Blog I: Masonería, Zapatero y Giscard: http://gaceta.es/pio-moa/masoneria-zapatero-giscard-20122015-1223
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La transición del franquismo a una democracia de tipo eurooccidental se hizo con muchos temores: ¿daría lugar a disturbios generalizados, hasta a una nueva contienda, dado el “cainismo” achacado a los españoles por tantos supuestos expertos? ¿O a un golpe como el de Portugal, que había llevado al país vecino al borde de la guerra intestina? Muchos comentaristas dentro y más aún fuera de España así lo esperaban, mas pronto quedó claro que ello no ocurriría, debido ante todo a la superación de los viejos odios republicanos, dato esencial al que pocos historiadores conceden importancia. Por supuesto, existían elementos y círculos irreconciliables, ligados al terrorismo sobre todo, molestos pero reducidos. Y no se presentaba el problema de la legitimidad, que había terminado por demoler la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera y la propia monarquía. Desde luego, la mayoría de los intelectuales había llegado a ser en los últimos años ajena e incluso hostil al régimen, pero este los había soportado y permitido sin mucho malestar: le bastaba la legitimidad de haber derrotado militarmente una revolución y traído a la nación un largo período de paz y prosperidad con escasa opresión (nunca había habido demócratas en la cárcel, solo comunistas y terroristas, y estos en corto número desde los años 50). La presión de la oposición para imponer una ruptura pasando por alto aquellos cuarenta años para enlazar con la pretendida legitimidad del Frente Popular fue rechazada abrumadoramente en el referéndum de diciembre de 1976, en pro de una evolución de la ley a la ley a partir del franquismo.
En fin, la sociedad española disfrutaba de solidez bastante para permitir una evolución sin graves traumas ni derrumbes. Suficiente, asimismo, para compensar la flagrante mediocridad de los políticos encargados del cambio, empezando por Juan Carlos y Suárez, personas simpáticas y campechanas pero incultas y sin talla de estadistas como demostraron ampliamente, pese a una atosigante propaganda enaltecedora. Gracias a la sociedad legada por el franquismo se daba la circunstancia de que España iba a deberse la democracia a sí misma, a su propia evolución, en contraste con la mayor parte de Europa, que la debían, al menos en su forma actual, a la intervención militar useña en la guerra contra Hitler. He aquí un punto de suma trascendencia, a menudo pasado por alto en los análisis históricos.
Un problema del cambio consistía en cómo fundar un estado demoliberal partiendo de otro que no lo era. Ligado a ese problema venía el del tratamiento a una oposición antifranquista que había sido mayoritariamente totalitaria. Un tercero, qué memoria y respeto guardar al régimen anterior, del que provenían directamente los organizadores de la transición y cuyo logros permitían vislumbrar una transformación relativamente tranquila. En otras palabras, el problema de construir políticamente la democracia sobre un valioso legado social, explicitando sus orígenes.
No hubo apenas reflexión acerca de estos tres problemas, que fueron tratados sobre la marcha, sin mayor perspectiva ni análisis. La derecha –por emplear el término convencional– salida del franquismo, se dividió en tres partes. La mayor improvisó la Unión de Centro Democrático (UCD), basada en el Movimiento Nacional franquista más pequeños grupos socialdemócratas y democristianos, de escasa relevancia numérica e intelectual y urgidos por una imaginaria necesidad de cortar sus obvias raíces en el régimen anterior; postura que la llevó a renunciar a la lucha por las ideas, admitiendo la equivalencia entre antifranquismo y democracia, que tanto fortalecería a la oposición. Otro sector importante, de mayor altura política, trató de hacer política con mayor fidelidad a la herencia recibida, pero estaba en inferioridad: a los ojos de la población, la legitimidad del cambio recaía en la UCD a través del apoyo del rey, nombrado por Franco y para quien este había pedido lealtad y colaboración en su testamento político. Un tercer sector reclamaba mayor continuidad a través de la Falange, pero esta nunca había sido hegemónica en el propio franquismo, y quedó progresivamente desplazada.
De este modo, la democratización avanzó sin fundamentación teórica ni análisis solvente, tratando de “mirar al futuro” como si la experiencia del pasado careciera de valor. La derecha siguió careciendo de pensamiento político algo elaborado más allá de la urgencia por homologarse con “Europa” y entrar en “Europa”, como llamaban abusivamente a la Comunidad Económica Europea, más tarde Unión Europea, e implicando de paso, en su vacuidad, que España había estado históricamente fuera de Europa, tesis absurda pero sostenida de un modo u otro desde principios del siglo. Sobre tales sinsentidos, la izquierda y los separatistas recibieron una cancha excesiva, no justificada por su fuerza real ni por su nada democrática historia, y con ellos se elaboró una Constitución prolija, en varios aspectos ambigua o inoperante, que admitía un progresivo vaciamiento del estado central a favor de unas autonomías voraces, como efectivamente ha ocurrido, hasta amenazar al país de disgregación. De ahí deriva el caso único en la historia de que los gobiernos centrales de derecha hayan apoyado y financiado los separatismos. Por supuesto, los de izquierda han lo mismo, si bien estos respondían a una línea tradicional, cimentada en los años 30 en las políticas republicanas y del Frente Popular.
Al respecto es ilustrativa la historia de Torcuato Fernández Miranda, verdadero promotor de la transición en su primera etapa. Hombre culto y conocedor del pasado, diseñó un cambio “de la ley a la ley”, es decir, de la legitimidad franquista a la democrática, y se valió para ello de Suárez, cuya carrera política facilitó, pensando que siempre seguiría sus directrices. Cometió de ese modo un grave error, por lo demás muy común, pues rara vez un heredero sigue el consejo de su predecesor. Una vez ganado el referéndum que abría paso a la transición, Suárez , convencido al parecer de haberse convertido en un estadista, relegó tranquilamente a su mentor y, auspiciado por el rey, puso en juego su jovialidad y cierta charlatanería para hacer una política de escasa altura, a base de transacciones de oportunidad y sin principios. Torcuato, decepcionado, dimitió como presidente de las Cortes. Al igual que Julián Marías y muchos otros, creyó encontrar en la Constitución una bomba de relojería contra la unidad nacional, se negó a votarla y salió de UCD. Falleció al poco, en Londres, sin que su protegido Suárez se dignase asistir al funeral. En la transición dominó un pragmatismo de vuelo corraleño que no ocasionó mayores daños entonces porque la sociedad legada por Franco era estable, rica y moderada, a diferencia de la republicana.
En pocos años, Suárez destruyó la UCD y llevó al país a una situación crítica, mala económicamente, con rampantes pujos disgregadores y un terrorismo de intensidad desestabilizadora. El hombre del cambio fue despedido con denuestos casi generales, y a continuación tuvo lugar el 23-f, con asalto al Congreso, que debía provocar un “golpe de timón” con un gobierno de concentración para afrontar la crisis. En el golpe estuvieron implicados varios partidos, entre ellos el socialista, y el propio rey, como está bastante aclarado hoy, después de muchos años de versiones poco veraces[1].
Uno de los rasgos más dañinos de la política de Suárez, perpetuado después por la derecha, ha sido la renuncia a defender el pasado franquista, con la esperanza, por lo demás ilusoria, de que las izquierdas no se lo mentasen; y, peor aún, la dimisión de la lucha por las ideas, dejando su cuasi monopolio a izquierda y separatistas. Dado ese vacío, la derecha ha ido absorbiendo las ideas y la “memoria histórica” de la izquierda y los separatistas, apoyando sus iniciativas de exaltación del bando perdedor de la guerra hasta la condena global del franquismo. Con lo cual quedaba implícitamente condenada la propia transición y la democracia salida de ella. Que Juan Carlos I firmase la ley de memoria histórica, la cual le deslegitima indirecta pero claramente, expone una verdadera apoteosis del disparate al que ha derivado nuevamente la política en España.
Las concesiones a los balcanizantes no han cesado y últimamente Rajoy ha continuado a todos los efectos prácticos la política de Zapatero. La ideología, por llamarla de algún modo, del PP se condensa en dos frases: “La economía lo es todo”, absurdo que ni siquiera Marx llegó a sostener; y “Miremos al futuro”, borrando el pasado y cualquier lección extraíble de él. Los que se identifican con los vencidos de la guerra retienen así el rótulo de defensores de la libertad y la democracia, y ensalzan a la república y el Frente Popular como adalides de ambas, mientras que los procedentes del franquismo deben negar vergonzantemente su propio pasado y tratar de privar a los españoles de su historia para sentirse aceptados en el régimen actual, traído por ellos mismos y no por la vieja conjunción de izquierdas y separatistas. Y el problema de la legitimidad, resuelto con el referéndum de diciembre del 76, ha vuelto a resurgir amenazadoramente.
Lo propio de la derecha política a lo largo del siglo XX, incluso del XIX y hasta ahora ha sido un pragmatismo más bien pedestre. En gran medida ello cabe atribuirse a haber dispuesto de unos políticos de escasa talla y a una falta o insuficiencia de respaldo intelectual. El pensamiento político de los intelectuales que en líneas generales se alineaban más a la derecha que a la izquierda, como los regeneracionistas, era harto arbitrario y tendía a la pose. Todo lo cual provocaba en la por lo demás mediocre clase gobernante una sensación profunda de ilegitimidad ante los ataques propagandísticos de sus contrarios. La Restauración se vio desasistida y hostigada por la gran mayoría de los intelectuales objetivamente derechistas y más o menos liberales; en la dictadura ocurrió otro tanto, y asimismo en la república, con arrepentimiento tardío de muchos de ellos. El propósito franquista, relevante en algunos momentos, por dotarse de una base doctrinal de fuste, no cuajó por razones diversas, y se desvaneció cuando el Vaticano cambió de actitud en los años 60. El problema tiene relación también con un fenómeno bastante común en el resto de Europa: la agresividad con que las izquierdas se han atribuido el pensamiento en general, y el democrático en particular, poniendo a la defensiva a sus contrarios.
El resultado ha sido una sensación profunda de inseguridad e ilegitimidad en la clase política, bien de relieve en su débil actuación después del “desastre” del 98, en el final de la dictadura de Primo de Rivera y sobre todo en la quiebra moral de 1931, cuando los monárquicos ganaron unas elecciones municipales y a continuación entregaron el poder a los republicanos en una especie de autogolpe de estado. Quiebra moral explícita asimismo en la transición desde el franquismo, cuando casi todos sus políticos decidieron “olvidar” y luego llegaron a unirse a sus enemigos en la condena al régimen del que directamente procedían; para seguir finalmente las iniciativas del PSOE. Como consecuencia, hoy, España vuelve a enfrentarse a lo que Franco llamaba sus “demonios familiares” que parecieron definitivamente conjurados a comienzos de la transición.
[1] En La Transición de cristal he seguido básicamente las investigaciones de Jesús Palacios en 23F. El rey y su secreto