Cuernos contra España
En el asunto de Letizia hay que considerar tres aspectos.
a) Juan Carlos ponía abundantemente los cuernos a Sofía; Ahora, según dicen, Letizia se los ha puesto a Felipe VI. Estas cosas son lamentabilísimas porque dan una mala imagen de la monarquía, concebida como moderadora política y símbolo de la continuidad histórica del país. Máxime cuando los actuales republicanos no difieren de los que pintaba Azaña (política de amigachos, incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea alta). Sin embargo los asuntos de cuernos han existido siempre, tanto en las monarquías como en las repúblicas, y no tienden por qué tener efectos políticos decisivos
b) La reina Letizia parece tener afición a la política. Y precisamente a la política del doctor, hacia quien ha hecho gestos de simpatía, se ha entrevistado personalmente con él, y ha hecho declaraciones en favor de su amnistía golpista. Esto es mucho más serio, políticamente, que sus supuestos devaneos.
c) El tercer punto, y más importante, es el momento en que algunos canallas han sacado a la luz el asunto. Es decir, en pleno golpismo que de un modo u otro tendrá que obligar al rey a intervenir si quiere evitar convertir la institución en superflua. Es indudable que el doctor estaba preocupado por la actitud del rey, presionado desde muchos ángulos para que defendiese la Constitución y la unidad de España, cosa que vino a adelantar en su mensaje de Navidad. El escándalo debilita seriamente la capacidad de Felipe para acabar con la delincuencia del doctor. El asunto de Letizia se rumoreaba desde hacía años, pero han esperado a sacarlo en el momento en que más daño podía hacer a la monarquía. Y a España.
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¿No da la impresión de que nos adentramos en un tiempo mucho más nuevo de lo deseable?
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Hacia una nueva gran guerra europea
Desde la II Guerra Mundial no ha vuelto a haber guerras en Europa si exceptuamos las relativamente marginales derivadas de la descomposición de Yugoslavia. Sin embargo, la OTAN y la UE han considerado a Rusia una potencia a abatir, probablemente a fragmentar, dados sus enormes recursos naturales, y han utilizado a Ucrania como palanca para ese fin. Estaban convencidos de que el poder militar y económico de Rusia era limitado, lo cual es cierto, y que podrían arruinar su economía con sanciones, lo que se demostró falso, y desbaratar por desgaste ala su ejército alimentando la guerra en Ucrania, lo que ha vuelto a ser un cálculo equivocado. En consecuencia, miran con creciente temor la probable victoria rusa, que no afectaría solo a Ucrania, sino que pondría en serio peligro a estabilidad interna de la misma OTAN y de la UE. En consiguiente inventan que Rusia pretende agredir al resto de Europa y preparan activamente una nueva guerra europea a gran escala.
La OTAN, es decir, Usa, Inglaterra y sus satélites, ya han protagonizado agresiones en Irak, Afganistán, Libia y Siria, con torrentes de sangre y millones de desplazados, y saldadas con fracaso de los agresores. No han extraído las lecciones correspondientes y han ido más allá en el caso de Ucrania. El caso es especialmente sangrante para España, reducida a estado cipayo. Pero nuestros políticos y analistas parecen no darse cuenta de nada. Algo que, por cierto, no es nuevo. Pero por eso mismo hay que sacar a la luz la situación general y, dentro de ella, los intereses de nuestro país y la posición siniestra en que los han colocado unos gobiernos delincuentes.
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El cambio climático: objetivo 2030 – José Ramón Ferrandis – YouTube
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El PSOE y la Constitución (y II)
El 4 de julio el debate constitucional pasó al pleno del Congreso, en debate algo ficticio, pues los artículos llegaban ya consensuados, y en dos sesiones se solventó el caso. El problema mayor lo planteó el PNV con sus exigencias de “soberanía” medieval. El gobierno y la izquierda rehuyeron el debate sobre orden público. Carrillo afirmó que la derecha había quemado las iglesias en los años treinta “para provocar”. Y el 21 se aprobaba el texto por 258 votos a favor, dos en contra, 14 abstenciones de AP y ausencia del PNV. Fraga votó sí. El no de Silva Muñoz, de AP, levantó expectación, y la mayoría de los medios silenciaron sus explicaciones. La ETA saludaba la votación asesinado ese día a un general y a un teniente coronel.
Pasado el debate al Senado, Torcuato presentó enmiendas al título VIII, dedicado a las autonomías, y contra las nacionalidades. Suárez y Abril, enojados, le conminaron a retirarlas y, tras agria discusión, Torcuato, más consecuente que Fraga, dejó UCD. La cuestión educativa también causó disputas. No menos transcendencia tuvo la inclusión de unos “derechos históricos de los territorios forales”, eufemismo para admitir una “soberanía originaria” vasca pretendida por el PNV: no dejaba de ser una victoria de Sabino Arana, setenta y cinco años después de finado. El PSOE procuraba reducir el Senado a una función casi irrelevante frente a la oposición de AP y la inanidad de UCD. La masonería fue legalizada a pesar de que la Constitución prohibía las sociedades secretas. El gobierno siguió pidiendo sin éxito la admisión en la CEE. El 18 de julio una multitud de 20.000 personas llenó la plaza de toros madrileña de Las Ventas, para conmemorar el alzamiento de 1936.
La crisis interna de UCD continuaba. Plutócratas del partido se pronunciaban por una socialdemocracia “a la italiana” (que resultaría muy corrupta). En AP, y contra exigencias de varios dirigentes de unas señas de identidad más definidas, Fraga creía que cierta ambigüedad y camuflaje centrista le permitiría atraer votos (se equivocaría). En cambio el PSOE ganaba en disciplina y agresividad, y trataba de aislar al máximo a AP. La UCD sufría el intento de marginarlo en Cataluña, donde había ganado las elecciones en Tarragona, por un pacto entre la izquierda y la derecha de Pujol (Convergència i Unió) en pro de un “centro izquierda catalán no sucursalista”. Llamaban sucursalistas a los partidarios de la unidad nacional. Los socialistas en Cataluña se unían oficialmente en un PSC-PSOE, poco peligroso para los separatistas, ya que su dirección lo era en gran parte, al revés que sus bases. La jugada fue un logro clave para los separatistas Otra molestia para Pujol era Tarradellas, contra quien hubo gritos en la Diada del 11 de septiembre. En Vascongadas moría el 25 de agosto Juan Ajuriaguerra, uno de los artífices del Pacto de Santoña en 1937, por el que el PNV, de acuerdo con los fascistas italianos, traicionó ocultamente a sus aliados de izquierda y facilitó a Franco su primera victoria de masas. Su condena a muerte en la posguerra quedó en cadena perpetua, y esta en seis años .
Aquel verano hubo una oleada de incendios forestales, en su mayoría intencionados, y se temió la ruina de la extraordinaria labor reforestadorada del régimen anterior. El ecologismo, aún débil, mostraría luego desdén por los “bosques franquistas”. También se hacía normal la quema de banderas nacionales. El trimestre final del año vería la aprobación definitiva de la Constitución, la ruptura de AP, más terrorismo y alguna conspiración militar.
El 31 de octubre Senado y Congreso votaron por abrumadora mayoría la Constitución. Quedaba el referéndum: casi todos los partidos hicieron campaña por el sí, menos Fuerza Nueva y otras asociaciones, así como grupos comunistas al margen del PCE y nacionalistas proetarras. El PNV llamó a la abstención. Y el referéndum el 6 de diciembre, dos años después del de la reforma, sumó una participación popular de un 67,1%, diez puntos menor que el de 1976. Hubo un 87% de síes (59% del cuerpo electoral), porcentaje suficiente pero flojo (73% en el referéndum anterior ). Solo un 5% votó en contra. Quedaba de relieve el desconcierto de la derecha y un descenso del interés ciudadano después de dos años en que el terrorismo, las huelgas, el paro y otros desórdenes habían hecho estragos
Las huelgas bajaron de 16.6 millones a 11,5, un éxito muy relativo. La inflación y el déficit en la balanza de pagos descendieron a un nivel menos insoportable. El paro, en cambio, superó el millón, y seguiría aumentando en los años siguientes.
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Según el mencionado Herrero de Miñón, los socialistas, más aún que los comunistas, “pretendían elaborar una completa nueva planta constitucional en la cual la jefatura del Estado (el rey) perdiera sus connotaciones históricas; la parte dogmática supusiera una transformación, cuanto más radical mejor, de la sociedad y la economía; y las autonomías respondieran al principio del federalismo”. No lo consiguieron del todo, pero sí sentar las bases para un desarrollo hacia sus fines.
La Constitución reconoce varios principios esenciales del franquismo: “Se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”; proclama una lengua oficial del estado, a la que llama castellano; refrenda al rey “jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, (que) arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”, etc.; o reconoce la bandera nacional con la que fue derrotado el Frente Popular. También comparte otras herencias salvaguardadas por el régimen anterior como la seguridad social, el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa en economía de mercado, el acceso a la cultura o la conservación y promoción del “patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España”, que tanto habían sufrido en la república y mucho más en el Frente Popular.
El documento declaraba la separación de poderes y las libertades políticas, restringidas pero no anuladas en el franquismo y a las que izquierdas y separatistas habían atacado a conciencia desde principios de siglo. También abolía la confesionalidad religiosa, ya desechada por el Vaticano II, si bien el estado “tendrá en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Como las demás confesiones apenas existían en el país…
Sin embargo, el concepto de nacionalidades ya constituía un corrosivo o una bomba de relojería contra la “indisoluble” nación española. La Constitución pretende regular las competencias entre el estado central y las autonomías, pero tiende a vaciar las primeras al admitir una expansión indefinida de las autonómicas, a costa, claro está, de las nacionales; y a que el estado delegue las suyas bajo condiciones interpretables. Suárez hizo esta concesión sorprendente buscando –en vano– el apoyo del PNV, pese a bendecir a este partido con cuantiosas sumas. Con ello las autonomías podrían ir minando las competencias nacionales hasta hacerlas “residuales” como ocurriría, a un paso ya de la secesión en Cataluña, en 2006, hasta llegar al golpismo secesionista en 2017. Al respecto, la Constitución de 1978 constituyó un retroceso sobre la de 1931, que no admitía tales nacionalidades ni tantas ambigüedades sobre las competencias.
Cabría relacionar el entusiasmo autonomista de la UCD con la concepción orteguiana de España como “un enjambre” de pueblos” nunca “vertebrado” estatal y socialmente. Entre las influyentes ocurrencias de Ortega estaba la de “articular” a España en “nueve o diez grandes comarcas” para las cuales “la amplitud en la concesión de self government (autogobierno) debe ser extrema, hasta el punto de que resulte más breve enumerar lo que se retiene para la nación que lo que se entrega a la región”.
En cuanto al rey, casi todos deseaban reducirlo a figura decorativa: los socialistas y separatistas, por supuesto, también AP, por su partidismo a favor de la UCD, y el propio Suárez, que detestaba cualquier tutela. Juan Carlos, a su vez, se esforzaba en olvidar y hacer olvidar su origen. Y la bandera oficial era constantemente desafiada con la republicana y la roja, o quemada por turbas socialistas, comunistas o separatistas. La derecha no iba a defenderla y fue quedando relegada a mera exhibición oficial.
Una Constitución, en fin, ordenancista y con exceso de detalles, a menudo incoherentes. El estado, llega a especificar, se preocupará “en particular de la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía (…) con un tratamiento especial a las zonas de montaña”; y de “equiparar el nivel de vida de todos los españoles”, asegurando “una distribución de la renta regional y personal más equitativa” con “una política orientada al pleno empleo”. Frases de fondo intervencionista y casi sarcásticas cuando se marchaba hacia el segundo millón de parados. Todo español tendría “derecho a una vivienda digna y adecuada”, sea eso lo que fuere, y asimismo “a trabajar y recibir una remuneración suficiente”… Y otras maravillas. De acuerdo con tales vaciedades retóricas, todos los gobiernos posteriores podían ser declarados anticonstitucionales.
En suma, la Constitución es un documento al nivel de sus autores, es decir, farragoso, pretencioso y contradictorio. Tiene a su favor principios heredados del franquismo, y los democráticos de libertades políticas y separación de poderes. Pero por sus ambigüedades provocaría un proceso de confrontación entre los defensores constitucionales de la unidad nacional y las libertades, y sus enemigos, empezando por el PSOE.
Puede decirse que con la Constitución tomaba forma definitiva el nuevo régimen, acabándose el franquismo, aunque también cabía sostener que el franquismo continuaba con nuevas formas, un “cambio de fachada”, como aseveraban algunos. La realidad histórica puede exponerse considerando tres fuerzas básicas: la más directamente provenientes del franquismo, es decir UCD y AP, conseguían mantener lo esencial de la herencia del régimen anterior, como hemos visto. Las fuerzas hasta hacía poco rupturistas, que se sentían identificadas con el Frente Popular (“La República”, en su jerga) se dividían en dos: un grupo muy mayoritario PSOE, PCE y semiseparatistas, que de momento relegaban parte de sus aspiraciones; y un grupo mucho menor irreductible, de comunistas (PCE(r)-GRAPO y otros parecidos, más separatistas radicales, como la ETA, y otros menores en Cataluña, Galicia y Canarias.
De los provenientes del franquismo, UCD trataba de disimular su origen y hasta jugaba con ciertas dosis de izquierdismo rupturista, y AP pasaba de recordar el origen y rasgos positivos del régimen anterior a asimilarse a la triunfal UCD. El sector que pretendía guardar las que consideraba esencias franquistas, Fuerza Nueva, se encontraba en muy pequeña minoría, y recurría a acciones violentas ocasionales, que se volvían contra ella.
Los ex rupturistas seguían sintiéndose identificados con el Frente Popular, pero habían renunciado, al menos por un largo período, a los modos y objetivos inmediatos de los años 30, tanto por “saberse débiles” como por percibir que la nueva sociedad salida del franquismo los rechazaba. En cuanto a los irreductibles, consideraban el nuevo régimen una prolongación intolerable del anterior, pero su carácter en extremo minoritario les obligaba a practicar el terrorismo para hacerse notar y torpedear en lo posible el proceso.
El punto común entre los franquistas reformados y los rupturistas resignados era, para los primeros, la voluntad de olvidar el franquismo, como si no hubiera existido o no tuviera nada que ver con aquel. Y para los segundos dejar de momento el tema en segundo plano, aunque esto no podía durar: muy pronto comenzaría una labor de satanización de Franco y los suyos en la que percibían la mejor manera de ir avanzando poco a poco hacia la ruptura con todas sus consecuencias.
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D´un temps que será el nostre, clamaba insensatamente Raimon
