legitimarse. Semejante quiebra moral de la derecha y la monarquía no se explica sin tener en cuenta su vacío intelectual.

   El fácil triunfo de izquierdas y separatistas reabrió enseguida las rivalidades y conflictos entre ellos, que hicieron de la república un caos. Por supuesto, jamás gobernó el pueblo, sino dos oligarquías múltiples,  de izquierda y de derecha.  La izquierdista construyó una legalidad a su gusto, sin consenso, y lanzó una serie de reformas cuyo carácter chapucero describe bien el propio Azaña. Lo esencial es que cuando las derechas ganaron las elecciones en 1933, las izquierdas no lo aceptaron y intentaron golpes de estado, desestabilizaron su propia legalidad y organizaron, nuevamente unidas,  la insurrección de octubre de 1934, intentona de guerra civil según sus propios documentos. Derrotada esta, sus concepciones no cambiaron. En las elecciones de febrero de 1936 usaron la coacción y el fraude para imponerse y, a partir de ahí,  extremaron su radicalismo en un nuevo proceso revolucionario que acabó de destruir la república, sustituyéndola por un régimen distinto que, al no llegar a consolidarse, denominaremos Frente Popular. Siempre en nombre de la libertad, el pueblo y la democracia. El proceso abocó a la reanudación de la guerra civil. Para entonces,  la mayoría de la derecha había llegado a la conclusión de que el liberalismo no servía para impedir la revolución, sino que le allanaba el camino. 

   Importa señalar que la guerra unió  a todos los partidos y grupos  impulsados por el “desastre” del 98: anarquistas, socialistas, comunistas, separatistas y republicanos de izquierda. Se unieron como en la huelga revolucionaria del 17, el golpe de 1930,  la insurrección de 1934 y las elecciones fraudulentas del 36. Y encontramos siempre la misma motivación ideológica basada en una falsa idea de la democracia. Por supuesto, había otros factores, como una hispanofobia que interiorizaba los tópicos de la Leyenda Negra, etc., pero que aquí no viene al caso tratar.

  El franquismo vencedor adoleció de la misma carencia o insuficiencia intelectual-ideológica que las derechas anteriores. En él había dos enfoques: uno consideraba al régimen como  un remedio extraordinario ante una crisis histórica extraordinaria,  una dictadura en sentido romano; y otra aspiraba a un régimen nuevo y estable, que superase al liberalismo y al marxismo.  Ninguna de las dos ideas produjo, nuevamente,  una doctrina sólida, y de ahí que sus enemigos pudieran hacer, como siempre, demagogia con las banderas del “poder del pueblo” y la libertad. Nociones realmente curiosas en un partido stalinista como el PCE  o, posteriormente, en la ETA, pues debe recordarse que en las cárceles no había demócratas, al no  tener el franquismo oposición democrática: su oposición fue comunista y/o terrorista.

    Los logros del franquismo fueron impresionantes, y citaré solo dos que los resumen: España entró en el selecto club de las naciones con mayor renta per capita del mundo, un 80% de la media de los países ricos europeos y con un índice notable de igualdad social, muy superior al actual; y la esperanza de vida al nacer había superado a la de casi todos los países europeos o americanos. Además, no solo creó condiciones para una democracia estable, no convulsa como las experiencias anteriores, sino que la transición democrática procedió directamente de aquel régimen y contra las rupturas queridas por sus enemigos. Y sin embargo, y al igual que lo ocurrido con Primo de Rivera, fue imposible defender  la herencia del franquismo frente a los ataques  de  una renovada conjunción de izquierdas y separatismos, que solo en apariencia y por la fuerza de las circunstancias habían abandonado sus viejas querencias. No es de extrañar que, según una versión muy extendida hoy dentro y fuera de España, la transición la hayan hecho fundamentalmente los antifranquistas y contra el franquismo. En realidad, el aporte del antifranquismo a la democracia ha consistido en oleadas de corrupción, socavamiento de la independencia judicial,  proceso hoy acelerado de disgregación del país y colaboración a distintos niveles con el terrorismo de la ETA. 

     Porque, desde luego, el terrorismo no ha dejado de estar presente, en unos casos de forma activa y en otros de apoyo a él. La ETA, en concreto, reúne en sí los dos rasgos básicos del antifranquismo, que casualmente lo son también del antiliberalismo: es un grupo socialista y separatista. Y por ello  ha recibido el apoyo, la comprensión y la colaboración de los demás partidos bajo la consigna de la “salida política” a los delincuentes. Esta postura ha hecho de la ETA un factor tan fundamental como ignorado o inconfesado en la evolución política española en los últimos decenios, en la corrosión del estado de derecho y la conversión de la política en una farsa. Solo la línea más razonable de Aznar, impulsada por Mayor Oreja, permitió  acorralar y prever el fin de la banda terrorista en poco tiempo. Pero fue entonces cuando el PSOE acudió al rescate de la banda, premiando sus asesinatos con la relegalización y otras muchas concesiones. Como decía un dirigente de Batasuna, “estábamos al borde del abismo y ahora todo es posible”. Esta evidente colaboración entre la ETA y el PSOE desconcierta a muchos, pero tiene una firme base en la coincidencia ideológica de ambos grupos en puntos esenciales: los dos se proclaman socialistas, demócratas en el sentido arriba observado, visceralmente antifranquistas, antiespañola la ETA e indiferente el PSOE (Julián Marías decía que un problema con el PSOE era que tenía una visión negativa de la historia de España. Y, habría que añadir, desmesuradamente positiva de sí mismo); más toda esa panoplia de ideas autonombradas  progresistas.   

A partir de la transición, encontramos no solo la tradicional alianza de hecho entre los vencidos en la guerra civil, sino la renuncia de la derecha a cualquier resistencia en el terreno doctrinal o intelectual y hasta  la asunción de ideas e iniciativas de la izquierda y los separatismos, de sus versiones de la historia, etc. La derecha apenas ha pasado de  invocar cierto  economicismo pragmático de bajo nivel, renunciando a la reivindicación de su historia y a ideas propias en cuestiones clave. Los vencidos de la guerra retienen la etiqueta de la libertad y la democracia, mientras que los procedentes del franquismo deben hacer el papel de una constante  autocrítica y olvido de su pasado para poder ser aceptados en el régimen actual, traído por ellos y no por los antifranquistas. Papel que, por cierto, han cumplido obedientemente, por no emplear otro adverbio.

    Fácilmente observamos, repito,  una constante doble  en la actuación de las izquierdas españolas durante más de un siglo: golpismo y terrorismo. Siempre con el supuesto de representar al pueblo y la libertad contra una oligarquía retratada con negros tintes. De modo que el falso ideal que asimila la democracia al poder del pueblo y este al poder de izquierda y separatismos, está en la base de las convulsiones españolas del siglo XX y ha justificado su continua subversión.  La respuesta política liberal ha fracasado a menudo o claudicado ante la permanente ofensiva contraria, debido a la citada deserción de los intelectuales. Por ello, pero no solo, la derecha ha cultivado ese pragmatismo romo y pedestre. Según Fernández  de la Mora, la derecha política, salvo excepciones, no ha leído un libro desde Jovellanos. Exageraba, claro, pero con un fondo de razón.

7.-   Es llamativo el  hecho de que tanto si se considera al ser humano bueno por naturaleza, como Rousseau, o malo, como Hobbes, las consecuencias son en ambos casos totalitarias. La razón es que, se le considere de un modo u otro, el hombre pierde su carácter moral, su atormentadora oscilación entre el bien y el mal, a menudo tan difíciles de discernir. Pues si el hombre es bueno por naturaleza, no conocerá el mal, y si es malo, no conocerá el bien. La democracia, tal como a menudo se interpreta, y la interpreta casi siempre la izquierda,  es decir, como un imposible poder del pueblo, conduce en esa dirección, y este es uno de sus peligros.

8.- En definitiva, la democracia en sentido etimológico nunca ha existido ni puede existir. Por tanto, las críticas a ella lo son a un fantasma.  Y tampoco puede llegarse a un totalitarismo consecuente, con un estado ocupando prácticamente todo el espacio social, a menos que  consiguiese despojar al ser humano de los atributos que le humanizan, como advertía Tocqueville. Algo inimaginable,  salvo por  períodos históricamente breves. Sin embargo esa situación persiste borrosamente como ideal político izquierdista, adornado por la falsa ilusión de terminar así con los dolorosos conflictos propios de la convivencia humana.