Todo lo anterior tendría interés limitado si no fuera por la influencia social y política atribuida a la orden. Como vimos al principio, sobre ella abundan las opiniones más opuestas, desde quienes la dejan en un influjo puramente humanitario sin connotaciones de partido ni de religión particular, hasta quienes la definen como el centro operativo de casi todas las conmociones sufridas por la humanidad, al menos en Occidente, en los últimos dos siglos y medio. Dejaré la exposición de algunos datos concretos para la próxima conferencia, ciñéndome ahora a la lógica interna del asunto. En principio, las Constituciones excluyen las discusiones políticas y declaran: “Un Masón es un súbdito pacífico de los poderes civiles, dondequiera que resida o trabaje y nunca debe implicarse en complots y conspiraciones contra la paz y el bienestar de la nación”. Es decir, el masón debe acomodarse al régimen en que viva, sea el que fuere, aunque, como siempre, esa declaración resulta demasiado simple para tomarla muy en serio.
La declaración se entiende mejor cuando explica que en la Inglaterra del momento la orden vivía una época de prosperidad, por lo que resultaría inapropiada una actitud subversiva. Aun así, advierte, si un masón se comporta como rebelde contra el Estado, “se le debe mostrar compasión como a hombre infeliz”, pero no podrá ser expulsado por eso de la Fraternidad. Y es obvio que los masones tendrán alguna idea, derivada de su doctrina, sobre lo que conviene a “la paz y el bienestar de la nación”, por lo que no estarán muy cómodos con gobiernos que, a su juicio, vulneren esas conveniencias. Sería inverosímil que los políticos, intelectuales y militares masones no trasladasen sus principios al ejercicio del poder, aun suponiendo que obren por propia iniciativa y no por consignas de la orden. También sería inverosímil que no aprovechasen la red de contactos creada en las logias para acceder a puestos clave en el estado y la sociedad en general, sea para imponer sus propias creencias o para evitar que se impongan las contrarias. En ello, las Grandes Logias parecen obrar de forma más flexible e indirecta que los Grandes Orientes, más abiertamente anticatólicos y orientados a la política.
Recordando que la masonería es una religión, aunque sea sui generis, diremos dos palabras sobre la relación entre religión y política. De siempre ha existido un lazo muy estrecho entre ambas, hasta el extremo de confundirse en el Islam o en el antiguo judaísmo. El cristianismo separa desde el principio el terreno de Dios y el del César, lo cual, en el catolicismo, se manifiesta en un centro religioso general, Roma, diferente y a veces en oposición a los gobiernos nacionales o imperiales cristianos. La distinción es menor en la Iglesia ortodoxa y durante un tiempo lo ha sido en los países protestantes, constituidos sobre el principio cuius regio eius religio, es decir, sobre la imposición de la fe del príncipe a los súbditos. La dinámica del protestantismo, basada en el libre examen de la Biblia, engendra divisiones, y la misma masonería inglesa podría entenderse, hasta cierto punto, como un producto del libre examen.
La necesidad de poner fin a las luchas y persecuciones entre grupos protestantes originó en Inglaterra la propuesta de la tolerancia (no aplicada a los católicos) que dio lugar finalmente a los estados aconfesionales. En estos, la política se independiza totalmente de la religión, aunque ello ocurra más en superficie que en profundidad. Durante siglos, las sociedades han sido impregnadas cultural y moralmente por la religión, y a sus concepciones no escapan los políticos y los partidos, cuyas propuestas prácticas tienen como trasfondo una concepción del mundo de raíz forzosamente religiosa, como ocurre con la moral. Pues las políticas, en cuanto se basan en principios indemostrables, que implican fe, tienen siempre un componente más o menos religioso. Lo que varía son las formas como se produce la interinfluencia entre religión y política.
Aparentemente los hijos de la Luz no tienen principios definidos en política, por lo que se adaptarían a diversas situaciones. Pero en realidad esos principios existen como proyección de su doctrina general, y se presentan como defensa de los derechos humanos, la libertad y la democracia, y la consiguiente oposición a los regímenes que juzgan contrarios a ellos. El lema de la Revolución francesa “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, muy relacionado con el Gran Oriente, lo haya creado este o no, viene a resumir la orientación política masónica. Slogan de extraordinaria fuerza sugestiva con el que, como ocurría con las invocaciones morales a la bondad, la honradez o la verdadera amistad, nadie estaría en desacuerdo. De hecho, el cristianismo también pregona esas bondades y otras que cabría añadir, como Justicia, Misericordia, etc.
Pero analizado más de cerca, el lema, de apariencia simple, se embrolla. Si nadie podría oponerse, como ideal, a esos buenos deseos, tampoco nadie podría atribuírselos como bandera particular. Al hacerlo, se excluiría de la fraternidad a quienes discrepasen de la revolución o de la masonería, es decir, de su particular concepción de la libertad o la igualdad. A los discrepantes no se les reconocería libertad ni igualdad, y en los períodos de mayor enconamiento, se trató de despojarlos también de sus bienes y hasta de sus vidas. Los derechos especificados en la célebre Declaración revolucionaria nunca fueron más pisoteados que entonces, también entre los propios revolucionarios, poco amigos unos de otros. Situación repetida en la España de los años 30.
Además esos ideales, tomados en abstracto, no son coherentes entre sí. La libertad implica la diferenciación personal, por tanto se opone a la igualdad; y ni de una ni de otra, y menos de su contradicción, brota fraternidad alguna. La propia masonería, con su neta distinción entre los hijos de la Luz y los profanos sumidos en las tinieblas, tiene poco de igualitaria o fraternal, salvo entre sus iniciados, y aun así con diferenciación de niveles, grados y secretos. En relación con la democracia reencontramos la contradicción de sus proclamas moralistas y filantrópicas o de su religión “de todos los hombres”: a duras penas imaginaríamos algo más contrario a la democracia, basada en la publicidad, que una sociedad secreta. Y por su misma concepción orgánica, la masonería se presta extraordinariamente bien a la conspiración, la manipulación y la acción oculta. Entra en la lógica que a los hijos de la Viuda busquen adueñarse de puestos clave de poder e influencia social. Fue significativo que en las Olimpíadas últimas de Londres, en un país de historia y cultura cristianas, se prohibieran los signos religiosos, en ofensa a los derechos y libertad de las personas, pretextando que eran un motivo de conflicto (aparte de que la Olimpiadas, en Grecia, eran un acontecimiento religioso). No sería muy aventurado pensar que la masonería estuviera detrás de la prohibición o contribuyera a ella en coherencia con sus aspiraciones universalistas y prometeicas, tratando de relegar al ámbito privado la religión, es decir, las demás religiones.
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La vieja miseria moral y política de Rajoy (en junio de 2006)
Parlotea el Gran Necio:
“Hasta ahora, todos los gobiernos democráticos enfrentados a situaciones semejantes, le han explicado a ETA que debe abandonar las armas, que no recibirá ninguna contrapartida a cambio de dicho abandono, y que ninguna de sus reclamaciones políticas será atendida por ningún gobierno español”. No solo eso, señor Rajoy, tampoco hubo nunca negociaciones conla ETA. Al menos, así se lo han explicado todos los gobiernos a los ciudadanos, mientras SÍ negociaban con los asesinos. ¿De qué negociarían? No quiera tomarnos el pelo, señor Rajoy. Sólo Aznar cambió esa tónica, que tanto y tan bien ha alimentado a los terroristas.
“Los españoles llevamos treinta y ocho años demostrando que no estamos dispuestos a conceder una sola de las exigencias de los asesinos”. Los españoles, tal vez, pero ¿y los políticos? El plan de nuevos estatutos, ¿no es una inmensa concesión a las exigencias de los asesinos? Sigue usted tomándonos el pelo, señor Rajoy.
“En este contexto, señorías, el pasado 22 de marzo, ETA anunció un alto el fuego permanente. La respuesta del Partido Popular se podía dar por descontada: ofrecimos todo nuestro apoyo al gobierno para intentar confirmar esa buena noticia.” ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué había que confirmar, si la ETA había declarado el alto el fuego (siempre el perverso lenguaje de los terroristas y sus compinches. No son un ejército, sino una banda de asesinos)? Además, la razón del alto el fuego no fue otra que los nuevos estatutos prácticamente secesionistas. ¿Qué significó, entonces, el apoyo del PP al gobierno?
“El Partido Popular, desde el primer momento, ha prestado un apoyo leal al Gobierno en los términos que establece el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, es decir, un apoyo para lograr la disolución de la banda armada sin que mediara ninguna clase de contrapartida. En este sentido, el señor Rodríguez Zapatero manifestó públicamente su conformidad asegurando que no se pagaría ningún precio político por el cese de la violencia”. No se sabe quién ha sido más desvergonzado, si Zapatero engañando al PP o el PP haciendo como que no se enteraba.
“Hemos guardado un silencio prudente para dar la oportunidad al Gobierno de explorar lo único que importa. Yo, personalmente, he sufrido numerosas críticas por ello. Pese a todo, señorías, he mantenido mi apoyo porque pensaba que estaba sirviendo a un bien superior, que así entendía yo la posibilidad de que ETA dejara las armas”. ¿Es un “bien superior” el abandono de las armas (siempre la perversión del lenguaje) a cambio de los estatutos? ¿Es prudencia hacer como que se cree en el inmenso chanchullo que todo el mundo veía, pero sobre el cual el PP no alertaba a la población ni planteaba alternativa? Rajoy ha sufrido críticas por cooperar, de hecho, al engaño, y ha sido la presión popular, en todo caso, lo que le ha hecho cambiar de postura. Y está por ver hasta qué punto.
“¿A qué llamamos contrapartidas políticas? En estos tiempos que corren, conviene señorías que precisemos el alcance de todos los términos. Llamamos contrapartida a cualquier cosa que solicite ETA: desde la pasividad del fiscal hasta la independencia. Como regla, se puede señalar que toda exigencia de ETA-Batasuna es infundada y no debe ser atendida. La única mesa que ETA necesita es aquella en la que vaya a depositar sus armas.” Nuevamente: ¿Y los estatutos? ¿No son contrapartidas políticas? ¿No los solicitóla ETA con el Plan Ibarreche-Ternera, y se le han concedido en el estatuto catalán y los que se anuncian? O no se ha enterado el PP, como de tantas otras cosas?
“De manera concreta, en nuestra propuesta se rechazan dos cosas: la autodeterminación, (sigue con el falso lenguaje: se trata de la secesión), sea como fuere que la disfracen, porque no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico (pero un ordenamiento jurídico puede cambiarse), y cualquier pretensión sobre Navarra. El futuro de los navarros no tiene nada que ver con la existencia o la desaparición de ETA”. No se rechazan, pues, unos estatutos anticonstitucionales, que, al parecer, no tienen nada que ver con la ETA o con el alto el fuego de los gudaris. Y el futuro, como el presente de los navarros, sí puede tener mucho que ver con la política de los gobiernos respecto de la ETA.
“No me gusta esa insidia de proceso de paz porque desfigura la realidad a favor de los terroristas y juega sucio con los deseos de los españoles.” ¡Menos mal, ya era hora! Pero se queda corto, como suele: no existe tal proceso de paz, sino de destrucción dela Constitución. Y no por parte dela ETA, sino del gobierno. Tampoco acaba de percatarse de ello Rajoy
“Todos deseamos vivir en paz, pero no a cualquier precio (…) Lo que los españoles no aceptan ni aceptarán, es que se premie a los verdugos, que se les dé la razón, que se les sacrifiquen las víctimas, que se les entregue la libertad de los habitantes del País Vasco, que se pongan a su servicio las instituciones de la democracia. ¡Eso, señorías, jamás!” Ya vivimos en paz, señor Rajoy, sigue usted cayendo en las trampas de estos golfos. Y volvemos a lo mismo: los estatutos anticonstitucionales y secesionistas ¿entran en lo aceptable?
Pese a todas las fechorías de los actuales mandamases, ha sido el PP quien se ha venido desgastando en estos dos años. Ahora, ruptura de relaciones con el gobierno. Parece, por fin, algo serio, suena bien, pero ya veremos en qué se concreta. Si se concreta en algo.
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(2012) Lo significativo en la agresión a Arcadi Espada no fue la actuación de los comunistoides y proterroristas de ERC, sino la de la policía de la Generalitat, colaborando con ellos. Las conclusiones las puede extraer cualquiera.